El Gobierno limita a 2.500 euros la cantidad máxima para pagos en efectivo de empresarios y profesionales

Los que sobrepasen esta cantidad se enfrentarán a multas del 25% del importe del pago en efectivo MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012.-El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Gobierno prohibirá el pago en efectivo de operaciones con un importe superior a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario profesional. El presidente ha advertido de que el incumplimiento de esta limitación, que formará parte del plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará el Consejo de Ministros, conllevará multas del 25% del importe del pago en efectivo. Con esta medida, el Ejecutivo pretende reducir el uso de dinero negro y la emisión de facturas falsas en operaciones comerciales. Hasta el momento, el Gobierno había avanzado su intención de limitar el uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones, aunque no había determinado su umbral máximo. Con esta medida y el resto de las incluidas en el plan de lucha contra el fraude fiscal, el Ejecutivo estima recaudar hasta 8.171 millones de euros en 2012. Rajoy, que ha precisado los detalles de esta limitación en la última sesión de control al Gobierno, ha defendido de nuevo la recién aprobada amnistía fiscal. El presidente ha reiterado que se trata de una medida "extraordinaria y excepcional", adoptada en una situación "dificilísima", que solo tendrá validez durante 2012 y que incrementará los ingresos estatales. El presidente ha recordado que la OCDE recomienda la adopción de disposiciones fiscales de este tipo en situaciones económicas complicadas y que medidas similares ya se han utilizado en países como Alemania, Estados Unidos o Italia, donde se recaudaron más de 5.000 millones de euros entre 2009 y 2010. Rajoy ha insistido en que España ya reguló tres amnistías fiscales en 1977, 1984 y 1991, periodos en los que, además, los defraudadores no realizaron ningún pago al Estado al legalizar su situación, mientras que ahora deberán abonar entre el 8% y el 10% de la cantidad que afloren.

60 inmobiliarias medraron a través de la CAM

Obtuvieron financiación para proyectos de dudosa solvencia, según el Banco de EspañaUnas 60 sociedades inmobiliarias se beneficiaron de la gestión deficiente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y de la debilidad de su sistema de medición de riesgos, al obtener financiación para proyectos dudosos. Según un informe del Banco de España, la CAM perdió 1.011 millones como resultado de su participación en proyectos de inversión inmobiliaria de 65 sociedades, realizadas a través de una de sus participadas, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

A esto hay que añadir otras operaciones de riesgo que desencadenaron pérdidas, como los proyectos asociados al grupo Polaris World, una empresa dedicada a comprar suelo rústico para la construcción segundas viviendas. La CAM financió suelo por encima del precio de adquisición que pagaba el grupo promotor, liberó fondos sin conocer su objeto, dio préstamos a proyectos especulativos y actuó en ocasiones en beneficio del socio, en contra de la propia caja.

Según los inspectores, la caja inició en 2002 un modelo de crecimiento que "propició que se dejaran de gestionar los riesgos básicos inherentes al negocio bancario, que eran asumidos sin valoración ni gestión". Además, la expansión del crédito no fue acompañada de la captación de pasivo tradicional, que era sustituido por fondos en los mercados mayoristas, es decir, que la caja actuó con la "equivocada percepción" de que el acceso a los mercados monetarios era ilimitada.

A partir de 2008 este sistema se demostró insostenible, de manera que los gestores recurrieron a otros métodos para evitar que la situación real de la caja se reflejara en los resultados. El informe menciona irregularidades contables sistemáticas, sobre todo mediante el pase de créditos dudosos a fallidos y de fallidos a normales "a conveniencia de la entidad", con el objetivo de evitar la asignación de provisiones y dar apariencia de continuidad a los resultados.

Además, se concedieron segundas y terceras hipotecas sobre el mismo bien "sin tener en cuenta la capacidad del acreditado para generar fondos suficientes que le permitieran hacer frente a los compromisos contraídos con la caja".
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Eva H no presenta las cuentas de su empresa desde el año 2007

La sociedad Verdes las Han Segao, S.L. puede ser sancionada con hasta 60.100 euros




Eva H no presenta las cuentas de su empresa desde el año 2007
MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN.-.- Este domingo se ha celebrado la XXVI edición de los Premios Goya, en la que el duelo entre Pedro Almodovar y Enrique Urbizu ha finalizado con el segundo como ganador tras lograr el premio a mejor director y mejor película. Pero otra de las protagonistas ha sido Eva María Hernández Villegas más conocida como Eva H. La cómica ha vuelto a la primera plana por obra y gracia de la Academia de Cine y la enorme campaña de publicidad que con su imagen ha lanzado Televisión Española. Y es que la presentadora es más conocida por sus fracasos que por sus éxitos: En 2009 participó en la versión española de “Saturday Night Live”, en Cuatro, aunque el programa fue retirado por su gran descenso de audiencia, el 8 de mayo del pasado año presentó “Con hache de Eva” en La Sexta, que fue cancelado tras 4 emisiones debido a los pobres índices de audiencia y actualmente acaba de terminar la segunda temporada de “El club de la comedia” también en La Sexta, que cerró su última emisión del 22 de enero con un 7,2% de audiencia.
Multa de hasta 60.100 euros
Pero esta trayectoria errática también la tiene en los negocios. En octubre de 2005, el año en el que empezaba a presentar “Noche Hache” en Cuatro, constituyó la empresa “Verdes las han segao, S.L.”, con el objeto social de la realización de actuaciones teatrales, televisivas, cinematográficas, musicales o de cualquier otro tipo. Esta empresa fue creada con el capital mínimo de 3.010 euros.
Tres años más tarde, el 28 de octubre de 2008, con casi cuatro meses de retraso presentó las cuentas de 2007, siendo el último acto registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de la “olvidadiza” presentadora, no estando ninguna digitalizadas. Antes de esto tan sólo un cambio, el del domicilio social de la calle Jesús del Valle a la Plaza de San Idelfonso, ambas direcciones de la ciudad de Madrid, algo que pudo hacer gracias a no ser sancionada.
Y es que la no presentación de las cuentas, y por tanto la opacidad de las mismas puede costar de 1.202 y los 60.100 euros. La sanción se determina según la dimensión de la sociedad, en función del importe total de las partidas del activo y de su cifra de ventas, referidos estos dos datos al último ejercicio declarado ante la Administración tributaria.
Pero además el máximo castigo que puede acarrear el hecho de no presentar sus cuentas a tiempo es el cierre del propio Registro Mercantil. De esta forma, no podrá comunicar ningún cambio (de sede, de administradores, etc.). Algo que parece no importarle a la humorista que hace honor al nombre de su sociedad, “Verdes las han segado”.
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Javier Sánchez Vicario administra una empresa con más de 7,7 millones en activos

En 2009 y 2010 registró pérdidas de 434.861,21 euros y de 782.431,46 euros, respectivamente



La empresa es propiedad 100% de Helsin Trading Company, que tiene como administradora a Isabel Ruiz Sánchez, la esposa del tenista



El pasado año forzó el concurso de la promotora del Parque Empresarial Sant Cugat por el impago de un crédito de 2 millones de euros


El cabeza de la familia, Emilio Sánchez Benito, sigue siendo apoderado de la sociedad


MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN.-.- El culebrón Arantxa Sánchez Vicario va para largo. Así, en el día de ayer salto la noticia sobre un posible cambio de postura de los padres de la tenista que estarían pensando en no demandarla (algo que había dejado entrever Marisa Vicario en su comunicado de prensa de hace más de una semana), y que buscarían un encuentro del que podría ser intermediario Emilio Sánchez Vicario.
Lo cierto es que en esa guerra abierta, algunos argumentos se desmoronan. Extraconfidencial.com ya informó como frente a la información sobre los apuros económicos del matrimonio Emilio Sánchez Benito es administrador de una sociedad domiciliada en su antigua residencia de la calle Sabino Arana que cerró el 2010 con 320.000 euros en efectivo. Esta empresa es la única en la que el padre de los Sánchez Vicario ocupa el cargo de Administrador pero en otras sociedades sigue teniendo el cargo de apoderado como en Fleming Investments SL, administrada por Javier Sánchez Vicario.
Más éxito en los negocios que en el deporte
El hermano pequeño varón de los Sánchez Vicario ha sido el que menos éxitos deportivos tuvo. En 1986 fue número 1 del mundo junior pero su carrera no acompañó esos presagios, ya que apenas ganó torneos individuales aunque lo compensó con victorias en dobles, eso sí, remuneradas con premios mucho menores.
Así su mejor posición de ránking individual la obtuvo en 1994, el 24, ganando ni un solo Grand Slam ni tampoco ningún torneo de ATP Series y tan sólo 4 torneos ATP Tour, Buenos Aires en 1988, Bolonia en 1989 y 1994 y Tel Aviv en 1996. En dobles si consiguió dos ATP Master Series y 24 ATP Tour. Nada en comparación con su hermana que consiguió 4 Grand Slam individuales con otras 8 finales, 6 Grand Slam dobles, 4 Grand Slams Mixtos, para sumar con otros torneos WTA, 29 triunfos individuales y 69 dobles a los que hay que añadir dos medallas olímpicas en Barcelona 92 y otras dos en Atlanta 96.
En los negocios parece que tuvo más suerte, así cuatro años y medio antes de su retirada oficial, el 2 de octubre de 1995, se constituyó Fleming Investments SL con el objeto social de compra, venta, arrendamiento no financiero, transformación, explotación de fincas urbanas, rusticas e industriales así como la urbanización de terrenos, o fincas propias o de terceros, gestiones técnicas urbanísticas de comercialización.
La empresa tiene un capital social de 1,15 millones de euros, y lo más importante activos por 7,7 millones de euros de los cuales la parte más importante son las inversiones inmobiliarias con 5,05 millones de euros en inversiones. Eso sí, la crisis ha cambiado la estructura de su balance deteriorando esencialmente sus tesorería.
De 2008 a 2010, las inversiones a corto plazo pasaron de 267.039,45 a tan sólo 5.047 euros, y el efectivo de 151.396,79 euros a 62.577,73 euros.
Mientras en su pasivo, los fondos propios (capital más reservas) se elevan a 1,75 millones de euros, 1,2 millones de euros menos que en 2008, compensando en buena parte con las deudas con entidades de crédito que pasaron de 4,47 millones de euros a 5,26 millones.
Y es que los resultados no han acompañado en los últimos años, así mientras que en el 2008 se cerró con un beneficio de 662.172,81 euros, en 2009 fueron pérdidas de 434.861,21 euros y en 2010 782.431,46 euros.
Adios a 2 millones de euros
Estos problemas financieros continuaron en 2011. Así el 30 de marzo saltó la noticia de la entrada en concurso de acreedores de 22 Arroba Sant Cugat SL, promotora del Parque Empresarial Sant Cugat, con unas deudas de 88 millones de euros. A este proyecto Fleming aporto un crédito de 2 millones de euros y, al resultar impagado, requirío judicialmente el embargo de las cuentas de los clientes del parque, lo que ha obligado a la promotora a presentar el concurso tramitado por el juzgado mercantil número 3 de Barcelona.
Esta empresa tenía como principales acreedores a Acciona, la constructora del complejo, con unos 30 millones de euros y la Mutualidad de la Abogacía, que invirtió 16 millones de euros en una operación de sale & leaseback de una parte del inmueble y entidades financieras con problemas actualmente como Banco Pastor, Caixa Penedès y Caja Castilla-La Mancha.
Si finalmente este crédito es considerado como incobrable supone una importante pérdida para la sociedad amenazando su solvencia así como la de su matriz. Y es que el 100% de las acciones pertenecen a la empresa Helsin Trading Company, una sociedad con un capital de 1.600.000 euros y que tiene como administradora a Isabel Ruiz Sánchez, la esposa de Javier Sánchez Vicario. Y es que parece que todo queda en familia, o al menos antes de las denuncias de Arantxa, quedaba.

S&P confirma la rebaja en dos escalones de la nota de España y la retirada de la máxima calificación a Francia

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha cumplido con su amenaza y ha recortado en dos escalones, desde 'AA-' a 'A', la calificación de la deuda española, al mismo tiempo que ha retirado el rating 'AAA', la máxima nota posible, a Francia y Austria, según confirmó la agencia en un comunicado.
MUCHASCASAS.NET.- DANIELLA MONTENEGRO Con esta decisión S&P concluye el proceso de revisión para una posible rebaja iniciado el pasado mes de diciembre en torno a la solvencia de quince de los diecisiete países de la zona euro, y que finalmente ha mantenido la 'triple A' a Alemania, además de a Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos.
Asimismo, la agencia también ha rebajado en dos escalones la calificación de Italia, desde 'A' a 'BBB+', y la de Portugal, desde 'BBB-' a 'BB', lo que la sitúa en grado denominado como 'bono basur

Una Ley que ampara el fraude fiscal

El 7 de mayo entró en vigor el Real Decreto-ley 5/2011, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido. La norma va destinada a los empresarios que, despreciando sus obligaciones legales, dan ocupación a trabajadores sin formalizar los correspondientes contratos. A partir de la fecha indicada y hasta el próximo 31 de julio, esos empresarios podrán solicitar el alta de sus empleados en la Seguridad Social. A cambio, el Real Decreto-ley citado les concede el aplazamiento del ingreso de las cotizaciones oportunas y, sobre todo, exonera a dichos empresarios de la imposición de las sanciones administrativas previstas para el mantenimiento de empleo oculto.
DANIELLA MONTENEGRO.- MUCHASCASAS.NET.-Si el plan del Gobierno (adoptado a iniciativa del titular de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez) tuviera éxito y el Real Decreto-ley 5/2011 consiguiera un control efectivo (aunque no fuera completo) sobre el empleo sumergido, el interés general se habría reforzado en todas sus dimensiones. Especialmente, en lo relativo a los siguientes capítulos: 1.- en la disminución de la competencia desleal que hacen las empresas que no pagan las cuotas de la Seguridad Social a las que sí cumplen sus obligaciones, ya que estas últimas empresas soportan unos costes de explotación más elevados; 2.- en el aumento de la protección social de los trabajadores afectados, hasta ahora “invisibles” para recibir las prestaciones públicas a las que tienen derecho; 3.- en la reducción del déficit público; y 4.- en el restablecimiento de la equidad, la justicia y la solidaridad entre los ciudadanos (especialmente a favor de los parados y las clases pasivas), hasta ahora quebradas por el incumplimiento de algunos en relación con el pago de las contribuciones a la Seguridad Social.
Estos objetivos, huelga decirlo, no son excepcionales ni atípicos. Son expectativas normales que cualquier ley ordinaria se autoimpone para convertirlas en realidad, en este caso en el orden laboral. Lo que resulta extraordinario (y en alguna dosis incluso anormal) es que esa finalidad pretenda alcanzarse a través de un instrumento legal que, sin conceder una amnistía, otorga sin embargo a los defraudadores un trato privilegiado y unas medidas de gracia (no concedidas a los que han cumplido las normas ordinarias ni a los que han sido descubiertos in fraganti por los órganos inspectores), como la “condonación” de sanciones y facilidades de pago de las cuotas no ingresadas en su día, si los beneficiarios “afloran” su situación irregular y la de sus trabajadores en un período temporal determinado. En suma, el Real Decreto-ley 5/2011 es el reconocimiento explícito de que la coacción legítima del Estado para el cumplimiento de algunas obligaciones fiscales (las cuotas de la Seguridad Social son realmente un impuesto sobre el factor trabajo) no ha funcionado, por defectos de la regulación legal o de la actividad administrativa. Por eso, no resulta extraño que las disposiciones de esa naturaleza excepcional miren para otro lado y regalen a sus destinatarios una zanahoria (el perdón legal de las infracciones cometidas si ahora cuentan la verdad) bajo la sombra amenazante de un palo (el agravamiento de las penas administrativas) si tampoco quieren ir por esta vía antes de que se cierre el plazo de gracia, que en este caso, como hemos visto, expira el próximo 31 de julio. Traspasada dicha fecha, se reanudarán los servicios ordinarios de inspección, control y sanción, se supone que con mayor efectividad gracias al caudal de información administrativa propiciado por el proceso de regularización.
Sin embargo, en esta ocasión la música va a sonar desafinada, discurrirá con los acordes de una partitura distinta. Porque en el debe del Gobierno ha de anotarse una omisión intencionada, la de las responsabilidades tributarias del defraudador en lo que atañe a su imposición personal, sea en el Impuesto sobre la Renta o en el Impuesto sobre Sociedades. La voz cantante la ha llevado el ministro de Trabajo, a pesar de que se trata de una propuesta conjunta y compartida con la ministra de Economía y Hacienda, que, en mi opinión, ha hecho mutis por el foro. El Real Decreto-ley 5/2011 habla exclusivamente de cuotas impagadas a la Seguridad Social, silenciando las demás consecuencias fiscales del empleo sumergido no obstante la aprobación por el Consejo de Ministros hace poco más de un año –el 5 de marzo de 2010- del Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social. En ese Plan, además de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, también tiene algo que decir, como no puede ser de otra forma, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pero la ministra Salgado ha preferido desviar la mirada como si la cosa no fuera con ella.
El Real Decreto-ley de marras guarda un majestuoso silencio sobre las defraudaciones estrictamente tributarias. Pero, muy a su pesar y diga lo que diga esa norma o calle lo que calle, en esta materia resulta imposible la existencia de “islas legales”. Hay, de forma ineludible, infracciones conexas (cuando no delitos conexos). Sin necesidad de ser exhaustivo: un trabajador “irregular” elude rendimientos sujetos al IRPF y puede obtener prestaciones públicas indebidas (ayudas por desempleo, subvenciones de diverso tipo vinculadas al nivel familiar de rentas…); no digamos lo que defrauda el empleador que le paga al ocultar una renta previa, la de su actividad económica, muy superior a la de sus trabajadores, pues los “pagos en B” se dotan con cargo a ingresos empresariales igualmente “recibidos en B” (de lo contrario, carecería de sentido no contabilizar unos gastos de personal que son fiscalmente deducibles); o simplemente pensemos en los empresarios sujetos al IRPF en estimación objetiva, que minimizan la renta sujeta a gravamen si no computan correctamente los módulos correspondientes al personal asalariado. Por no hablar de las cuotas no ingresadas por IVA.
El Real Decreto-ley 5/2011 no quiere saber nada de estas infracciones tributarias conexas a las del orden social que produce el empleo sumergido. No pretendo decir que van a quedar impunes, pero el Gobierno ha cerrado los ojos a esta evidencia de las infracciones relacionadas y parece obvio que a los órganos de la Seguridad Social (y, en su caso, de la Inspección de Trabajo) no se les ha encomendado que transmitan la información que reciban, en el proceso de regularización laboral, a la Agencia Tributaria. Entre otras cosas porque ningún empresario que “ocupe” trabajadores de manera irregular por no haberlos dado de alta en la Seguridad Social va a hacerlo antes del 31 de julio si eso significa responder ante el Fisco. El Gobierno está jugando al juego de los departamentos estancos sin querer darse por enterado de que las diversas Administraciones tienen una personalidad jurídica única. Como tampoco ha querido recordar que todas las Administraciones Públicas, en sus relaciones internas, se rigen por el principio de cooperación, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
El juego de la estanqueidad administrativa es un despropósito que puede poner a los funcionarios de la Seguridad Social al borde de la prevaricación. Inducida por el Gobierno, naturalmente, porque les ata de pies y manos. A un simple particular su “simpatía” hacia el fraude fiscal de otros le puede costar, en ciertas ocasiones, algo más que un disgusto. La Ley General Tributaria considera responsables del pago de los impuestos (y de los intereses y sanciones) a las personas que colaboren en la realización de una infracción tributaria. También a los que participen en la ocultación de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria. Obviamente, la responsabilidad de los funcionarios, si “encubren” la falta de cumplimiento de los deberes fiscales de terceros por falta de información a la Agencia Tributaria, es de envergadura superior al resto de los mortales debido a que el Estado les encomienda la protección pública del interés general. Su culpa puede traspasar incluso la frontera de sus obligaciones en el mero ámbito administrativo. Un particular no puede prevaricar, es un imposible metafísico. Un funcionario sí y el Código Penal tipifica como delito la conducta de la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, deje de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables.
El Real Decreto-ley 5/2011 es una norma (según el designio de su nombre oficial) de “control del empleo sumergido”. Sin embargo -¡la primera en la frente!-, ya en su propia Exposición de Motivos se reconoce sin ambages que favorecerá la regularización del trabajo no declarado (“como una parte importante” -luego no la única- de la economía sumergida) “más allá de las actuaciones sistemáticas ordinarias, garantizando la necesaria confidencialidad”.
Lo que hace el Decreto es vestir un santo para desnudar a otro. Eso no está bien, don Valeriano. Regularícese, por favor.

Hacienda vigilará las facturas y tarjetas de crédito por el fraude inmobiliario

Agentes tributarios estiman en 6.099 millones de euros el dinero negro que se mueve en la provincia
DANIELLA MONTENEGRO.- MUCHASCASAS.NET.-Vigilar recibos de la luz, tarjetas de crédito y transferencias de dinero superiores a los 3.000 euros son algunas de las nuevas medidas para prevenir el fraude fiscal que Hacienda ha puesto en marcha y que comenzarán a ser efectivas a lo largo de este año. El fisco quiere detectar las bolsas de economía sumergida que tanto proliferan en tiempos de crisis, sobre todo en el ámbito inmobiliario. Entre esas propuestas destaca el sistema telemático que utilizará la Agencia Tributaria para reclamar a las compañía eléctricas que identifiquen quién abona el recibo de la luz.
Hay miles de facturas de electricidad donde no coincide el titular del contrato de luz con quien realmente paga la factura, ya sea porque se ha producido una compraventa o porque el alquilador no suele cambiar de titular el contrato de suministro. A partir de ahora Hacienda controlará el recibo de la luz para atajar el fraude en los inmuebles alquilados a particulares o empresas.
La medida puesta en marcha por la Agencia Tributaria tras numerosos retrasos, incluida en el plan de inspección, será efectiva desde este mes de enero. El objetivo no es otro que identificar a los posibles contribuyentes que cuenten con pisos en alquiler y no los hayan declarado en el IRPF de cada ejercicio.
La legislación modifica la norma relativa al Catastro Inmobiliario incorporando «la obligación de suministrar el número de referencia catastral de los bienes inmuebles ante las compañías suministradoras de energía eléctrica por parte de quienes contraten dichos suministros». De este modo, con la explotación y el análisis de los suministros de cada inmueble, mediante su referencia catastral –eso ocurrirá durante 2011 y los primeros resultados se obtendrán a mediados de 2012– y la información ya disponible en las bases de datos de la Agencia Tributaria, aportarán un indicio sobre actividades empresariales en los citados inmuebles o de su arrendamiento.
En los últimos años han aflorado más de 200.000 alquileres en España en la declaración de la renta por el hecho de que se obligue a identificar el número de referencia catastral de la casa en el IRPF. Con el nuevo método, Hacienda recibirá información de las compañías eléctricas que operan en España para detectar a los contribuyentes que no declaren las viviendas alquiladas, cuyo recibo de la luz está nombre del inquilino o es el pagador efectivo.

Transferencias

La Agencia Tributaria y la patronal eléctrica Unesa llegaron recientemente a un acuerdo para informatizar y agilizar este trámite que permitirá a esta administración disponer de una valiosa información.
Se trata de un acuerdo de naturaleza técnica, para agilizar el trámite y facilitar la fluidez de la información. Desde Iberdrola, la principal compañía suministradora eléctrica en muchas comunidades autónomas del país, no ha habido valoraciones sobre la eficacia de este nuevo método de control fiscal.

Economía sumergida

La economía sumergida en Málaga alcanza actualmente a una cuarta parte de la actividad económica de la ciudad, aunque levemente por debajo de la media nacional. Así, los expertos fiscales cifran en 6.099 millones de euros, exactamente el equivalente a un 22,5% del Producto Interior Bruto (PIB) en la provincia, el dinero que año a año escapa al control de Hacienda.
La crisis económica ha disparado una tasa que en los últimos diez años ha podido aumentar hasta en un 33%, según el desglose provincial del Informe de Economía Sumergida 2000-2009, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).
Según el estudio, y en relación de la población, cada malagueño maneja en dinero negro rentas por valor de 3.860 euros de media al año. Para Gestha, la evasión fiscal en el sector constructor y promotor, «donde las operaciones especulativas de compra-venta inmobiliarias encontraron su caldo de cultivo», propiciaron este aumento de cifras. Gestha calcula que un plan antifraude «eficaz» podría reducir en diez puntos porcentuales la tasa.

La CNMV advierte de 16 «chiringuitos» financieros en Austria, Reino Unido y Luxemburgo

La CNMV advierte sobre una decena de «chiringuitos» financieros europeos
MUCHASCASAS.NET.- DANIELLA MONTENEGRO.-Las entidades denunciadas no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de un total de 16 entidades de Austria, Reino Unido y Luxemburgo que no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión. En concreto, el organismo presidido por Julio Segura indica que el supervisor austríaco ha informado de que Marsh & Reede Capita

Los alquileres en Almería defraudan a Hacienda 26,5 millones de euros

MUCHASCASAS.NET.-A.RICO Más de 15.000 viviendas se escapan del control del Fisco en la provincia según datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) • En Andalucía el 74% de los arrendamientos están sumergidos
El famoso eslogan publicitario 'Hacienda somos todos' no ha terminado de calar en buena parte de la población. La economía sumergida en la provincia, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, asciende a un 24,6 % del Producto Interior Bruto, lo que supone un movimiento de 3.385 millones anuales de dinero negro. En este sentido, el alquiler 'pirata' de pisos es uno de los mayores lastres para Hacienda.

El último estudio facilitado por Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), elaborado a partir del cruce de datos del Ministerio de Vivienda y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, estima que en Almería existen 15.041 arrendamientos que no están declarados, lo que supone unas rentas ocultas anuales de 26,5 millones de euros, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

A nivel nacional, Andalucía es la comunidad donde los propietarios de inmuebles defraudan más al Fisco, ya que más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente.

La difusión de estos datos no ha sorprendido al sector turístico, buena parte del cual viene denunciando la existencia de una oferta clandestina de apartamentos y viviendas que ha ido en incremento año tras año siguiendo la moda low cost. Esta evidente práctica se pone de relieve a la hora de organizar las esperadas vacaciones de verano, en las que alquilar un piso se convierte en una alternativa. "Aguadulce. Piso con dos habitaciones. Primera línea de playa. Se alquila por semanas, quincenas o meses de verano". No hay más que llamar a los números que se anuncian en plena calle, en internet e incluso en los medios, para comprobar que 3 de cada 4 alquileres en estío no se declaran. La mayoría de arrendatarios solicita al inquilino el ingreso por adelantado de una señal, que oscila entre el 10 y el 20% del precio final si la estancia es breve y hasta un mes de fianza si se prolonga a lo largo del verano. El pago se hace en mano o mediante ingreso en cuenta bancaria, sin ningún tipo de contrato por escrito que evite cualquier malentendido entre propietarios e inquilinos.

"Es cierto que este tipo de oferta comporta una competencia desleal para el sector hotelero. No obstante, no es algo nuevo. No hay un malestar diferente al de todos los años" afirma Javier Arnedo, presidente de la Federación de Hostelería de Almería. "Los alquileres clandestinos nos afectan, pero nosotros ofrecemos un buen servicio al cliente. Para ello, hemos de contar con unos mínimos de personal, que es lo que más gastos supone al sector". Según Arnedo, la ocupación en el mes de julio no ha estado mal y en el mes de agosto la ocupación hotelera va a ser alta, pero a cambio la mayor parte de los hoteleros han tenido que rebajar los precios entre un 15 y un 20% a fin de ofrecer al cliente ofertas atractivas para conseguir hacer frente a los alquileres ilegales. Para las inmobiliarias los pisos 'piratas' también son los grandes competidores y aunque "no se está dando del todo mal el verano" hay empresas que todavía tienen pisos para alquilar.