El
Congreso de los Diputados aprueba hoy una reforma en materia de alquiler que
supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda. Con la fórmula
"dinamizar el mercado de alquiler" el Congreso de los Diputados
aprueba una nueva vulneración del derecho a la vivienda: la reforma de
la ley de alquiler debilitará aún más la posición de los inquilinos,
criminalizará los impagos por razones de necesidad y facilitará los desahucios
exprés.
En el
actual contexto de crisis los desalojos por impago de la hipoteca y los
desalojos por impago de alquiler son dos caras de una misma moneda: la vivienda
como mercancía. A la tragedia de los desahucios por ejecuciones
hipotecarias se añadirá la de aquellas personas y familias que, en el contexto
de la crisis, son incapaces de pagar el alquiler. El Proyecto de Ley
de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda
modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación de
enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio-económica de los
inquilinos. La reforma tiene dos finalidades básicas:
·
Reducir de 5 a 3 años el contrato de alquiler y facilitar los
incrementos ilimitados de la renta. Cada tres años se podrán producir
subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler
sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. La
consecuencia para las unidades familiares es de gran inseguridad ya que
difícilmente podrán proyectarse de forma mínimamente estable en un hogar por
periodos de 3 años. Además, la reforma desvincula la actualización de
la renta del aumento del Índice de Precios al Consumo, IPC, y prevé
que arrendador y propietario decidan "libremente" qué
criterio aplicar. Después de ver los abusos generados por la supuesta
libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de
contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta
manifiestamente inalcanzables. A ello se suma la incorporación de nuevos
motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y que
significan una mayor vulnerabilidad del inquilino.
·
Permitir los desahucios por impago de un solo mes de
alquiler y crear un registro de morosos - "registro de sentencias firmes
de impago de alquiler" - en el que durante 6 años constarán los datos de las personas
que no han satisfecho las rentas del alquiler. El registro vulnera el
derecho a la intimidad y la protección de datos y condenará las
personas afectadas a la exclusión habitacional y supone un paso más en la
criminalización de las personas afectadas por la crisis.
La
propuesta de reforma no hace ninguna mención a la situación de las
familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el
alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que
afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de
alquiler que repercuten en pequeños propietarios.
La
reforma, finalmente, establece privilegios inaceptables para los grandes grupos
económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a
quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales.
En el
contexto actual, una política de este tipo resulta suicida y se aleja
notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia,
donde además de disponer de un parque de vivienda social de alquiler en el que
alojar a las personas empobrecidas, se contemplan medidas de intervención en el
mercado privado de alquiler. Esto es lo que sucede en Francia, por ejemplo,
donde el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y
donde se prohíben los desalojos durante el invierno. En Alemania, por su parte,
existen límites a los precios del mercado privado de viviendas que impiden
procesos especulativos como los que se han vivido en el estado español.
Para
"dinamizar el mercado de alquiler” bastaría con forzar el alquiler social de las
viviendas en manos de grandes propietarios y de entidades financieras,
cuando menos de las que están siendo apuntaladas con recursos públicos. Las
mismas entidades bancarias reconocen tener en propiedad más de un millón de
viviendas vacías.
El
Observatorio DESC y la PAH denuncian la reforma aprobada por el
Congreso de los Diputados como una grave vulneración del derecho a una vivienda
digna consagrado en la Constitución Española y en numerosos tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el estado español e instan
a los poderes públicos a emprender acciones para garantizar este derecho
fundamental.
