El
Gobierno tiene previsto cambiar la Ley Hipotecaria con el fin de
que solo se produzcan desahucios en el caso de que se hayan producido tres
impagos de la hipoteca, en lugar de un solo impago como se exige hasta
ahora,
según ha anunciado este viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría.
De Santamaría ha anunciado
estas medidas, que se introducirán vía
enmienda al nuevo Decreto Ley, después de conocer la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, que ha determinado que
la
legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque
no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas
abusivas en las hipotecas.
El Ejecutivo tiene intención de determinar como abusivas
algunas cláusulas y eliminarlas del ordenamiento jurídico. En concreto,
pretende
limitar los intereses de demora. “Se va a introducir una enmienda en
el nuevo decreto de ley de manera que se reduzcan los intereses de demora a
tres veces el interés legal del dinero. No se podrá pactar un interés de demora
por encima de ese interés”, ha precisado De Santamaría.
Además,
exigirá que las ejecuciones hipotecarias se lleven a cabo
sólo si ha habido tres impagos de la hipoteca. En la actualidad, la
Ley contempla que la entidad bancaria puede iniciar un procedimiento de
ejecución a partir del primer impago.
Fuentes de la
Asociación Hipotecaria
Española (AHE) han explicado que
aunque la Ley prevé que
la entidad inicie los trámites cuando se ha producido un impago, en realidad
esta exigencia no se hace efectiva, ya que
bancos y cajas se
ponen en contacto con el cliente con la intención de conocer sus
circunstancias y poder llegar a
un acuerdo.
“En la realidad, cuando se ha producido un impago, las entidades se ponen en
contacto con el cliente para ver por qué no han pagado. La ejecución
hipotecaria no es un proceso que favorezca a ninguna de las partes. El cliente
pierde la casa y para la entidad resulta un procedimiento costoso. Por eso se
suele esperar más tiempo antes de iniciar el procedimiento de ejecución
hipotecaria”, han detallado.
Pese a que en un principio se pretende hacer estos cambios vía enmienda (de
hecho, ya ha ampliado su plazo de admisión),
el Gobierno no descarta
aprobar estas medidas por decreto ley,
ya que lo que busca es
que el proceso se lleve a cabo de la manera más rápida posible. “Vamos
a analizar los tiempos de duración de la tramitación parlamentaria. No rechazamos
ninguna cosa, cuanto antes hay que resolverlo”, ha precisado la vicepresidenta.
Sobre
si la eliminación de estas cláusulas tendrá carácter
retroactivo, la vicepresidenta ha resaltado que “si son abusivas, son
nulas y la nulidad de pleno derecho significa que no pueden formar parte de un
contrato”. “Se trata de reforzar de qué manera evitamos que se pacten hipotecas
o cláusulas como estas”, ha argumentado.
La vicepresidenta ha explicado que tras conocerse el fallo se constituyó un
grupo de trabajo compuesto por los principales ministerios con competencias en
esta materia, entre los que destacan Economía y Justicia, y en el que se están
abordando las reformas concretas que han de ejecutarse para adaptar la
normativa española a lo que marca la sentencia del TUE.
De Santamaría ha precisado que pese a que la sentencia no califica como
abusivas las cláusulas que en ella se plantean, el Ejecutivo sí quiere aclarar
este aspecto y eliminar del ordenamiento aquellas que podrían crear problemas.
Los ministerios también analizan las reformas concretas que hay que
llevar a cabo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectan a los procedimiento
hipotecarios, de qué manera que se traslade el fallo de la sentencia
del TUE.
La vicepresidenta
ha manifestado que el Gobierno, que acatará y
cumplirá la sentencia, reforzará además la capacidad para detectar cláusulas
abusivas y evitar que sean incluidas en las escrituras de hipotecas.
Por otra parte, Sáenz de Santamaría se ha referido a la
dación en
pago que aparece en la sentencia del TUE, una fórmula que, ha dicho,
ya recoge el derecho español desde hace mucho tiempo pero que, a su juicio, “no
evita el problema del lanzamiento”. “La dación en pago es dejar las llaves y se
da por saldada la deuda, pero el inquilino se queda en la calle”, ha apuntado.
Por ello, ha recordado que
el Ejecutivo creó un Código de Buenas
Prácticas que ahora se va a intentar reforzar para que en determinados
supuestos, si se produce la dación en pago, el inquilino no se quede en la
calle cuando se trata de casos de máxima necesidad.
Al ser preguntada por si con estos cambios en la normativa el Gobierno
estaba haciendo autocrítica, la “numero dos” del Ejecutivo ha señalado que
cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa se hizo un primer estudio de este asunto
y se tomaron una serie de medidas, entre las que figuran el Código de Buenas
Prácticas y un decreto ley.
“Los gobiernos tienen que dar respuesta, y si hay que fortalecerlas no pasa
nada, es nuestra obligación”, ha indicado, al tiempo que ha señalado que
“habida cuenta de la continuación de la crisis”
se buscó un acuerdo con
la oposición en el que el Gobierno planteó alguno de los asuntos que
ahora se pretenden adoptar.
“No se llegó a un acuerdo y por
decreto ley aplicamos las medidas más urgentes, como suspender los desahucios
de dos años”, ha recordado.
Sáenz de Santamaría ha insistido en que
España es “un país que
cumple”. ‘Se nos ha venido encima una crisis muy dura y hay gente que
ha perdido su empleo y no puede pagar. A la gente que está en situación de
necesidad es a la que el Gobierno ha procurado atender’, ha concluido.
Los cambios en la Ley Hipotecaria garantizarán el cumplimiento
‘íntegro y completo’ de la sentencia del TJUE
El
ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que
los
cambios anunciados por el Gobierno en la Ley Hipotecaria garantizarán el
cumplimiento “íntegro y completo” de la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea (TJUE) que en un fallo esta semana consideró
“abusivas” algunas de las cláusulas de la norma española sobre desahucios.
“No voy a entrar en los detalles. El Gobierno definirá tanto desde el punto
de vista de lo que son cláusulas abusivas, como desde el punto de vista de
procedimiento, cambios normativos que garanticen el cumplimiento íntegro y
completo de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo”, ha dicho De Guindos a la
prensa en Bruselas.
De Guindos ha explicado que el
objetivo del Gobierno de
Mariano Rajoy es
“adaptar” la normativa española de ejecución
hipotecaria a la sentencia del tribunal europeo tanto con una
“definición”
de lo que son cláusulas abusivas, “estableciendo una limitación clara
de esta situación de abuso”, como en lo que se refiere
al
“procedimiento de ejecución hipotecaria”, sobre el que el Luxemburgo
ha pedido “más garantías al deudor” hipotecario.
