La moratoria de dos años en los desahucios entra en vigor hoy

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que establece la suspensión de desahucios hasta el 16 de noviembre de 2014 y ordena la constitución de un fondo de viviendas para alquileres sociales.
La paralización de los desahucios durante los próximos dos años se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a fecha de hoy en los que no se haya producido el lanzamiento (última fase de una ejecución hipotecaria, que habitualmente coincide con el desahucio).
Tal y como anunció ayer el Gobierno tras el Consejo de Ministros, para beneficiarse de la suspensión del desahucio es necesario cumplir los supuestos de vulnerabilidad especial y tener un determinado nivel de renta.
Pueden acogerse a la medida familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género.
Asimismo, tienen derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
Al mismo tiempo, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas (que el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 por ciento en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos).
La norma garantiza que durante dos años los colectivos definidos como vulnerables no puedan ser desalojados de su vivienda, con la confianza de que, tras este periodo, habrán superado las dificultades económicas actuales, señala la exposición motivos de la norma.

Diputación, Ayuntamiento y Colegio de Abogados ponen en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaria

Se trata de un órgano de mediación entre familias con dificultad para pagar la hipoteca y entidades financieras para ayudar a encontrar alternativas consensuadas a la ejecución hipotecaria El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador y el decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo, han firmado esta mañana el convenio para la puesta en funcionamiento de una Oficina de Intermediación Hipotecaria en la Provincia con el objetivo ayudar a las personas y familias que tiene dificultades para hacer frente a al pago de los préstamos y se encuentran en riesgo de perder su domicilio habitual a llegar a acuerdos con las entidades bancarias y evitar en la medida de lo posible las ejecuciones hipotecarias. El trabajo de la Oficina de Intermediación Hipotecaria se prolongará durante todo el año 2012 con opción a prórroga. El presidente Gabriel Amat a dado las gracias al Colegio de Abogados “por esta iniciativa que conseguido aunar instituciones para trabajar en beneficio de los ciudadanos” al tiempo que ha destacado que “se trata de una actuación muy importante debido a la difícil situación que están pasando numerosas familias dentro de la coyuntura de crisis económica, por lo que la Diputación de Almería va contribuir a facilitar la situación de los casos más graves”. Así, esta actuación pretende ser una vía de intermediación entre la parte deudora y la entidad financiera, proporcionando información y asesoramiento dirigidos a encontrar una solución consensuada que pueda evitar a la ejecución hipotecaria por vía judicial. Las principales funciones de de Diputación y Ayuntamiento pasará por dar información exhaustiva y detallada de la existencia de este servicio abierto a la población almeriense. Ambas Instituciones se encargarán así de la gestión y recepción de solicitudes, apertura de fichas personales, recogida de datos, y determinación de aquellos solicitantes que reúnan los requisitos que recoge el convenio, para ser atendidos por la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Por su parte, el Colegio de Abogados designará los letrados que prestarán servicio teniendo en cuenta su preparación y experiencia específica en materias relacionadas con el contenido de este servicio. Por último, el convenio contempla asimismo la creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de cada una de las instituciones firmantes, que analizarán el funcionamiento y desarrollo de la Oficina. Perfiles de los beneficiarios El convenio establece como perfiles para el uso de este organismo, aquellas situaciones en las cuales, aunque no se haya dejado de pagar la hipoteca, se necesita información sobre las posibilidades y consecuencias de un posible impago, así como situaciones en las que no se ha dejado de pagar, pero se busca una solución con la entidad financiera, dado que se prevé que no se podrán pagar la cuotas y se necesita intermediación para conseguir mejores condiciones y poder continuar con el pago. También están incluidos aquellos casos en los que se ha dejado de pagar, pero aun no se ha interpuesto demanda, para intermediar con la entidad financiera y evitar la interposición de dicha demanda. Por último, también estarán incluidos aquellos casos en los que ya se ha interpuesto la demanda y el ciudadano se encuentra en cualquiera de las fases procesales, incluso la de lanzamiento.