Requisitos para acceder al fondo social de viviendas en alquiler

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN El Fondo Social de Viviendas (FSV) destinadas al alquiler nace con 5.891 viviendas que aportan las 33 entidades firmantes del convenio. Las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en marcha de este convenio. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
El convenio para la constitución del Fondo se firmó el pasado jueves por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. El acto de la firma ha estado presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Se van a poder beneficiar de esta medida las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan las siguientes condiciones:
· Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el fondo social de viviendas.
· Que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008.
· Que en el momento de presentación de la solicitud se encuentre en las siguientes circunstancias: que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el  límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual) y que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.
· Que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin, se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:
1. Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
3. Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de tres años.
4. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
5. Unidad familiar en la que el deudor se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
6.Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
7. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.
Las entidades de crédito pondrán a disposición de los posibles beneficiarios, de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales colaboradores, de las Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen y ejecuten proyectos de inclusión social y de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de este plan, información relativa a la viviendas incluidas en su fondo social, sus características básicas, su distribución por municipios y comunidades autónomas, los requisitos para acceder al contrato de arrendamiento y los términos básicos del mismo. Esta información estará igualmente disponible en las sucursales de las entidades de crédito y sus páginas electrónicas.
Viviendas escasas y de difícil acceso
Para la ‘Asociación de usuarios bancos, Cajas y Seguros’, Adicae, el fondo social de vivienda planeado por la banca ni siquiera alcanza el 1% de los desahucios hechos en España. Desde 2007 se han producido, oficialmente, 293.142 lanzamientos según el Consejo General del Poder Judicial, a los que hay que añadir los acordados en los juzgados de 1ª instancia y los acuerdos extrajudiciales. En total, alrededor de 600.000 familias han perdido ya su vivienda, mientras que se ceden aproximadamente 6.000 inmuebles al fondo social de vivienda para familias desahuciadas. Además, señalan, “las condiciones para acceder a este fondo son realmente severas

El alquiler social para desahuciados ya tiene patas

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-Ya le han salido patas al alquiler social para desahuciados prometido por el gobierno en sus medidas anti-desahucio. Se ha firmado el convenio de constitución del Fondo Social de Viviendas (FSV) que ofrecerá 5.891 viviendas en alquiler social para familias desahuciadas y en situación de especial vulnerabilidad. Ahora ya puede empezar a andar y hacer la primera asignación de hogares prometida para el 31 de marzo.

Quién ha firmado el convenio de constitución del Fondo Social de Viviendas (FSV)

El convenio para la constitución del Fondo Social de Viviendas (FSV) destinadas al alquiler ha sido firmado hoy por los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito.

La puesta en marcha de este fondo social de viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios.

Quién puede solicitar este alquiler social y condiciones del alquiler

Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podrán ampliarlo. Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.

Las familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus viviendas después de 1 de enero de 2008 podrán solicitar los inmuebles a partir de la puesta en marcha del convenio. El alquiler tendrá una duración de dos años y las rentas oscilarán entre 150 euros y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

Se van a poder beneficiar de esta medida las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan las siguientes condiciones:

1. Que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución, por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad que constituye el fondo social de viviendas.

2. Que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008.

3. Que en el momento de presentación de la solicitud se encuentre en las siguientes circunstancias:
A. Que el conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual).
B. Que ninguno de los miembros de la unidad familiar disponga de vivienda en propiedad.

4. Que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. A tal fin, se entenderán como tales cualquiera de los siguientes:
A. Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
B. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo.
C. Unidad familiar de la que forme parte, al menos, un menor de tres años.
D. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite de forma permanente para realizar una actividad laboral.
E. Unidad familiar en la que el deudor se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.
F. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que alguno de sus miembros se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
G. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género.

Cómo se gestionará este alquiler socialLas entidades de crédito pondrán a disposición de los posibles beneficiarios, de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales colaboradores, de las Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen y ejecuten proyectos de inclusión social y de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de este plan, información relativa a la viviendas incluidas en su fondo social, sus características básicas, su distribución por municipios y comunidades autónomas, los requisitos para acceder al contrato de arrendamiento y los términos básicos del mismo. Esta información estará igualmente disponible en las sucursales de las entidades de crédito y sus páginas electrónicas. La puerta de la esperanza

“Quiero saber mes a mes si esas llaves son de verdad la puerta de la esperanza“. Son palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha presidido el acto de firma del convenio del FSV. Ahí ha afirmado que el convenio recoge el derecho de los ciudadanos que perdieron su casa en propiedad a tener una vivienda digna a un precio equitativo si cumplen unos requisitos determinados. Este convenio, según la vicepresidenta, pretende paliar la situación de aquellas personas que confiaron en el futuro, invirtieron para sacar adelante a sus familias y a las que las cosas no les fueron bien no por su irresponsabilidad sino porque la coyuntura económica no era la deseada y perdieron lo que tenían.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que en una situación de crisis como la actual las familias tienen derecho a volver a empezar y a tener una vivienda digna donde criar a sus hijos: “Hemos sido justos y equitativos y hemos trabajado para dar una segunda oportunidad mucho más que merecida a todos los que arriesgaron por España, por su familia y no pudieron salir adelante“.

La vicepresidenta considera que la puesta a disposición de las familias de casi 6.000 viviendas no supone un esfuerzo excesivo para las entidades financieras, sino que es un esfuerzo solidario y conjunto de un país que quiere que las familias tengan en un hogar que les haga sentir la cobertura y protección de los poderes públicos.

Soraya Sáenz de Santamaría y el Fondo Social de Viviendas

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-se ha firmado el convenio de constitución del Fondo, que estará compuesto por un total de 5.891 viviendas aportadas por las 33 entidades que han rubricado el acuerdo y que podrán ser alquiladas por dos años con rentas que oscilarán entre los 150 y los 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

Los solicitantes de estas viviendas han de ser familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus hogares después de 1 de enero de 2008.

La puesta en marcha de este fondo social de viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podrán ampliarlo.

Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.

Sáenz de Santamaría ha subrayado que el esfuerzo que están haciendo las entidades financieras con la cesión de las viviendas ‘no es excesivo’, sino ‘solidario y conjunto’ en un país ‘que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar que les haga sentir la cobertura de un Estado y de un Gobierno’.

Para la vicepresidenta, que ha ofrecido un discurso sentimental, el convenio recoge el ‘derecho a fracasar y a hacer una inversión equivocada, a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida’.

Además, ha señalado que los más de 30 firmantes del convenio han acordado ‘aunar esfuerzos y criterios’ para impulsar el Fondo Social y poner a disposición de muchas familias ‘que padecen los rigores de una crisis demasiado larga’ estas viviendas. Podemos discutir sobre si todas las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero en este convenio está el ánimo de todos de ponernos en la piel de toda esta gente que confió en el futuro, que invirtió en sacar adelante una familia. Las cosas no fueron bien no por su responsabilidad, sino porque la coyuntura no era la deseada’, ha agregado.

Tras subrayar que con iniciativas como ésta el Gobierno está siendo ‘justo y equitativo’ frente a las injusticias de los sectores económicos, ha destacado que hay que dar una segunda oportunidad ‘a quienes arriesgaron por España, por su país, y no pudieron salir adelante’. ‘Esto nos puede pasar a cualquiera. Es una crisis que ha pasado por encima de todos’, ha concluido.

Además de la vicepresidenta del Gobierno, en la firma de este convenio han participado el ministro de Economía, Luis de Guindos; la ministra de Fomento, Ana Pastor, y la de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, la secretaria general de la UNACC, Marta de Castro, y el secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante.

Además, han estado presentes el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna; el presidente de la plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez; el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, y el director general de regulación y estabilidad financiera del Banco de España, José María Roldán.

La FEMP pide aumentar en 200 euros la ayuda de 420 euros de los parados con dinero autonómico

REDACCIÓN.-( A.RICO).-La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha propuesto que las comunidades autónomas complementen con 200 euros adicionales los 420 euros que el Estado destina a los parados que ya han agotado el subsidio de desempleo, de manera que alcancen el salario mínimo interprofesional y sigan cotizando a la Seguridad Social a la vez que participan en programas de formación y empleo.
El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha expuesto su propuesta ante los representantes de las comunidades autónomas y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo celebrada en el Ministerio. Su objetivo es que las comunidades y los municipios aporten recursos adicionales a los 420 euros del Gobierno para que los desempleados alcancen el salario mínimo.
Según explicó, los beneficiarios recibirían un total de 620 euros gracias a los que podrían seguir cotizando a la Seguridad Social. A cambio, participarían en programas de formación y empleo "parecidos a las escuelas-taller" destinados a reubicar a los desempleados en los nuevos sectores que deben sustituir el "vacío" dejado por la construcción. "Entre 800.000 y un millón de trabajadores no van a poder volver a la construcción, hay que redirigirlos", argumentó.