Nueve autonomías bajarán impuestos para compensar la subida de Montoro

• Castilla y León y Andalucía podrían anunciar cambios fiscales en su debate regional

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Comunidad Valenciana y Galicia mantendrán los incentivos a familias y empresas Extremadura y Cantabria han sido las primeras autonomías en anunciar rebajas de impuestos y tasas a nivel regional, pero no van a ser las únicas. La mitad de las comunidades autónomas tiene intención de bajar los impuestos o de aplicar algún tipo de incentivo o bonificación, con los que mitigar algo las dificultades que sus ciudadanos atraviesan a causa de la recesión, el paro y sobre todo las subidas de tributos a escala estatal.
Fuentes del PP confirmaron a este diario que Castilla y León está estudiando anunciar algún tipo de incentivo fiscal, del que podrían beneficiarse las empresas y ciudadanos de la región. Recientemente, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez incidió en que su Gobierno no iba a bajar "lo que no había subido", al ser preguntado por la decisión del presidente extremeño, José Antonio Monago de rebajar el tramo autonómico del IRPF.
Castilla y León fue una de las once comunidades autónomas que se ajustó el año pasado al objetivo de déficit exigido del 1,5% (el agujero de sus cuentas se situó en el 1,42%). Según las mismas fuentes, el anuncio podría hacerlo mañana mismo el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, durante el Debate sobre el Estado de la Región, que se prolongará hasta el jueves.
Ese mismo escenario elegiría, en principio, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán para dar a conocer las posibles bonificaciones e incentivos que prepara su región, la tercera con mayor déficit el año pasado (del 2,04%) y la segunda con la tasa de paro más elevada, del 36,87 por ciento, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Mientras tanto, la Comunidad Valenciana tiene previsto aplicar varias medidas, de las que los contribuyentes de la región podrán beneficiarse a partir de la próxima campaña de la renta, la de 2013.
Así, se incrementarán entre un 30 y un 50 por ciento las actuales deducciones autonómicas en el IRPF por familia numerosa, lo que supondrá un ahorro de 1,3 millones para las mismas. A la vez, los hogares de la región con rentas medias y bajas y uno de los progenitores en paro, podrán deducirse 100 euros por cada hijo en concepto de adquisición de material escolar. La nueva deducción supondrá un ahorro de entre 3,3 y 3,5 millones para las familias valencianas.
La Xunta de Galicia eximirá del pago de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a las nuevas empresas que adquieran un local para iniciar su actividad, y aplicará una deducción del 20 por ciento en los préstamos o cantidades empleadas para constituir una nueva sociedad. También ampliará de aquí a 2016 las bonificaciones para el fomento de la natalidad.

A la espera del CPFF

Otros Gobiernos autonómicos descartan cualquier subida de impuestos, pero esperan a conocer el margen que Hacienda les dará el año que viene, antes de mover sus cartas y anunciar cualquier rebaja. Es el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo Ejecutivo está trabajando ya en los Presupuestos del año que viene.
Fuentes del Gobierno regional explican que no adoptarán ninguna decisión de este tipo hasta conocer el objetivo de déficit que el Ministerio les comunicará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de finales de julio, y hasta contar con la previsión de ingresos para el año que viene. En todo caso, sí se muestran abiertos a nuevas rebajas de impuestos o incentivos fiscales.
Madrid ya rebajó un punto el tramo autonómico en el Impuesto sobre la Renta, lo que la convierte en la región con la fiscalidad más baja junto a La Rioja. Éste es, precisamente, el argumento que esgrime el presidente riojano, Pedro Sanz, al asegurar que su autonomía "no tiene mayores posibilidades de bajada" en materia de impuestos y al incidir en que son otros Ejecutivos los que se ven en la necesidad de hacer movimientos.
Las dos regiones se encuentran entre las que despidieron 2012 con un agujero menor en sus cuentas, que fue del 1,07% en Madrid y del 1,06% en La Rioja.
El Gobierno de Aragón tampoco moverá ficha antes de conocer el techo de gasto para el próximo año. Entonces, y si Hacienda les permite cerrar con un déficit del 1,2% (desde el 1,44% del ejercicio previo), comenzarán a aplicar un plan que contempla una inversión de 83,7 millones en empleo y de 25,9 millones para el fomento de la actividad empresarial.
En Navarra no descartan anunciar algún tipo de medida fiscal, aunque en ningún caso será antes del próximo CPFF. Con un 1,35% de déficit, fue otra de las regiones cumplidoras el último año.

Griñán pide dotar a la justicia de instrumentos para proteger a las personas en riesgo de exclusión

LAEDICION.NET.-El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que los poderes públicos tienen que trabajar para dotar al sistema judicial de instrumentos que le permitan mediar en situaciones de riesgo o de exclusión social donde confluyan multitud de intereses, con el fin de hacer valer la "integridad" de las personas.
     Durante su intervención en una jornada sobre la reforma de la administración de Justicia, celebrada en el Parlamento andaluz, Griñán ha destacado que en el "drama" de los desahucios los jueces han actuado "con contundencia", cuestionando la actual regulación hipotecaria y "amparando a la parte más débil".
     El líder del Ejecutivo andaluz, que ha señalado que Andalucía ha optado por legislar en esta materia a través un decreto-ley sobre la función social de la vivienda, ha considerado que no es conveniente  encomendar al poder judicial lo que es la tarea de legislar. "Es a los parlamentos y a las fuerzas políticas representadas en los mismos a las que les corresponde esa tarea", ha añadido.
  MARGEN DE PROTECCIÓN DEL DEUDOR VULNERABLE
   En su opinión, existe un margen de protección del deudor vulnerable que conviene explorar. Y es que, según ha indicado Griñán, la experiencia comparada demuestra que hay un camino que recorrer desde el legislativo, "de forma que no se sitúe el problema en el terreno de la aplicación del derecho, sino en el terreno del derecho mismo".
   Tras afirmar que la transformación profunda del sistema judicial es una necesidad sentida por el conjunto de la ciudadanía, Griñán ha advertido de que existe un sentimiento colectivo de malestar social, de angustia, de desigualdad de trato, y de injusticia en la regulación económica". Si bien, ha destacado que la ansiedad por salir de la crisis no debe lleve a perder avances en materia de derechos.
   El presidente de la Junta se ha referido durante su intervención a la reforma que atañe al Código Penal. En su opinión, las modificaciones continuas de los textos legislativos básicos "casan mal" con los principios de estabilidad y certidumbre. Así, ha defendido que cualquier modificación debe obedecer a fundadas razones de política criminal y contar con un amplio consenso parlamentario, político y social.
   En relación a la tramitación de la reforma del Consejo del Poder Judicial, Griñán ha pedido también el consenso de todas las fuerzas políticas, sociales y del propio poder judicial con el fin de garantizar su independencia y preservar sus funciones. Además, ha considerado que dicha reforma debería avanzar en la implantación de los consejos de justicia autonómicos.
   También ha hecho mención a otra reforma que afecta a la estructura judicial como es la relativa a la Ley de demarcación y plantas judiciales. En su opinión, la revisión del actual mapa judicial ha de permitir modernizar y racionalizar los recursos, siendo fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia para el pleno desarrollo de la democracia y para el progreso social y económico.
   Finalmente, Griñán ha defendido que todos los esfuerzos deben dirigirse a un modelo más "accesible, ágil, eficiente y cercano". Según ha apuntado, Andalucía ya ha abordado iniciativas para mejorar la justicia y en este sentido está desarrollando mecanismos de mediación y arbitraje para hacer más sostenible el sistema. Además, ya está "muy avanzada" la redacción de un decreto para un nuevo modelo organizativo de los tribunales basado en la implantación de una nueva oficina judicial y fiscal.
   El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, también ha participado en la inauguración de estas jornadas, donde se ha mostrado convencido de que nunca ha existido una conciencia social tan extendida sobre la necesidad de reformar y modernizar la justicia, una reforma "que nunca ha sido objetivo prioritario de la democracia, lo que ha hecho que la justicia haya perdido prestigio en la sociedad".
   Tras lamentar que solo se hayan llevado a cabo reformas parciales y coyunturales, el presidente del TSJA ha insistido en la necesidad de llevar a cabo "un auténtico cambio estructural del sistema judicial". Para Del Río, vendría bien una mayor autonomía y capacidad de gestión en aras a que la independencia del poder judicial sea "realmente efectiva" y no quede solo en algo "meramente formal".
   Finalmente, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, ha destacado que la percepción que la sociedad tiene de la justicia "no es nada buena", por lo que hace necesaria una reforma en este ámbito. A su juicio, la lentitud y la falta de medios constituyen "el talón de Aquiles" de la Justicia, una Justicia que se requiere "más eficaz y con más medios, y al servicio de una sociedad crítica, exigente y participativa".

 

 

Griñán cree legal expropiar casas y avanza que habrá más medidas

El presidente de la Junta ve con respaldo constitucional el acuerdo de su Consejo de Gobierno e ‘invita’ al PP a presentar enmiendas en el Parlamento

LAEDICION.NET.-El presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió ayer que el decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas “en inminencia” de desahucio “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas” es “plenamente constitucional” y ha invitado al PP-A a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria “si considera que hay inseguridad jurídica”.
Griñán se ha pronunciado de este modo después de que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, haya alertado sobre la “inseguridad jurídica” del decreto y haya acusado al Ejecutivo andaluz de “manipulación política” en el tema de los desahucios para “confundir” a los ciudadanos.
El presidente de la Junta ha indicado que tiene la “tranquilidad de que los servicios jurídicos han estudiado profundamente esta normativa y creemos que es plenamente constitucional” y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1987 sobre la reforma agraria, que establece que “el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad y función social”.
“Se consideró constitucional la expropiación de uso que se llevaba a cabo en bienes que no estaban siendo utilizados con una finalidad económica o de rentabilidad social”, ha añadido Griñán, quien también se ha referido al derecho comparado, asegurando que en muchos países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega, entre otros, se aplica una “confiscación” de hasta seis años en casos de viviendas que no se utilizan.
Tras insistir en que son medidas que tratan de paliar el problema y que no van a ser las últimas que la Junta dedique a luchar contra la exclusión social y las desigualdades, el presidente de la Junta ha querido hacer hincapié en que el Gobierno andaluz seguirá tomando decisiones en este sentido. “Hemos dado un primer paso y no será el último”, ha advertido.
Griñán, que ha negado que las sanciones establecidas tengan afán recaudatorio, ha dicho que se producen “porque hay un problema social que queremos solucionar”. A su juicio, cuando hay tantas miles de viviendas sin ningún uso y tantas familias que no disponen de techo o de acceso a la vivienda, “es una función de cualquier gobierno con sensibilidad poner o buscar las posibilidad de que esas viviendas puedan ser accesibles a través de una fórmula que está en el Código Civil”.

 

Griñán elude multar a las 60.000 viviendas públicas vacías de Andalucía

• Los promotores denuncian la discriminación frente a las Administraciones
• La Junta impaga ayudas a la venta para al menos 5.000 viviendas de VPO

LAEDICION.NET.- El decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen sancionador para los bancos y sociedades de gestión y patrimoniales que tengan en situación ociosa las viviendas que poseen o administran se olvida de una parte importante del mercado inmobiliario de esta comunidad. En concreto, de las alrededor de 60.000 viviendas de titularidad pública construidas en los años del boom por ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas locales o provinciales y el propio Gobierno regional, y que pese a estar en la mayoría de los casos vacías, no serán multadas.

El decreto ley, que se publicará hoy en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y luego iniciará su tramitación parlamentaria, incluye también la expropiación del derecho de uso de las viviendas cuyos propietarios vayan a ser desahuciados y queden, debido a ello, en situación de emergencia social.
Una expropiación que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió ayer como plenamente legal y ajustada a la Constitución ya que, aseguró, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 establece que la propiedad privada va indisolublemente ligada a su "utilidad y función social". Griñán reiteró la finalidad del decreto: la movilización del mercado para sacar vivienda en alquiler, y descartó que su objetivo sea recaudatorio.
José Prados, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Málaga, criticó ayer muy duramente el decreto anunciado por la Junta y recordó que todo ese parque de vivienda público -que cifró en esas 60.000 unidades- no se vende porque no hay financiación. "Pero de esas viviendas nadie habla, sólo de las de los bancos y las inmobiliarias". Prados también cuestionó la cifra de 700.000 viviendas vacías en la comunidad que la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), ofreció el martes.

Doble perjuicio para VPO

En este sentido, Emilio Corbacho, secretario general de la patronal de promotores andaluces Fadeco, rebajó a un máximo de 250.000 las viviendas vacías. "No es lo mismo vivienda vacía u ociosa, que vivienda no vendida", precisó.
Corbacho lamentó además que muchos promotores de VPO, que se lanzaron al calor del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012 a construir pisos por las ayudas que se derivaban de ese plan, ahora no sólo no han recibido esos apoyos por falta de fondos y no pueden venderlas por falta de financiación, sino que además afrontan multas de la misma administración que ha incumplido el citado plan. En esta situación habría como mínimo cinco mil viviendas de protección en Andalucía.
Corbacho señaló que la Junta andaluza se comprometió en ese plan a que, en caso de que fallara la financiación estatal del plan, sería ella misma la que asumiría esos compromisos. Tras recortarse las ayudas del Gobierno central, la Junta incumplió el compromiso del plan en perjuicio de los promotores.
El presidente Griñán, además de sacar a relucir la sentencia del Constitucional de 1987 referida al proceso de reforma agraria que puso en marcha el primer gobierno autonómico andaluz mediante la expropiación de algunas fincas privadas, abundó en su interpretación de esa resolución. "Se consideró constitucional la expropiación de uso que se llevaba a cabo en bienes que no estaban siendo utilizados con una finalidad económica o de rentabilidad social". Y unió esta argumentación con datos sobre otros países europeos, como Francia, Reino Unido o Noruega, entre otros, donde señaló se aplica una "confiscación" de hasta seis años en casos de viviendas que no se utilizan.

Protección

Sobre la "inseguridad jurídica" del decreto de la que alertó ayer el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, Griñán invitó a la oposición a "presentar las enmiendas que considere" durante la tramitación parlamentaria como proyecto de Ley.
Por su parte, la consejera Elena Cortés detalló ayer un aspecto no revelado el día anterior: las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal del uso por un plazo de tres años por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25 por ciento de la renta familiar para pagar el dos por ciento del justiprecio de dicho inmueble. "Siempre que el importe que resulte no supere ese porcentaje del dos por ciento", precisó.
"La gente no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar ciertas cantidades, pero sí quieren pagar lo que puedan". Y reiteró que a su departamento se han dirigido 119 familias solicitando protección ante desahucios desde que se abrieron oficinas específicas en octubre. El objetivo del decreto, insistió, es "cambiar el comportamiento del mercado" y que bancos e inmobiliarias saquen en alquiler a precios ajustados sus viviendas.

El PSOE afirma que es una "mala noticia" para el país

Los socialistas se pronunciarán hoy en profundidad, pero adelantan que pedirán la comparecencia de Rajoy Agencias / Madrid |La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE considera que el acuerdo del Eurogrupo de habilitar una línea de rescate para la banca española es una "mala noticia" para el país, y adelantó que pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En un comunicado, la dirección socialista recordó que el PSOE siempre trabajó para evitar el rescate, tanto cuando estaba en el Gobierno como ahora en la oposición apoyando al Ejecutivo de Rajoy en Europa. Además, reiteró las palabras de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dijo que en ningún caso el rescate a la banca puede recaer sobre los ciudadanos y que todo el dinero público que se destine a la banca tiene que volver a las arcas públicas y a la sociedad. La Ejecutiva socialista consideró también que en este momento tan difícil los españoles tienen que defender ante Europa y ante el resto del mundo que España es un país "serio, con una economía solvente y que va a salir adelante". Por otro lado, aseguró que Rubalcaba estuvo todo el día en su despacho pendiente de la situación reunido con su equipo y en permanente contacto con los portavoces económicos del partido, y que Rajoy le informó del acuerdo adoptado en el Eurogrupo. En cualquier caso, el PSOE se pronunciará hoy en profundidad sobre esta decisión una vez analizado en detalle el acuerdo del Eurogrupo en la reunión que ha convocado Rubalcaba en Ferraz. Horas antes, Rubalcaba reclamó al Gobierno de Rajoy que si "decide pedir un rescate, cualquiera que sea la fórmula que utilice", tiene que quedar muy claro que "no pueden pagar justos por pecadores" y que el dinero que se ponga vuelva a las arcas públicas. El líder de la oposición se expresó así en un encuentro con alcaldes y portavoces municipales socialistas con motivo de la constitución hace un año de los ayuntamientos surgidos de las elecciones locales de mayo de 2011. Aunque el grueso de su intervención estuvo centrado en la defensa del municipalismo, Rubalcaba reconoció que no podía dejar de comentar una palabra que "hoy aparece en todos los medios de comunicación: rescate", en un momento de "gravedad extrema" de la crisis económica. Si el Gobierno decide ahora "pedir un rescate, cualquiera que sea la fórmula que utilice", tiene que aclarar a los ciudadanos que "no pueden pagar justos por pecadores y que el dinero público tiene que volver a las arcas públicas". En todo caso, se mostró convencido de que éste es el momento de que todos los españoles unidos defiendan ante Europa y el mundo la solvencia y la fortaleza del país, y prometió que el PSOE hará un ejercicio de responsabilidad. Y es que, según su razonamiento, cuando los ciudadanos lo están pasando tan mal como ahora, los representantes políticos tienen que ser "por encima de todo responsables". También quiso poner el acento en las palabras del viernes del presidente de EEUU, Barack Obama, que reclamó políticas de estímulo al crecimiento combinadas con los ajustes para no ahondar en la recesión y que se declaró partidario de modificar el ritmo de cumplimiento del calendario del objetivo de déficit. "Llevamos un año con este discurso. Vamos a ver si ahora que lo ha dicho Obama y además en inglés se le oye mejor donde tiene que oírse", bromeó en una jornada que -precisó- no está "para muchas bromas". Así las cosas, indicó que los socialistas españoles y europeos llevan un año diciendo que hay que ajustar a un ritmo razonable e introducir medidas de crecimiento, ya que, de otro modo, no se podrá salir de actual "la espiral diabólica". Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, señaló ayer que la reunión del Eurogrupo no sólo debe servir para defender España sino el euro y la unión monetaria, porque se trata de una "empresa colectiva". "El eurogrupo convocado: no se trata solo de defender a España sino de defender el euro y la unión monetaria. Es una empresa colectiva", escribió Griñán en su perfil de twitter antesd e la reunión. • •