La Caixa comunica a Chamizo que ha devuelto a 67 personas cantidades de sus participaciones preferentes

LAEDICION.NET.- CaixaBank ha remitido una comunicación al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, informando de que ha llegado a un acuerdo para devolver cantidades a 67 personas afectadas por las participaciones preferentes que ha permitido a las mismas recuperar el total de la inversión realizada.
   Según indica la oficina del Defensor, esta comunicación es una primera respuesta de La Caixa al listado de mas de 350 personas, titulares de participaciones preferentes, que le fue remitido por esta institución a la entidad financiera, interesando que se diera una solución a los casos planteados.
   CaixaBank ha manifestado su "compromiso de dar respuesta en breve plazo a la totalidad de los supuestos que le han sido trasladados".
   El Defensor del Pueblo Andaluz ha expresado su "satisfacción" por la resolución favorable de estos casos, ha reconocido la "buena disposición" manifestada por CaixaBank y ha reafirmado su compromiso con todas las personas afectadas por la comercialización de este producto financiero.
PRONUNCIAMIENTO DE LA FISCALÍA
   Ya a inicios de año, la Fiscalía Superior de Andalucía emitió un decreto en el que ordena a las fiscalías provinciales de la comunidad autónoma abrir diligencias de investigación penal para analizar la posible ilicitud en la emisión de las llamadas participaciones preferentes, dando por sentado que ha existido una "mala praxis generalizada" por parte de las entidades financieras denunciadas por este asunto.
   El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.
   El escrito trasladado por Chamizo llevó a la Fiscalía Superior a ordenar una investigación a la Policía Judicial, que, tras el análisis de las denuncias, ha concluido que ha existido esa "mala praxis generalizada" que, según se señala en el escrito firmado por el fiscal Arturo Gómez Pardo ha consistido en "no observar escrupulosamente las directrices comunitarias", en la "vulneración" de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores y en el "incumplimiento" de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

El Defensor del Pueblo censura a los bancos por haber dado hipotecas sin rigor durante años

Nunca se tendrían que haber concedido hipotecas por encima del 80% del valor de tasación. Es una de los asertos más llamativos sobre el problema de la vivienda que incluye el informe anual del Defensor del Pueblo, informe que viene a señalar a la banca y a censurar su papel en los últimos años, dando hipotecas La institución afirma que la banca debería haber limitado la concesión de préstamos hipotecarios a un porcentaje del valor del inmueble para evitar la situación actual en la que muchas familias están siendo desahuciadas de sus viviendas.
El Defensor del Pueblo considera que tanto la vivienda como el local del negocio que sea medio de vida deberían regularse separadamente en el conjunto del sector hipotecario “de forma que obtengan una mayor protección acorde con la voluntad de la Comunidad Europea, a fin de paliar la desigualdad existente entre los sujetos que intervienen en este tipo de contratos“.
Entiende que el problema que están sufriendo los hipotecados –aspecto especialmente visible de esta crisis– comenzó a vislumbrarse en 2001 pero, sin embargo, no se valoró su verdadera dimensión, y advierte de que “no se puede considerar que la responsabilidad en el sobreendeudamiento de los particulares sea únicamente de estos, pues el sistema no ha funcionado“.
Bancos y cajas deben implicarse en la protección del consumidor
En este sentido, destaca que “es la banca quien debe evaluar la capacidad de endeudamiento del cliente y abstenerse de ofrecer préstamos por encima de la capacidad de reembolso“, y apunta que las entidades financieras “deben implicarse en la protección de los consumidores“.
A su juicio, las normas de transparencia hipotecaria recogidas en la Orden del 5 de mayo de 1994 han demostrado ser “ineficaces“, por lo que cree que debe llevarse a cabo una mejora del marco normativo “desarrollada con la elaboración de una guía de acceso al préstamo hipotecario“.
Medidas sí, pero no dación en pago
A la hora de tomar medidas preventivas, la institución aboga por mejorar la transparencia, hacer efectivo el asesoramiento técnico por parte de las entidades financieras y de los notarios y desarrollar la obligación de concesión responsable de crédito.
También aboga el Defensor del Pueblo por desarrollar de forma “adecuada al momento social” la regulación de las hipotecas que afectan a la vivienda habitual y al local de negocio donde se ejerce la actividad que constituye el medio de vida de los particulares del resto de su patrimonio.
Además, propone una serie de medidas paliativas que pasan por regular un procedimiento específico para la insolvencia de las personas físicas, ya sea procesal o extraprocesal, y que permita al deudor quedar liberado de sus deudas tras el concurso, al igual que sucede con las empresas.
La institución no acaba de apostar por la llamada dación en pago. No obstante, defiende la adopción de medidas extraordinarias que permitan a los deudores de buena fe continuar utilizando su vivienda o local de negocio mediante un precio asumible “buscando su recuperación económica e integración social“.

 

 

 

 

La defensora del Pueblo reclama al Gobierno que impulse el alquiler social

Becerril pide que los bancos intervenidos hagan un esfuerzo con "deudores de buena fe" que no pueden pagar su casa por la crisis

MUCHASCASAS.NET.-La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reclamado este martes al Gobierno que impulse el alquiler de viviendas vacías como respuesta al creciente problema de los desahucios por impago, como se recoge en un documento que la institución presentará en el Congreso "dentro de pocos días".
En una entrevista en TVE, Becerril indicó que este documento contendrá una serie de medidas para hacer frente al problema de aquellas personas que pierden su vivienda por "circunstancias sobrevenidas a causa de la crisis".
Según Becerril, se estima que en España existen unas 20.000 viviendas vacías en manos de los bancos, cuya salida al mercado "podría beneficiar a las propias entidades, a los promotores inmobiliarios y a sus dueños". "No existe un registro público a nivel nacional, pues para empezar, cada comunidad autónoma las contabiliza de una manera", señaló Becerril, pero "a partir de los datos de las autonomías y de los grandes ayuntamientos creemos que pueden ser unas 20.000".

Precios ajustados a las familias

Ahora bien, prosiguió, los precios deberían ajustarse a la realidad de las familias que no pueden hacer frente a los pagos de una hipoteca o del alquiler por "razones suficientemente graves", que "en general se deben a un empeoramiento de su situación económica" en comparación con años anteriores, cuando adquirieron la deuda. "Son los llamados deudores de buena fe, y las entidades bancarias, sobre todo las nacionalizadas y que han recibido dinero público, deben hacer el esfuerzo de ir uno por uno" e identificarlos, afirmó Becerril.
En su opinión, a estos deudores se les debería permitir la posibilidad de prolongar el tiempo de su hipoteca, de reducir las cuotas mensuales y, en general, "de buscar soluciones junto a los bancos para no perder su casa", como el alquiler social. Becerril se mostró finalmente a favor de que el Congreso estudie la dación en pago, que por un lado tiene una parte "positiva", que es la cancelación de la deuda, pero "por otro tiene una parte muy negativa", ya que al entregar su casa "las familias se quedan sin un sitio a donde ir".
"De todos los bienes materiales la vivienda es el más importante, pues si pierdes tu casa, ¿a dónde vas?", inquirió Becerril para justificar la necesidad de intervenir en este terreno.

La defensora del Pueblo reclama al Gobierno que impulse el alquiler social

Becerril pide que los bancos intervenidos hagan un esfuerzo con "deudores de buena fe" que no pueden pagar su casa por la crisis

MUCHASCASAS.NET.-La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha reclamado este martes al Gobierno que impulse el alquiler de viviendas vacías como respuesta al creciente problema de los desahucios por impago, como se recoge en un documento que la institución presentará en el Congreso "dentro de pocos días".
En una entrevista en TVE, Becerril indicó que este documento contendrá una serie de medidas para hacer frente al problema de aquellas personas que pierden su vivienda por "circunstancias sobrevenidas a causa de la crisis".
Según Becerril, se estima que en España existen unas 20.000 viviendas vacías en manos de los bancos, cuya salida al mercado "podría beneficiar a las propias entidades, a los promotores inmobiliarios y a sus dueños". "No existe un registro público a nivel nacional, pues para empezar, cada comunidad autónoma las contabiliza de una manera", señaló Becerril, pero "a partir de los datos de las autonomías y de los grandes ayuntamientos creemos que pueden ser unas 20.000".

Precios ajustados a las familias

Ahora bien, prosiguió, los precios deberían ajustarse a la realidad de las familias que no pueden hacer frente a los pagos de una hipoteca o del alquiler por "razones suficientemente graves", que "en general se deben a un empeoramiento de su situación económica" en comparación con años anteriores, cuando adquirieron la deuda. "Son los llamados deudores de buena fe, y las entidades bancarias, sobre todo las nacionalizadas y que han recibido dinero público, deben hacer el esfuerzo de ir uno por uno" e identificarlos, afirmó Becerril.
En su opinión, a estos deudores se les debería permitir la posibilidad de prolongar el tiempo de su hipoteca, de reducir las cuotas mensuales y, en general, "de buscar soluciones junto a los bancos para no perder su casa", como el alquiler social. Becerril se mostró finalmente a favor de que el Congreso estudie la dación en pago, que por un lado tiene una parte "positiva", que es la cancelación de la deuda, pero "por otro tiene una parte muy negativa", ya que al entregar su casa "las familias se quedan sin un sitio a donde ir".
"De todos los bienes materiales la vivienda es el más importante, pues si pierdes tu casa, ¿a dónde vas?", inquirió Becerril para justificar la necesidad de intervenir en este terreno.

El Defensor del Pueblo pide a la Junta que tutele a colectivos con hipotecas con cláusulas suelo “abusivas”

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha emitido una queja de oficio donde pide a las autoridades de consumo acciones de tutela y protección para los colectivos que posean contratos de hipotecas con cláusula suelo, que considera “abusivas“.

 

MUCHASCASAS.NET.-El Defensor ha decidido iniciar de oficio expediente de queja a los efectos de trasladar esta problemática a la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía e interesar de la misma que “ejerza medidas de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias afectadas por la aplicación de cláusulas suelo abusivas en sus contratos de hipoteca“.
Según la queja, consultada por Europa Press, el Defensor recibe muchas quejas debido a que la hipoteca que tienen concertada cuenta con la denominada ‘cláusula suelo‘.
Estos afectados denuncian el “abuso” que suponen al no poderse beneficiar de las bajadas de los tipos de interés y tener que abonar mensualmente “una cantidad excesiva en comparación con lo que abonarían de aplicárseles el tipo de referencia actual“, para lo cual aportan cálculos que “ponen de manifiesto el pago de unas cantidades elevadas a favor de las entidades financieras o de crédito desde que comenzaron las bajadas de tipos a partir del año 2009“.
Según las quejas recibidas, con la incorporación de esta cláusula, la variabilidad del tipo de interés pretendida en el contrato “desaparece para convertir al préstamo en la práctica en una operación a interés fijo que se utiliza para lograr un incremento artificial del tipo de interés ante las tendencias bajistas del mercado hipotecario, en perjuicio de sus intereses como consumidores y correlativa ganancia de la entidad prestamista“.
En el documento, el Defensor precisa que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España “viene manifestando su consideración de que excede de sus competencias el pronunciarse acerca del carácter abusivo o no de las cláusulas suelo, por lo que no existe un posicionamiento oficial de dicho organismo sobre la denunciada falta de proporcionalidad entre los límites mínimo y máximo –cláusula suelo-techo– o sobre su falta de reciprocidad (cuando sólo se fija un tipo mínimo)“.
El Defensor considera que la actuación del Banco de España “de poco sirve a quienes pretenden la nulidad de las cláusulas suelo o la aplicación de tipos de interés más bajos y ajustados a su situación económica actual“.
Recuerda que muchos afectados se han dirigido a sus respectivas entidades financieras planteando la posibilidad de eliminar la cláusula suelo, al menos como solución a las dificultades que enfrentan para el abono puntual de las cuotas, “encontrándose con una respuesta negativa que ni satisface sus pretensiones, ni permite ofrecer una solución a sus dificultades de pago“.
Chamizo reconoce que los pronunciamientos judiciales en la materia “vienen siendo contradictorios, por cuanto algunas decisiones judiciales han sido favorables a los intereses de los denunciantes pero otras han dado la razón a las entidades financieras que habían sido denunciadas“.
De esta forma, tomando en consideración que “no existe aun un pronunciamiento judicial definitivo que zanje el debate abierto en torno a esta cuestión y que no es previsible que el mismo se produzca a corto plazo“, un número significativo de personas se han dirigido al Defensor solicitándole su intervención ya que estiman “injustificado” tener que “seguir sufriendo las consecuencias de unas cláusulas que consideran injustas y abusivas“.
Estas personas, aún conociendo que podían acudir a los juzgados y tribunales para reclamar el amparo de sus derechos, argumentan “los costes y dificultades” de esta vía para justificar su petición ante el Defensor, y exponen que han agotado sin resultado todas las vías de negociación posibles con las entidades financieras y no han encontrado el “amparo” necesario en las instancias administrativas que deberían proteger sus derechos como consumidores.
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CONSUMO
En este sentido, el Defensor andaluz ha señalado que ha tramitado algunas quejas en las que se denuncia la “falta de repuesta administrativa” a las reclamaciones formuladas ante el correspondiente servicio provincial de Consumo, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
A este respecto, esta institución entiende que “con independencia del pronunciamiento que puedan realizar los tribunales, no cabe olvidar que las personas afectadas por dichas cláusulas tienen la condición de consumidores en su relación con las entidades financieras, por lo que las Administraciones que ostentan competencias de tutela de los derechos de las personas consumidoras debieran valorar la conveniencia de intervenir en relación con las denuncias planteadas por el posible carácter abusivo de las cláusulas suelo“.
El Defensor entiende que dicha actuación “debiera dirigirse a la protección de los derechos de los consumidores afectados, propugnando en su caso la anulación de las cláusulas que se estimen abusivas e interesando la indemnización y reparación efectiva de los perjuicios producidos como consecuencia de la aplicación de dichas cláusulas“.
Considera que “debe atenderse a la situación de desventaja que se plantea entre las entidades financieras y quienes suscribieron sus contratos de hipoteca con las mismas, y como consecuencia de tal desventaja, las condiciones del préstamo hipotecario que ofrecían las entidades financieras o de crédito no eran negociables, convirtiéndose su firma en un mero acto de adhesión, en muchos casos, sin que el firmante tenga pleno conocimiento de todas sus implicaciones“.
“Estamos hablando de personas y familias que como consecuencia de la crisis económica se ven actualmente imposibilitadas de hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias y podrían por ello verse inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria que conllevaran la pérdida de sus hogares; un riesgo que desaparecería o se minoraría si las entidades financieras aceptasen dejar de aplicar las cláusulas suelo y devolver las cantidades cobradas en exceso“, agrega la queja.

 

El Defensor solicita la paralización de desahucios de vivienda por deudas de la Seguridad Social

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha solicitado mediante una actuación de oficio la paralización de desahucios de viviendas habituales por deudas de la Seguridad Social.
 LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-  Según indica el Defensor en su escrito, consultado por Europa Press, desde el año pasado se han atendido varias quejas de personas que han sido expulsadas de sus hogares por deudas con la Seguridad Social que han sido ejecutadas por la propia Administración. De hecho, agrega que esta institución "viene recibiendo numerosas quejas de personas que denuncian encontrarse en una situación de riesgo que podría llevarles a perder su vivienda como consecuencia de deudas pendientes con la Seguridad Social".
   Por ello, el Defensor ha iniciado una queja de oficio para proponer soluciones a estas intervenciones recaudatorias "que resultan especialmente lesivas".
   Dado que han sido varias las quejas recibidas por este motivo durante el paso año 2012 y que resulta lógico prever que las mismas seguirán llegando mientras se mantenga la actual situación, esta institución ha considerado oportuno la realización de una actuación de oficio con el fin de trasladar a las autoridades pertinentes la necesidad de que las normas que rigen la gestión recaudatoria de los recursos de la Seguridad Social y, en particular, las que regulan el embargo de bienes, "se interpreten de forma que hagan posible salvaguardar la vivienda familiar, única y habitual de aquellos deudores que lo sean de buena fe".
   El Defensor aboga por que la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social "pueda dictar alguna norma o instrucción interna que permita paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores de buena fe que se encuentren en circunstancias parecidas a las que recoge el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios".
   Chamizo ha aludido al Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde se describen determinados supuestos de personas en situación "de especial vulnerabilidad" que se verían beneficiados de una paralización del proceso judicial o extrajudicial dirigido al desahucio y lanzamiento de su vivienda.
   En opinión de esta institución "no resulta aceptable, ni razonable que por las autoridades públicas se apruebe una norma destinada a impedir a las entidades financiera que lleven a efecto el lanzamiento de sus viviendas de las personas que no pueden cumplir sus obligaciones hipotecarías, y, por otro lado, esas mismas autoridades públicas permitan que la Administración proceda a embargar y subastar las viviendas de quienes no pueden afrontar el pago de sus deudas a la Seguridad Social".
   El Defensor cree que resulta necesario "adoptar un acuerdo que permita la paralización de las subastas de las viviendas familiares por deudas a la Seguridad social, hasta tanto se apruebe una norma que posibilite una aplicación mas ponderada y acorde a la realidad de los procedimientos de recaudación ejecutiva que implican el embargo de bienes de los deudores".
   "El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es reconocido en la Constitución como uno de los principios rectores de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos", ha recordado.
RELATO DE LOS AFECTADOS
   Chamizo relata en su documento que en las quejas recibidas, las personas afectadas relatan las dificultades padecidas en el desarrollo de sus respectivos negocios como consecuencia de la grave crisis económica, "explicando como disminuían constantemente los ingresos mientras no dejaban de incrementarse los gastos a los que debían hacer frente, produciéndose así un continuo deterioro de su solvencia, hasta llegar a una situación límite que les habría llevado a tomar la decisión de dejar de atender sus obligaciones con la Seguridad Social y priorizar otros gastos ineludibles relacionados con la subsistencia y el bienestar de la unidad familiar".
   "Las deudas derivadas del impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos no serían excesivas en los casos que hemos tenido conocimiento --entre 4.000 y 11.000 euros--, pero ello no ha impedido que la gestión recaudatoria de la Administración pública siguiera su curso inexorablemente hasta situar a estas personas ante el drama de tener que afrontar el embargo y la inminente subasta de su vivienda", ha agregado.
   Ha explicado que en algunos supuestos analizados la situación ha podido encauzarse acudiendo a un aplazamiento de la deuda, pero en otros casos esta solución no ha sido posible, ya fuera porque las personas afectadas no habrían formulado a tiempo su solicitud de aplazamiento, o porque, habiendo obtenido el aplazamiento, se habrían visto incapaces por su situación económica familiar de hacer frente a los pagos comprometidos en los plazos fijados.
   En estos casos, las personas que acuden al Defensor "relatan su infructuoso peregrinar por distintos organismos públicos, intentando por todos los medios encontrar una solución que impidiera la subasta de sus viviendas y encontrando como única respuesta la constatación de que el procedimiento recaudatorio se había ajustado a las normas de aplicación y la confirmación de que no había posibilidades de impedir la consumación del procedimiento ejecutorio".
   Reconoce que cuando estas personas acuden al Defensor del Pueblo Andaluz, los expedientes administrativos de apremio "se encuentran en un estado muy avanzado, habiéndose producido ya la anotación de embargo de la vivienda e incluso el anuncio de subasta de la misma".
   Ha explicado que en algunas quejas se ha dirigido a la correspondiente Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (Cádiz y Sevilla, respectivamente) planteando la posibilidad de ejecutar otros bienes con carácter prioritario a la vivienda familiar.
   Asimismo, ha solicitado expresamente que se paralicen posibles actuaciones que pudieran dar lugar a la pérdida definitiva de la vivienda familiar, teniendo en cuenta a la hora de adoptar cualquier decisión, las características de la persona o familia afectada, las circunstancias económicas que habrían dado lugar a su situación deudora con la Seguridad Social y los ingresos realmente disponibles para afrontar el pago de la deuda pendiente.
   En su argumentación se ha remitido al orden de preferencia legalmente fijado para el embargo de bienes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual los bienes inmuebles ocupan el séptimo lugar, situándose por detrás de otros bienes como los muebles que pudieran ser objeto de embargo sin que ello suponga la pérdida de la vivienda familiar.

Ecuador llevará ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la ley hipotecaria española

• El Defensor del Pueblo de Ecuador ha impulsado una demanda al hallar causas de violación de derechos en ecuatorianos afectados por las hipotecas en España.
• El caso de Luis Solórzano ha sido el desencadenante: reside en España y el banco le obliga a dejar su casa basándose en la 'letra pequeña' de su hipoteca.
• Solórzano ha agotado además todas las intancias judiciales en territorio español para tratar de evitar su desahucio.
• Presentando esta demanda esperan sentar antecedente y que sirva de presión al Gobierno español para que cambie su normativa en materia de vivienda.

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN El Defensor del Pueblo de Ecuador ha impulsado una demanda contra la legislación española en materia de ejecuciones hipotecarias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al considerar que vulnera los derechos fundamentales.

Esta institución ecuatoriana ha encontrado, junto a un grupo de juristas que estudian los casos de ejecuciones hipotecarias, varias causas de violación de derechos y privación de justicia en casos como el de Luis Solórzano, un ecuatoriano residente en España que ya ha agotado todas las instancias judiciales en territorio español y se ve obligado a abandonar su vivienda.
Tomando esta situación como ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador solicita al Tribunal Europeo de DD HH que se pronuncie en el 'caso Solórzano' y a través de él siente antecedente ante el drama de las hipotecas en España.
A su vez, ha solicitado que este tribunal inste al España a cambiar su normativa en materia de vivienda, ya que considera que esta ley hipotecaria "está provocando la violación constante de Derechos Humanos", aseguran en un comunicado.

Una historia personal genera la demanda

El caso desencadenante de esta demanda responde a la historia de Luis y Fabiola, ciudadanos ecuatorianos que llegaron a España en 1999 y años después regularizaron su situación migratoria: él trabajando en la construcción y ella en el servicio doméstico.
Una cláusula adicional de la hipoteca autoriza al banco a desahuciar ante el impago de las letras del préstamo En el año 2005, Luis firmó un préstamo hipotecario con un banco para adquirir un piso en el que vivir con su mujer y sus dos hijos—el menor de ellos nacido en España—. El préstamo se formalizó por un valor de 173.000 euros, que se dedica íntegramente al pago de la vivienda, calificada en el momento de formalizar la hipoteca como Vivienda de Protección Oficial (VPO).
Sin embargo, una cláusula adicional de la escritura del préstamo hipotecario autoriza al banco de manera irrevocable para que "en el momento en que la entidad lo considere conveniente, pueda pedir, en nombre del titular del inmueble, la descalificación del régimen de vivienda de protección oficial y así poder rematarla".
Por si fuera poco, el banco también estableció en la escritura causas adicionales para el procedimiento de ejecución hipotecaria directa como el impago de las letras del préstamo o el alquiler sin expresa autorización al banco, entre otras causas.
En el 'caso Solórzano', como lo denomina el Defensor del Pueblo, queda patente "la indefensión del hipotecado, desde el momento de la firma hasta la ejecución hipotecaria —sin posibilidades de impugnar por sus derechos fundamentales y sin derecho a la defensa—".
Además, denuncia las "prácticas abusivas a nivel financiero" que en opinión de esta institución "condena a las familias a la expulsión social y pobreza, emergencia habitacional, privación de derechos a la educación y salud, entre otros".
La demanda contra la legislación española no será la única ni la última. "La lucha arranca en España, pero es el punto de partida de un objetivo mucho más ambicioso: plantear la defensa de los ciudadanos de todo el mundo", concluye el Defensor del Pueblo de Ecuador.

 

El Banco de España estudia penalizar a las entidades con más quejas

MUCHASCASAS.NET.- Se exigiría a todos los grupos un depósito que podrían perder por exceso de reclamaciones El Banco de España está estudiando penalizar a las entidades que superen un volumen elevado de reclamaciones o quejas, dentro de un paquete de medidas para mejorar la transparencia en el trato con los clientes. La propuesta consistiría en exigir a los bancos un depósito, que podrían llegar a perder si supera un cierto límite en el volumen de reclamaciones.

Así lo puso de manifiesto el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez, durante su comparecencia a puerta cerrada en la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios del Congreso el pasado 7 de noviembre, según consta en las actas de la reunión a las que ha tenido acceso Efe.

En cuanto a las "insuficiencias" en relación con los productos financieros complejos, explicó que valoran una propuesta del Defensor del Pueblo para "incluir también algún símbolo fácilmente comprensible sobre el grado de riesgo asociado al mismo". El Defensor del Pueblo sugirió el sistema de los semáforos, con el que se puede hacer una escala de tres colores (rojo, amarillo o ámbar, y verde) de manera que el cliente pudiera asociar "rojo" con un producto de riesgo. El ámbar y el verde serían para productos sin riesgo aparente, explicó Priego, quien añadió que al Banco de España le parece "una idea útil".

 

 

Los titulares de preferentes y deuda subordinada perderán 4.700 millones

·  Según calcula la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae).

·  Según el Banco de España, el valor recuperable oscilará entre un mínimo del 30% y un máximo del 70%.

·  Bruselas exige que parte de la carga del rescate a las entidades recaiga en los accionistas y titulares de capital híbrido, como  las preferentes.

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-·  293.000 familias perderán 3.000 millones con el canje de preferentes, a lo que habrá que sumar 1.700 millones de pérdidas de la deuda subordinada. La Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros (Adicae) ha calculado en un comunicado que 293.000 familias perderán 3.000 millones con el canje de participaciones preferentes impuesto por Bruselas, a lo que habrá que sumar 1.700 millones de pérdidas que asumirán quienes invirtieron en deuda subordinada. La Comisión Europea (CE) aprobó este miércoles el desembolso de 36.965 millones de euros para recapitalizar a las entidades bancarias nacionalizadas -Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia-.
A cambio, el órgano europeo ha exigido que parte de la carga para financiar este rescate recaiga en los accionistas y titulares de capital híbrido (como son las participaciones preferentes) y de deuda subordinada.
Las entidades nacionalizadas -a excepción de Banco de Valencia, que este martes fue vendido a CaixaBank por un euro- deberán canjear estos productos aplicando quitas, lo que implicará que los clientes que los adquirieron tengan que asumir la pérdida de parte de su inversión.
La Comisión Europea calcula que esta absorción de pérdidas servirá para reducir en 10.000 millones la ayuda pública, en tanto que Adicae ha cifrado en 4.700 millones de euros las pérdidas que ocasionarán estos canjes a los clientes.
La asociación calcula que las 293.000 familias afectadas por participaciones preferentes perderán 3.000 millones de euros, mientras que los 100.000 inversores que adquirieron deuda subordinada registrarán pérdidas de 1.700 millones.

Quita con descuento

Por su parte, el Banco de España establece que la quita para los titulares de preferentes y deuda subordinada perpetua estará entre el 30% y el 70% y avisa a los accionistas de que deben asumir "una reducción del valor de su participación en función de las pérdidas registradas o de la valoración económica de la entidad".
“Para las entidades BFA/Bankia, NCG Banco y Catalunya Banc el valor recuperable oscilará entre un mínimo del 30% y un máximo del 70% para los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada perpetua, dependiendo de las condiciones específicas de cada instrumento.”
Para los tenedores de deuda subordinada con vencimiento, "se establece un régimen particular", a fin de que pueda ser canjeada, a elección del tenedor, por acciones --con un porcentaje de valor recuperable que, en general, se sitúa en el 90%-- o por un instrumento de deuda, después de aplicar un recorte al valor nominal que dependerá del plazo restante hasta el vencimiento.
"Asimismo, deberán soportar la dilución provocada por las inyecciones de capital que realizará el FROB", especifica en un comunicado el regulador.
Precisamente, esta reducción del valor de las inversiones de accionistas ha provocado malestar entre el grupo de empresarios gallegos que invirtieron en Novagalicia Banco, que trasladaron al FROB que se sienten "engañados" y pidieron preservar su capital, a la vista de los efectos que tendían las condiciones para la recapitalización.
De momento, la única entidad que se ha pronunciado sobre la imposición de la Comisión ha sido Bankia, que canjeará las participaciones preferentes que estén en manos de pequeños inversores con una quita del 39 %, que se elevará al 46 % para quienes adquirieron deuda subordinada perpetua y al 14 % para la subordinada con vencimiento.
Gracias a la recompra con descuento de esos productos híbridos, la entidad se embolsará unos 1.800 millones en plusvalías, que si lo desea podrá destinar a provisiones.

"Ilegalidad manifiesta"

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha considerado que esta decisión de la CE "es de una ilegalidad manifiesta" y "confirma que respalda la nefasta gestión de las cajas, algo incomprensible cuando son infinitos los frentes judiciales que dicha gestión ha originado".
Por ello, el colectivo presentará una denuncia contra el órgano comunitario, que también remitirá al Defensor del Pueblo Europeo, y ha convocado movilizaciones de protesta en toda España para el próximo día 1 de diciembre frente a las sedes de las entidades nacionalizadas y del Banco de España.

-- La revalorización de las pensiones sólo supondrá dos décimas del déficit de 2012 y dos décimas del de 2013, con un incremento de 18 euros de la pensión media de jubilación.

Chamizo tilda el fraude de las preferentes como "una de las grandes desvergüenzas"

  

MUCHASCASAS.NET.-¿La Fiscalía Superior ha abierto una investigación para averiguar si hay delito a población vulnerable El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, ha calificado la situación en la que se ha visto inmersa una parte de la ciudadanía como consecuencia de operaciones bancarias con participaciones preferentes, cuya legalidad se pone en duda, como "una de las grandes desvergüenzas" que ha sufrido "la gente más sencilla y vulnerable".

"No hay derecho a algo que es una estafa en toda regla", explicó Chamizo en una entrevista a Canal Sur Radio recogida por Europa Press. El Defensor recordó que fue la Oficina del Defensor del Pueblo la que llevó las múltiples denuncias de ciudadanos a la Fiscalía, ótrgano que ha anunciado la apertura de una investigación.

Chamizo aludió a un grupo de 300 denuncias y agregó que "esto está cambiando" en el momento en el que la Policía habla con los afectados y luego con la entidad que vendió las preferentes. El pasado 13 de agosto Chamizo registró en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las llamadas participaciones preferentes, confiando en que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades, porque en muchos de estos casos se sospecha que hay un "delito". En Andalucía se calcula que son unas 67.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de "cientos de millones" de euros, según señaló entonces Chamizo, quien precisó que en el caso de estos 300 expedientes la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros.

El Defensor explicó que existen tres bloques de reclamaciones: las que corresponden a personas habituadas a hacer inversiones - que no se prevé que prosperen-; las de personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa y a las que se dijo que podrían acceder a su dinero cuando quisieran y un tercer grupo donde previsiblemente sí ha existido delito al tratarse de población vulnerable.

El Banco de España estudia penalizar a las entidades con más quejas

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-Se exigiría a todos los grupos un depósito que podrían perder por exceso de reclamaciones El Banco de España está estudiando penalizar a las entidades que superen un volumen elevado de reclamaciones o quejas, dentro de un paquete de medidas para mejorar la transparencia en el trato con los clientes. La propuesta consistiría en exigir a los bancos un depósito, que podrían llegar a perder si supera un cierto límite en el volumen de reclamaciones.

Así lo puso de manifiesto el secretario general del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez, durante su comparecencia a puerta cerrada en la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios del Congreso el pasado 7 de noviembre, según consta en las actas de la reunión a las que ha tenido acceso Efe.

En cuanto a las "insuficiencias" en relación con los productos financieros complejos, explicó que valoran una propuesta del Defensor del Pueblo para "incluir también algún símbolo fácilmente comprensible sobre el grado de riesgo asociado al mismo". El Defensor del Pueblo sugirió el sistema de los semáforos, con el que se puede hacer una escala de tres colores (rojo, amarillo o ámbar, y verde) de manera que el cliente pudiera asociar "rojo" con un producto de riesgo. El ámbar y el verde serían para productos sin riesgo aparente, explicó Priego, quien añadió que al Banco de España le parece "una idea útil".