UPyD pregunta al Gobierno si tiene un ´plan B´ para dar liquidez a las preferentes

LAEDICION.NET La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quiere saber si el Gobierno tiene un ´plan B´ ante la eventualidad de que las autoridades europeas consideren ilegal utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para dotar de liquidez a las participaciones preferentes emitidas por entidades financieras nacionalizadas, decisión sobre la que el Banco Central Europeo (BCE) también ha expresado reticencias.  La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quiere saber si el Gobierno tiene un ´plan B´ ante la eventualidad de que las autoridades europeas consideren ilegal utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para dotar de liquidez a las participaciones preferentes emitidas por entidades financieras nacionalizadas, decisión sobre la que el Banco Central Europeo (BCE) también ha expresado reticencias.

En una pregunta escrita, a la que ha tenido acceso Europa Press, Díez recuerda que las dudas sobre la viabilidad de esta medida estriban en que el Fondo está pensado para salvaguardar los depósitos, función que "no se puede poner en riesgo", y además podría no encajar con el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario y con la directiva comunitaria de Políticas de inversión de los sistemas de garantía de depósitos, actualmente en revisión.

Por eso, pide al Gobierno los informes que avalan la compatibilidad de esta medida con la legislación comunitaria y pregunta qué medidas alternativas ha previsto en caso de que "se dictamine que es contraria al derecho" europeo. Asimismo, la líder de la formación magenta pregunta al Ejecutivo si considera "razonables" las preocupaciones manifestadas por el BCE a este respecto.

"¿Cree el Gobierno que la utilización del FGD para dar liquidez a las preferentes puede poner en peligro la función de salvaguarda de los depósitos que tiene atribuida? ¿Considera que respeta el derecho comunitario y las exigencias del MoU?", añade.

DEVOLVER EL DINERO A LOS ESTAFADOS

El Gobierno aprobó el pasado 22 de marzo un decreto ley que prevé que los titulares de participaciones preferentes de Novogalicia Banco y Catalunya Banc que fueron víctimas de una mala comercialización puedan recuperar sus inversiones tras un canje de sus títulos por acciones.

Dado que estas dos entidades nacionalizadas no cotizan en Bolsa, el Ejecutivo decidió que fuera el FGD el que comprara los títulos. Para dar liquidez a este Fondo, decidió que todas las entidades bancarias tengan que hacer una derrama extraordinaria del 3 por mil de sus depósitos, lo que supondrá entre 1.500 y 2.000 millones de euros. No obstante, previó la posibilidad de descuentos derivados, por ejemplo, de las aportaciones realizadas al ´banco malo´.

A este respecto, Rosa Díez se pregunta por qué considera necesaria esta exención si el plan de negocios de la Sareb "prevé beneficios razonables para los inversores".

 

 

UPyD teme que el decreto de vivienda "genere un nuevo fondo de reptiles"

LAEDICION.NET El portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, ha manifestado este sábado que teme que el decreto de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía "genere un nuevo fondo de reptiles".
   Según indica en un comunicado UPyD, De la Herrán ha realizado estas declaraciones tras analizar que la disposición final primera modifica el artículo 33 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre --el que establece el objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA)--, añadiendo un nuevo apartado que confiere a esta empresa "la potestad en la gestión, control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento y vivienda".
   En este sentido, el líder regional de UPyD ha alertado de "la gravedad que puede suponer que una empresa pública, sujeta a un control administrativo prácticamente nulo, gestione un fondo de estas características".
   "Precisamente, la EPSA fue la única que no publicó sus deudas cuando se activó el plan de pago a proveedores", ha incidido el dirigente político, para quien "esta falta desembocó en un tratamiento especial por parte del Gobierno autonómico en los presupuestos, permitiéndole un endeudamiento que alcanzó los 150 millones de euros".
   Es más, De la Herrán insiste en que "con estos datos y con su falta de transparencia, ni siquiera se puede conocer el verdadero estado de sus cuentas ni tener la certeza de que se pueda garantizar a los ciudadanos la posibilidad de recuperar sus depósitos o fianzas".
SIN INSPECTORES SUFICIENTES
   Por otra parte, a su juicio, "no disponer del número de inspectores necesarios para llevar a cabo las previsiones del decreto, daría lugar a que los trabajadores de la EPSA serían quienes asuman estas funciones, y en este caso, si no son funcionarios, no son las personas adecuadas para asumir dicho trabajo".
   Concretamente, según ha explicado, el artículo 85 del decreto ley recoge que "la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la obligación del depósito de fianzas se realizará por la Consejería competente en materia de vivienda por sí o a través de sus entidades instrumentales y el personal designado inspector conforme a la normativa de aplicación tendrá en el ejercicio de sus funciones la consideración de agente de la autoridad".
   Este punto, sumado a la modificación del artículo anteriormente citado, para el coordinador regional de la formación, "da lugar a que la EPSA, como entidad instrumental, tiene asignadas todas las funciones, incluida el depósito de fianzas, y puede controlar todo a través de sus empleados".
   De esta manera, De la Herrán ha alertado de que "quitar el depósito de fianzas a Hacienda y dejarla en manos de la EPSA podría desembocar en la misma situación peligrosa que dio lugar al caso de los ERE y, por tanto, podría incluso generar otro fondo de reptiles".

 

Presentan una nueva querella contra Blesa y Segura por la venta de preferentes de Caja Madrid

El bufete de abogados Jausas ha presentado ante la Audiencia Nacional una nueva querella contra Miguel Blesa y el consejo de la caja, así como contra el expresidente de la CNVM, Julio Segura. La demanda, que representa a un empresario jubilado, acusa a la entidad de "engañar" con la venta de preferentes y al regulador bursátil de no advertir del riesgo de estos productos.
La acción judicial solicita que se declare la responsabilidad civil tanto del organismo supervisor como de la entidad financiera y que se resarza al querellante con la totalidad de la inversión incrementada en un 30%.
En concreto, la querella va dirigida a los miembros del consejo de administración de Caja Madrid y Monte de Piedad de Madrid: Miguel Blesa, Miguel Crespo, Enrique de la Torre, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pedroche, Jorge Gómez, Rodolfo Benito, Virgilio Zapatero, José Manuel Fernández Norniella, José María Arteta y Luis Blasco. También se incorpora al expresidente de la CNMV Julio Segura.
A ellos se suman los miembros del consejo de administración de Caja Madrid Finance Preferred (Carlos Stilianopulos, José Luis Sánchez Blázquez y Begoña Hernández Velayos).
La querella, interpuesta por el despacho de abogados Jausas, recuerda que el supuesto que en ella se plantea es uno de los muchos que se han presentado en España, donde más de 100.000 personas, empresas y fondos de inversión depositaron sus ahorros en preferentes emitidas por Caja Madrid por 3.000 millones de euros.

El engaño de las preferentes

En este caso, se trata de un empresario jubilado que contrató preferentes en 2008 con el objetivo de "preservar su capital sin estar dispuesto a admitir pérdidas". "El querellante disponía de unos depósitos a plazo fijo en Caja Madrid y ésta le recomendó activa e insistentemente a través de la oficina bancaria que adquiriera acciones preferentes (...) como producto seguro y sin riesgo", señala la querella. El comprador destinó finalmente 170.000 euros a este producto.
Para argumentar su queja, el afectado presenta un informe pericial en el que se reconoce que en la venta hubo "engaño en la naturaleza del producto", ya que Moody's cambió el rating de Caja Madrid y, en consecuencia, las preferentes "pasaron de ser un producto seguro de alta calidad con muy bajo riesgo de crédito a un producto de moderada seguridad y sustancial riesgo de crédito, apropiado solo para inversores especuladores".
Alega que Caja Madrid "se limitó" a comunicar a la CNMV este hecho, "impidiendo al querellante revocar la orden de suscripción". Mientras tanto, el supervisor publicó el hecho relevante "cuando podría y debería haber suspendido la emisión o bien haber obligado a Caja Madrid a difundir esa información entre todas las personas que habían suscrito órdenes irrevocables de compra de las preferentes".
De ahí una posible responsabilidad de la CNMV, argumenta. "También podría resultar una responsabilidad de la propia CNMV por no haber contrastado debidamente las valoraciones y no haber realizado advertencia", apunta.

También para Bankia

El querellante también cree que pudo haber responsabilidad de Intermoney Valora, porque "presuntamente no tuvieron en cuenta todos los parámetros necesarios para realizar una valoración independiente, inclusive la degradación del rating.
La querella también denuncia que Bankia, como sucesor de Caja Madrid, continuó vendiendo en el mercado secundario participaciones preferentes a su valor nominal hasta el 11 de noviembre de 2011, pese a las advertencias de la CNMV para que cesara en esa actividad.
Jausas adelanta que a esta querella se adherirán próximamente la mujer del empresario y otros muchos particulares, empresas e instituciones afectados por participaciones preferentes, toda vez que existía una apariencia de falsa seguridad en los productos.
El pasado mes de marzo, UPyD presentó una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra Caja Madrid, su consejo de administración y su comité de dirección por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios y administración fraudulenta o desleal contra los consejeros de la entidad y los integrantes del consejo.

Caso Bankia: Rato cambia su declaración ante el juez y reconoce ahora que tenía negocios con Castellanos (Lazard)

• Confirma que tenía una sociedad con el presidente en España de la entidad
• En su primera declaración negó cualquier tipo de relación profesional con él
• Lazard fue la entidad que asesoró a Bankia en su salida a bolsa en el 2011

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu estudia un escrito presentado por la defensa del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, para explicar su relación comercial con Jaime Castellanos, el presidente en España de Lazard, la entidad que asesoró en el debut bursátil de Bankia.
El escrito amplía la declaración que Rato prestó el pasado 20 de diciembre ante el juez y sirve para dar cuenta de algunos vínculos entre el ex vicepresidente del Gobierno y Castellanos.
Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, a preguntas del magistrado, Rato negó durante su interrogatorio tener cualquier tipo de relación profesional o comercial con Castellanos, al margen de la derivada de Lazard en la salida a bolsa de Bankia.
Sin embargo, en su escrito, que Andreu incorporó el pasado lunes a la causa en la que investiga la crisis de la entidad, Rato aclara que actualmente forma parte, junto con Castellanos y otras personas, de una comunidad de bienes titular de un local comercial en Alcorcón (Madrid), que es objeto de arrendamiento a terceros.
Además, el exvicepresidente del Gobierno explica que el 30 de octubre de 2009 constituyó con Castellanos y otros la sociedad inmobiliaria Paracuga, aunque precisa que "no ha realizado operación mercantil de clase alguna".
Tres años después, continúa, elevó a público su acuerdo social de disolución, liquidación y extinción, que fue presentado en el registro mercantil el pasado 29 de noviembre.
Por el momento, según las mismas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción aún no ha respondido al juez si procede citar a Castellanos como testigo tal y como solicitó UPyD después de que Rato negara ante el juez su relación con Castellanos más allá de la derivada de Lazard.
La formación de Rosa Díez reclamó este testimonio al considerar que su relación con el expresidente de Bankia supone un claro caso de conflicto de intereses, por lo que el partido pedía además que se investigue si la falsedad de Rato en su declaración puede ser constitutiva de un delito de administración desleal.
Asimismo, reclamaba la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para que aclare su intervención en la gestión de la entidad durante las semanas previas a la dimisión de Rodrigo Rato como presidente.
En su declaración, Rato afirmó que el Gobierno le había pedido un nuevo plan de viabilidad para la entidad pocos días después de que el Banco de España aprobara el plan de recapitalización y el plan Estratégico de BFA-Bankia hasta 2015.
Para UPyD, es "absolutamente imprescindible" que De Guindos explique por qué exigió un nuevo plan a Bankia al margen del Banco de España, qué pedía que figurara en ese documento y en virtud de qué competencia interfirió en la labor de supervisión del organismo.
Ayer mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que está "a disposición" del Parlamento y de los órganos jurisdiccionales para comparecer por el caso Bankia, como se le ha requerido por parte del UpyD

La Justicia deja en evidencia a los políticos con el arranque del Caso Bankia

  

• Hoy comienzan a comparecer en la Audiencia Nacional todos los imputados por la debacle de la entidad.
• El Congreso tiene en el limbo las comparecencias por los escándalos de la banca que había prometido llevar a cabo antes de octubre.

 

Hasta 33 antiguos responsables de Bankia pasarán durante las próximas cuatro semanas por el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Así lo decidió el juez Fernando Andreu el pasado 25 de octubre, cuando llamó a declarar a todos los querellados por la debacle de la entidad financiera.
Hoy comienza esta ronda de comparecencias con la citación de Ángel Villanueva y José Manuel Suárez del Toro, ambos consejeros dominicales de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, en representación de Bancaja y Caja Canarias, respectivamente.
El primero, además, compaginaba este cargo con la vicepresidencia de Bancaja Habitat y con un sillón como vocal del comité de nombramientos de BFA.
Suárez del Toro, por su parte, ocupaba la presidencia de dos sociedad ligadas a la entidad insular -Edificios Singulares de Canarias y La Caja Tours- y era miembro de la comisión ejecutiva hasta enero de 2012, cuando presentó su dimisión.
Estas dos primeras comparecencias llegan apenas tres meses después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la querella presentada por UPyD contra los antiguos administradores de Bankia y BFA, a la que sumó otra del movimiento 15-M.
Apenas tres días después de que el juez Andreu tomara esta decisión, el Congreso reaccionó anunciando la apertura de una ronda de comparecencias con los responsables de todos los escándalos financieros, no sólo de Bankia.
Esta iniciativa partió del PP que, hasta entonces, había vetado todas las peticiones para abrir una comisión de investigación por el caso Bankia. Pero la imputación de Rodrigo Rato en los tribunales, y el deseo del partido del Gobierno para que se analizaran todos los escándalos de la banca, y no sólo el de una entidad que golpea directamente a sus intereses, les hizo cambiar de opinión.
El Congreso mira hacia otro lado
Los partidos aprobaron una lista de 24 comparecencias, con el compromiso de que todas se llevaran a cabo entre lo que quedaba de julio y septiembre; y de que fueran a puerta abierta, para garantizar la transparencia.

De hecho, así fue hasta antes de verano, cuando desfilaron por el Congreso el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato; la ex ministra de Economía, Elena Salgado; el ex presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el ex secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa; el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso; y el ex vicepresidente de un gobierno socialista y ex mandatario de Catalunya Caixa, Narcís Serra.

Pero, el parón vacacional hizo que el grueso se tuviera que dejar para septiembre, un mes que ha concluido sin que haya pasado por el Congreso nadie más... y se haya llegado a noviembre sin noticias de esta promesa política  .
Desde el Grupo Popular se limitan a señalar que existe la vocación de retomar las comparecencias, aunque en la Cámara del Congreso siguen sin tener noticias de cuándo será. Como adelantó lainformacion.com, por el momento, la única realidad es que estas comparecencias que se anunciaron a bombo y platillo, han quedado en el limbo.
En cambio, la Audiencia Nacional sigue adelante con su investigación aunque, a diferencia de lo que ocurrió en el Congreso, Rato no será el primero en comparecer, sino el último, ya que habrá que esperar hasta el próximo 20 de diciembre para verle sentando ante la justicia  .

 

 

El Ayuntamiento de Las Rozas aprueba la moción de «dación en pago» registrada por UPyD

El Pleno ordinario de enero ha aprobado la moción registrada por el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia de Las Rozas, solicitando entre otras medidas al Gobierno de España que la denominada «dación en pago» de la vivienda sea una opción real que se pueda utilizar para extinguir un crédito hipotecario cuando la persona afectada no pueda hacer frente a los pagos de dicho préstamo.

UPyD ha presentado esta propuesta simultáneamente en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea de Madrid y en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

En el contexto de la misma moción, el Grupo Municipal de UPyD Las Rozas también insta al Ayuntamiento a modificar las leyes concursales, a fin de instaurar cuanto antes el sistema «fresh start», de manera que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial. A juicio de UPyD, el sistema actual arrastra a los afectados a la economía sumergida, dado que los acreedores siguen sin ver satisfechos sus derechos ante un deudor insolvente, y este reinicia su actividad a través de testaferros para evitar que sus ganancias sean agredidas por acreedores insatisfechos.

«Creo que hemos presentado un texto mucho más completo, realista y viable, que permite un mayor entendimiento y favorecerá que estas importantes medidas avancen hasta su implantación en España», manifestó Brown.

El concejal portavoz aclaró que «UPyD no ha cambiado de opinión, como se ha dicho en el Pleno, puesto que esta moción es diferente. La prueba está en que la nuestra ha prosperado, no así la que se presentó hace tiempo».

20-N: propuestas en materia de vivienda

©Daniella Montenegro
A tan sólo un mes de las elecciones generales del 20-N, los distintos partidos políticos empiezan a mostrar sus propuestas, promesas y fórmulas para convencer a los ciudadanos para que les den su voto ¿Cuáles son las propuestas en lo que se refiere a la vivienda?

Hace 8 años, cuando José Luís Rodríguez Zapatero llegó a la presidencia del Gobierno, la construcción (especialmente la residencial) era el motor de la economía española, y los precios de la vivienda eran entre un 20% y un 25% superiores a los de la actualidad. La financiación para comprar una vivienda tampoco era un problema y muchos ciudadanos conseguían que se les concediera una hipoteca.

Ante aquella situación de bonanza, el Gobierno creó el Ministerio de la Vivienda, que había permanecido inédito desde 1975.

En los casi 8 años que han transcurrido desde entonces, la situación económica de España ha dado un vuelco y el sector inmobiliario ha sufrido las consecuencias. El Ministerio de Vivienda fue suprimido nuevamente el 20 de octubre de 2010 y los retos del sector son bien diferentes ahora.

De esta manera, en estos próximos comicios la cuestión de la vivienda cobra una importancia aún mayor de la habitual, inmersos como estamos en una crisis económica y financiera que tiene al sector inmobiliario y de la construcción como epicentro.

La pregunta que hay que hacerse ahora es: ¿cuáles son las propuestas de los partidos políticos en materia de vivienda?

Partido Socialista

El Partido Socialista ya ha aprobado un programa electoral para las elecciones generales del 20 de noviembre. En este se recogen sus principales propuestas respecto a la vivienda, que giran en torno a cuatro ejes fundamentales:

-Nuevos planes estatales de vivienda.

En primer lugar, el PSOE propone la elaboración de “nuevo Programa Estatal de Rehabilitación, Regeneración Urbana y Vivienda 2012-15” para potenciar la rehabilitación y la construcción estatal de "vivienda protegida destinada al arrendamiento permanente a precios asequibles”.

El equipo de Rubalcaba también plantea la sustitución de las transferencias de capital a las CC.AA. “por intervenciones finalistas a través de Contratos-Programa que financien directamente actuaciones concretas”.

-Potenciar la rehabilitación y regeneración urbana.

El partido socialita quiere la rehabilitación reciba un mayor apoyo a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la revisión de su fiscalidad para "flexibilizar" las condiciones de aplicación del IVA en estos trabajos.

-Fomentar el alquiler y movilizar el ‘stock’ de vivienda.

El PSOE quiere potenciar la oferta de vivienda en alquiler a través de “la mejora de los instrumentos de inversión colectiva en inmuebles (Fondos de Inversión Inmobiliaria, Sociedades de Inversión Inmobiliaria y Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, etc.), otorgándoles un tratamiento similar al de otros países de nuestro entorno". También se plantea la necesidad de coordinar la actuación de la Sociedad Pública de Alquiler con las CC.AA y de realizar un “estudio de la utilización del parque de viviendas turísticas vacías para su uso”.

El programa también plantea una ampliación de la deducción por compra de vivienda habitual hasta los 30.000 euros, desde el límite actual de los 24.000 euros. Una iniciativa con la que busca beneficiar "a las rentas más bajas".

-Desarrollo de un urbanismo trasparente y sostenible.

Se propone la realización de un nuevo mapa de las reservas de suelo de acuerdo con las Comunidades Autónomas y reforzar la Fiscalía Anticorrupción, elevando los plazos de prescripción de los delitos de corrupción urbanística.
Hipotecas

Además, el programa electoral del PSOE contempla una nueva ley hipotecaria (ley de insolvencia personal) para regular la dación en pago, en la que se favorecerá el acuerdo "equilibrado" entre el deudor y el acreedor hipotecario antes de proceder a la ejecución hipotecaria. También se plantea la regulación de las sociedades tasadoras “para fomentar su competencia e independencia”.

Se propone la exigencia de facilitar información precontractual que permita a los consumidores comparar las condiciones hipotecarias de diferentes prestadores y facilitar el asesoramiento financiero e información contractual clara y sencilla con un resumen en donde deben aparecer todas las condiciones financieras y que indique el coste final que se paga por la vivienda al finalizar el pago de la hipoteca.

El PSOE quiere favorecer la dación en pago pactada equilibradamente entre deudores hipotecarios y entidades financiera, mediante la obligación de las entidades financieras a ofrecer productos hipotecarios en los que la garantía se limite al bien hipoteca.

Partido Popular

En la página web de los populares se pueden consultar las principales propuestas del PP en materia de vivienda resumidos en nueve puntos básicos:

-Construir 200.000 viviendas protegidas al año, tanto en venta como en alquiler.
La dación en pago es una de las cuestiones estrella de las propuestas

-Adoptar medidas fiscales, financieras y de seguridad jurídica que incentiven la incorporación al mercado de alquiler de las viviendas vacías.

-Impulso al mercado de alquiler, de manera que se mejore el acceso a la vivienda para todos los ciudadanos que opten por esta fórmula, así como el alquiler con opción de compra.

-Promover un Acuerdo Nacional sobre la vivienda y el suelo, que reunirá a todas las administraciones públicas y a los sectores inmobiliario y financiero, para avanzar en la armonización normativa, el desarrollo del código de buenas prácticas, la lucha contra el fraude y la corrupción, y la definición de los objetivos anuales de construcción de viviendas a precio asequible.

-En lo referente a hipotecas, el PP propone “adoptar medidas que reduzcan el esfuerzo financiero necesario para acceder a la vivienda habitual, estableciendo mecanismos de protección de las familias ante el impacto de la subida de los tipos de interés”. En este sentido, los populares no contemplan la posibilidad de aplicar la dación en pago.

-El PP quiere realizar una reforma del IRPF, mediante el incremento del tipo de deducción por la adquisición de vivienda hasta 25% (desde el 15% actual). En relación a esto, varios dirigentes populares han manifestado que se trataría de una medida de carácter “temporal”.

-Proponen también “reducir los impuestos sobre la vivienda” y “adoptar medidas fiscales y financieras que faciliten a las familias con dificultades hacer frente a los pagos mensuales de sus hipotecas”.

Según el PP hay que “asegurar mayor proporcionalidad entre renta disponible y volumen de recursos destinados a la vivienda, reforzar los derechos de los consumidores y garantizar su plena protección”.

¿Qué proponen el resto de partidos?

Izquierda Unida

Izquierda Unida ultima su programa electoral para las elecciones generales del 20-N y aspira a que sea el “más participativo de su historia”. Para conseguirlo, IU está elaborando su propuesta porgramática a través de un proceso de Convocatoria Social puesto en marcha hace meses. En materia de vivienda, la federación de izquierdas encabezada por IU, propone el desarrollo de un “plan de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales, con una dotación de 3.000 millones de euros que garantice la creación de 200.000 puestos de trabajo y la mejora de las viviendas”.

Uno de los puntos más importantes para IU es la necesidad de proteger a las familias frente al desahucio de su vivienda. IU quiere reformar la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios “incorporando la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda hipotecaria” además de sancionar la suspensión o interdicción de los desahucios “de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda”.

UPyD

Respecto a la vivienda, UPyD habla también de deducciones fiscales, pero en función de la renta . Aboga también por buscar fórmulas de ayuda para la emancipación de los jóvenes “en situaciones de especial necesidad”, flexibilizar de la legislación hipotecaria para -en caso de impago- poder “reprogramar los plazos de pago” y elevar de la cuantía de los ingresos inembargables . UPyD hace especial hincapié en la necesidad de cancelar los privilegios fiscales de las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (Sicav) .

CiU

CiU propone mejorar el acceso a la vivienda de los colectivos con más dificultades a través del estímulo del alquiler y facilitar el obligado ajuste en el mercado de la vivienda. El partido catalán también ha manifestado que está a favor de la dación en pago mediante medidas fiscales que beneficien ambas partes, siempre y cuando se trate de casos de buena fe y causa mayor.

También plantean evitar la ejecución inmediata de las hipotecas cuando se dejen de pagar por causas de fuerza mayor con la introducción de un período de carencia, por causas tasadas (paro y enfermedad grave), en el pago de las cuotas de los préstamos hipotecarios.