Facua ve “injusto” crear un registro de inquilinos morosos en plena crisis

MUCHASCASAS.NET.-considera injusta la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler sin tener en cuenta las dificultades de la actual coyuntura económica. La asociación ve “aberrante” que los arrendadores vayan a tener acceso a un listado en el que puedan aparecer registradas personas que no hayan podido hacer frente a sus rentas de alquiler de forma puntual.
El pasado mes de febrero el PP presentaba en el Congreso 18 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, una de las cuales recogía la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler con los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral. Para FACUA se trata de una medida totalmente desproporcionada si se tiene en cuenta que “los caseros ya están capacitados para exigir numerosas garantías a los inquilinos a través de avales, depósitos y fianzas, e incluso cuentan con la posibilidad de recurrir al desahucio exprés o de exigir judicialmente las rentas impagadas”.
La asociación se pregunta por qué el Gobierno no plantea la creación de un registro de caseros incumplidores o acosadores, en lugar de inclinar siempre la balanza en contra de la parte más débil. Asimismo tilda de excesivo el plazo establecido de seis años de permanencia en estos ficheros para los supuestos infractores, en el transcurso de los cuales éstos podrían ya haberse recuperado para pasar a ser perfectamente solventes.
Su objetivo podría contradecir la LOPD
FACUA alerta de que el Gobierno podría contradecir la propia ley de protección de datos si, tal como se ha dado a conocer, mantiene como objetivo de la enmienda evitar que los propietarios “contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral”.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece en su artículo 29.4 que sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados “siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. Además, el propietario de este tipo de registros está obligado a notificar de su inclusión a las personas afectadas y a acreditar en todo momento la existencia de la deuda, apostilla FACUA.

Facua ve “injusto” crear un registro de inquilinos morosos en plena crisis

MUCHASCASAS.NET.-considera injusta la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler sin tener en cuenta las dificultades de la actual coyuntura económica. La asociación ve “aberrante” que los arrendadores vayan a tener acceso a un listado en el que puedan aparecer registradas personas que no hayan podido hacer frente a sus rentas de alquiler de forma puntual.
El pasado mes de febrero el PP presentaba en el Congreso 18 enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, una de las cuales recogía la creación de un registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler con los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral. Para FACUA se trata de una medida totalmente desproporcionada si se tiene en cuenta que “los caseros ya están capacitados para exigir numerosas garantías a los inquilinos a través de avales, depósitos y fianzas, e incluso cuentan con la posibilidad de recurrir al desahucio exprés o de exigir judicialmente las rentas impagadas”.
La asociación se pregunta por qué el Gobierno no plantea la creación de un registro de caseros incumplidores o acosadores, en lugar de inclinar siempre la balanza en contra de la parte más débil. Asimismo tilda de excesivo el plazo establecido de seis años de permanencia en estos ficheros para los supuestos infractores, en el transcurso de los cuales éstos podrían ya haberse recuperado para pasar a ser perfectamente solventes.
Su objetivo podría contradecir la LOPD
FACUA alerta de que el Gobierno podría contradecir la propia ley de protección de datos si, tal como se ha dado a conocer, mantiene como objetivo de la enmienda evitar que los propietarios “contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral”.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece en su artículo 29.4 que sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados “siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. Además, el propietario de este tipo de registros está obligado a notificar de su inclusión a las personas afectadas y a acreditar en todo momento la existencia de la deuda, apostilla FACUA.

Facua denuncia que la banca se queda con pisos al 50% del valor de tasación

Facua-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno que acabe con la “trampa legal” que está utilizando la banca para quedarse con viviendas de familias desahuciadas a menor precio ya que determinadas entidades se apropian de inmuebles por sólo el 50% del valor de tasación utilizando a una filial que puje por debajo en la subasta. El Ejecutivo socialista aprobó hace un año el Real Decreto-ley 8/2001, de 1 de julio, que elevó hasta el 60% del valor de tasación reconocido en la escritura el precio mínimo por el que los bancos, ante el impago de la hipoteca, pueden adjudicarse las viviendas que salen a subasta pública si ésta queda desierta. Facua considera que este porcentaje es “ridículo para beneficio de la banca, aunque antes era todavía más bajo, el 50%”. “Si en lugar de quedar desierta, alguien puja en la subasta, el banco se queda con la vivienda con sólo mejorar la oferta alcanzando el 50% del valor de tasación. Así que si a la entidad le interesa quedarse con el piso, hace que lance una oferta una filial, como otro banco, una inmobiliaria, una aseguradora, una entidad de tasación…” denuncian los representantes de los consumidores. “Es el resquicio legal que ha encontrado la banca para saltarse la reforma del artículo 670.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil introducida por el citado Real Decreto-ley, que permite al ejecutante de la hipoteca quedarse con el bien subastado por el 50% más un céntimo, siempre que mejore la oferta de otro aspirante. Un aspirante que en estos casos en realidad es el mismo banco bajo otra personalidad jurídica”. Ante esta situación Facua reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy que proteja los intereses de las familias desahuciadas introduciendo, entre otras medidas, un cambio en la norma aprobada el año pasado para que el valor mínimo por el que se adjudiquen los bancos las viviendas sea el mismo haya o no ofertas en las subastas. Valor que, señala, “debería ser muy superior al 60%, ya que éste deja a los usuarios en una grave situación de inferioridad frente a las entidades financieras. Y es que en muchísimos casos les exigen además que sigan pagando cantidades adicionales más allá de las costas que les haya supuesto la ejecución hipotecaria, argumentando que la cantidad por la que se adjudica la vivienda es muy inferior a la deuda pendiente”.

Facua: la reforma del alquiler “fomentará la especulación”

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012 • Facua-Consumidores en Acción considera “lamentable” la reforma que pretende aprobar el Gobierno para impulsar el mercado del alquiler de viviendas en España. Con el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas “no se fomentarán los arrendamientos, sino la especulación inmobiliaria”, denuncia Facua. La Asoción señala que las medidas del Gobierno “facilitarán que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones“ y ”los inquilinos ya no podrán tener la tranquilidad de que sus contratos de alquiler de vivienda puedan extenderse hasta un mínimo de cinco años, como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, sino sólo tres. Además, las prórrogas en estos contratos se verán reducidas de los tres años fijados en dicha norma a nada más que uno”. Se trata, denuncia Facua de un “nuevo recorte de derechos para los usuarios” ya que “hasta ahora, los contratos fijaban una renta, actualizable conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) durante los primeros cinco años. Con los cambios que quiere introducir el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tras el tercer año el propietario podrá plantear que finaliza el contrato y quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más por la vivienda o imponerle a aquél una renta muy superior”. Facua consicera que la reducción de las prórrogas a sólo un año frente a los tres vigentes en la actualidad supondrán también una enorme inseguridad para los arrendatarios de vivienda. Así, añade la organización de consumidores, “tendrán durante doce meses la incertidumbre de si tendrán que buscar otra vivienda en breve o el propietario les exigirá una gran subida para permanecer en el inmueble. Y es que con la legislación vigente desde mediados de los 90, las prórrogas de tres años también implicaban la actualización de las rentas conforme al IPC”.