Los pisos en venta o alquiler deben tener ya un certificado de eficiencia energética

Los propietarios que no cuenten con este certificado podrían hacer frente a sanciones de más de 6.000 euros. Las viviendas en venta o alquiler con duración superior a los cuatro meses deberán contar desde este 1 de junio con un certificado de eficiencia energética, sin el que los propietarios podrían ser sancionados con más de 6.000 euros, según lo dispuesto en el Real Decreto aprobado a tal efecto por el Gobierno en abril.

LAEDICION.NET.-El Gobierno aprobó el pasado 5 de abril el Real Decreto que establecía la obligatoriedad de este certificado y, posteriormente, el PP introdujo vía enmienda en el proyecto de Ley de reforma de la rehabilitación -en trámite parlamentario en el Senado- un listado de sanciones que van desde los 300 euros a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, de los 601 a los 1.000 euros en el de las graves y de los 1.001 a los 6.000 euros para las muy graves.

Así, se entenderá por falta leve el no mencionar el certificado en la oferta de la vivienda o incumplir la normativa relativa a su renovación; será grave cuando no se presente el certificado ante la comunidad autónoma para que quede registrado o cuando no se entregue al comprador o al inquilino; y, finalmente, se considerará muy grave no contar con el certificado o haber falseado información para obtenerlo.

No obstante, la enmienda contempla también sanciones superiores a los 6.000 euros "en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones en cada caso señaladas", en cuyo caso "la sanción se impondrá por un importe equivalente al del beneficio así obtenido". Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, un documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

Como herramienta para facilitar la obtención de estos certificados, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) ha elaborado los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores. Además, el IDEA se ha encargado de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X.

 La norma forma parte de un paquete de medidas aprobadas a comienzos de abril por el Gobierno relativas al apoyo a la vivienda y a la rehabilitación, y tiene como objeto trasponer a la legislación española la directiva comunitaria acerca del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

El Parlamento pide suspender el impuesto de plusvalías en casos de dación

LAEDICION.NET.-La Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales dio luz verde , con los votos a favor del PSOE e IU y la abstención del PP-A, una proposición no de ley presentada por los socialistas en la que reclama la suspensión cautelar de las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía, a los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de la vivienda única y habitual para que no repercuta en los afectados en estos procesos.

El Parlamento se pronuncia así a favor de completar la modificación del artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para "hacer extensiva a todas las adjudicaciones hipotecarias de vivienda única y habitual y las entregas como dación en pago, la modificación introducida por el artículo 9 del Real Decreto Ley 6/2012, por el que el sujeto pasivo sustituto del contribuyente pasa a ser la entidad adquirente del inmueble".

La diputada del PSOE Micaela Navarro explicó que en dicha reforma "se atribuía la condición de sustituto del contribuyente, sin posibilidad de repercusión, al acreedor de la hipoteca que recibe el inmueble en pago de la deuda o promueve el proceso de ejecución, liberando así al sujeto pasivo de la carga de sufragar el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía".

Mientras se modifica dicha norma, Navarro ha defendido la necesidad de "acordar la suspensión cautelar de las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a los sujetos pasivos en los casos de dación en pago y ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual" con el objetivo de evitar "un caso flagrante de injusticia tributaria".

Los pisos en venta o alquiler deben tener ya un certificado de eficiencia energética

Los propietarios que no cuenten con este certificado podrían hacer frente a sanciones de más de 6.000 euros. Las viviendas en venta o alquiler con duración superior a los cuatro meses deberán contar desde este 1 de junio con un certificado de eficiencia energética, sin el que los propietarios podrían ser sancionados con más de 6.000 euros, según lo dispuesto en el Real Decreto aprobado a tal efecto por el Gobierno en abril.

LAEDICION.NET.-El Gobierno aprobó el pasado 5 de abril el Real Decreto que establecía la obligatoriedad de este certificado y, posteriormente, el PP introdujo vía enmienda en el proyecto de Ley de reforma de la rehabilitación -en trámite parlamentario en el Senado- un listado de sanciones que van desde los 300 euros a los 600 euros en el caso de las infracciones leves, de los 601 a los 1.000 euros en el de las graves y de los 1.001 a los 6.000 euros para las muy graves.

Así, se entenderá por falta leve el no mencionar el certificado en la oferta de la vivienda o incumplir la normativa relativa a su renovación; será grave cuando no se presente el certificado ante la comunidad autónoma para que quede registrado o cuando no se entregue al comprador o al inquilino; y, finalmente, se considerará muy grave no contar con el certificado o haber falseado información para obtenerlo.

No obstante, la enmienda contempla también sanciones superiores a los 6.000 euros "en los casos en que el beneficio que el infractor haya obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones en cada caso señaladas", en cuyo caso "la sanción se impondrá por un importe equivalente al del beneficio así obtenido". Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, un documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios.

Como herramienta para facilitar la obtención de estos certificados, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) ha elaborado los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores. Además, el IDEA se ha encargado de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X.

 La norma forma parte de un paquete de medidas aprobadas a comienzos de abril por el Gobierno relativas al apoyo a la vivienda y a la rehabilitación, y tiene como objeto trasponer a la legislación española la directiva comunitaria acerca del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

Ley de arrendamientos rústicos

Ley de arrendamientos rústicos

Se considerarán arrendamientos rústicos aquellos contratos mediante los cuales se ceden temporalmente una o varias fincas, o parte de ellas, para su aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal a cambio de un precio o renta.

Concepto: 

Se detallan aspectos:
- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
- CAPÍTULO I: Disposiciones generales.
- CAPÍTULO II: Partes contratantes.
- CAPÍTULO III: Forma.
- CAPÍTULO IV: Duración del arrendamiento.
- CAPÍTULO V: Renta.
- CAPÍTULO VI: Gastos y mejoras.
- CAPÍTULO VII: Enajenación y subarriendo.
- CAPÍTULO VIII: Terminación del arrendamiento.
- CAPÍTULO IX: De las aparcerías.
- CAPÍTULO X: Normas procesales.

Base legal: 

LEY 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos.
LEY2003-49-42239-42246.pdf
LEY 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
LEY2005-26-39414-39418.pdf
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2005, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.
RES2006-11037.pdf
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad a los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2006, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos
RES2007-10994-10995.pdf

 

 

 

 

 

Los desahucios descienden en el primer trimestre de 2013 hasta menos de 20.000

 

·  Según el Poder Judicial, de enero a marzo 19.468 inmuebles fueron desalojados.

·  Los desahucios bajaron un 4,7% y las ejecuciones hipotecarias un 13,9%.   Sea por la nueva ley, por la presión de la PAH o por un cambio en el comportamiento de la banca, lo cierto es que las ejecuciones y desahucios han descendido en el primer trimestre del año. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), los desahucios en el primer trimestre fueron menos de 20.000.

El número de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre del año alcanzó las 21.272, un 13,9% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según el Poder Judicial. Además, por primera vez, se cuenta con datos del número de lanzamientos practicados, que en el primer trimestre ascendieron a 19.468.

De este total de lanzamientos, el 37,5% se derivan de ejecuciones hipotecarias, el 57,7% de la Ley de Arrendamientos Urbanos (sobre inmuebles en alquiler) y el 4,8% de otras causas.

Una de las causas es la aprobación del Código de Buenas Prácticas BancariasExplica el CGPJ que un lanzamiento no equivale al desahucio de una familia de su vivienda, ya que estos lanzamientos no solo afectan a pisos y casas. Además, la solicitud del servicio común no significa que éste lo haya ejecutado.

El informe del Poder Judicial apunta a las razones de esta disminución: "Una de las causas de esta disminución puede encontrarse en la aprobación del Código de Buenas Prácticas Bancarias".

El CGPJ considera que el menor número de desalojos se debe a que el Real Decreto-ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios implica la suspensión de los lanzamientos de viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía representó el 22,5% del total, seguido de Cataluña (21,4%), la Comunidad Valenciana (13,2%) y Madrid (10,1%).

En lo que respecta a los lanzamientos solicitados, alcanzaron los 16.521 en los tres primeros meses del año, un 15,8% menos que en 2012. De estos, terminaron con cumplimiento positivo 10.074, un 23,3% menos.

CERTIFICADO ENERGÉTICO.

MUCHASCASAS.NET.-A partir del 1 de junio de 2013 es obligatorio para cualquier edificio o unidad (existente o nuevo) que se venda o alquile a un nuevo arrendatario superiores a 4 meses y que se eleven a público; tanto en vivienda, local de negocio u oficina, a parte de los documentos necesarios hasta ahora (contrato, certificados de libre de cargas, etc...) un nuevo documento CERTIFICADO ENERGÉTICO.

Este documento consiste en analizar la envolvente térmica del edificio o vivienda y las instalaciones interiores del mismo, de tal manera que obtendremos una calificación energética que irá de la A hasta la G (igual que la disponen los electrodomésticos), y que el propietario deberá registrar en el organismo competente de la comunidad autónoma.

El certificado, deberá incluir además de la calificación energética del edificio, información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y en el caso de edificaciones existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o parte de este.

Validez de la certificación

Una vez obtenido el certificado, independientemente del resultado, el documento entregado tendrá una validez de 10 años, tras los cuales habrá que renovarlo para que refleje las posibles obras de mejora que se hayan hecho en el edificio, local o vivienda.

Este certificado incide en la buena imagen del edificio, vivienda y local, que indica que la persona u organismos propietarios del mismo tienen conciencia ecológica y están a la vanguardia de las últimas tecnologías en cuanto a materiales y técnicas se refiera para conseguir una calificación mejor.

Quizás en este tema, puede ser interesante y beneficioso para ambos, este documento es imprescindible y obligatorio para la venta de la vivienda.

Se incluyen unos precios orientativos en función de las distintas  superficies, si bien existirán casos que se saldrán de esta tabla y que tendrán que ser presupuestados previamente:

Los honorarios para este tipo de trabajos serían:

CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS de VIVIENDAS EN EDIFICIOS, VIVIENDAS ADOSADAS/  AISLADAS.

Tamaño de la propiedad             Honorarios

         0   –   50 m2 ----------------------156,00 €

         51 – 100 m2 ----------------------192,00 €

       101 – 200 m2 ----------------------260,00 €

       201 – 300 m2 ----------------------360,00 €

    Más de 300 m2 ---------------------- A determinar

Precios no incluyen IVA

El Congreso aprueba una reforma del mercado de alquiler que atenta contra la seguridad jurídica de los inquilinos

El Congreso de los Diputados aprueba hoy una reforma en materia de alquiler que supone un nuevo golpe al derecho a la vivienda. Con la fórmula "dinamizar el mercado de alquiler" el Congreso de los Diputados aprueba una nueva vulneración del derecho a la vivienda: la reforma de la ley de alquiler debilitará aún más la posición de los inquilinos, criminalizará los impagos por razones de necesidad y facilitará los desahucios exprés.

En el actual contexto de crisis los desalojos por impago de la hipoteca y los desalojos por impago de alquiler son dos caras de una misma moneda: la vivienda como mercancía. A la tragedia de los desahucios por ejecuciones hipotecarias se añadirá la de aquellas personas y familias que, en el contexto de la crisis, son incapaces de pagar el alquiler. El Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Vivienda modifica la legislación de arrendamientos urbanos y la legislación de enjuiciamiento civil sin tener en cuenta la condición socio-económica de los inquilinos. La reforma tiene dos finalidades básicas:

·                 Reducir de 5 a 3 años el contrato de alquiler y facilitar los incrementos ilimitados de la renta. Cada tres años se podrán producir subidas indiscriminadas de la renta o se podrá cancelar el contrato de alquiler sin tener que justificar la necesidad de recuperar la vivienda. La consecuencia para las unidades familiares es de gran inseguridad ya que difícilmente podrán proyectarse de forma mínimamente estable en un hogar por periodos de 3 años. Además, la reforma desvincula la actualización de la renta del aumento del Índice de Precios al Consumo, IPC, y prevé que arrendador y propietario decidan "libremente" qué criterio aplicar. Después de ver los abusos generados por la supuesta libertad contractual en el ámbito hipotecario, no sería de extrañar la firma de contratos de alquiler con criterios de actualización de la renta manifiestamente inalcanzables. A ello se suma la incorporación de nuevos motivos que posibilitan la interrupción del contrato de alquiler y que significan una mayor vulnerabilidad del inquilino.

·                 Permitir los desahucios por impago de un solo mes de alquiler y crear un registro de morosos - "registro de sentencias firmes de impago de alquiler" - en el que durante 6 años constarán los datos de las personas que no han satisfecho las rentas del alquiler. El registro vulnera el derecho a la intimidad y la protección de datos y condenará las personas afectadas a la exclusión habitacional y supone un paso más en la criminalización de las personas afectadas por la crisis.

La propuesta de reforma no hace ninguna mención a la situación de las familias que con motivo de la crisis ven materialmente imposible pagar el alquiler. Tampoco establece ninguna diferencia entre los impagos que afectan a grandes propietarios y entidades financieras y los impagos de alquiler que repercuten en pequeños propietarios.

La reforma, finalmente, establece privilegios inaceptables para los grandes grupos económicos y financieros que especulan con este bien de primera necesidad, a quienes se privilegia con importantes deducciones fiscales.

En el contexto actual, una política de este tipo resulta suicida y se aleja notablemente de las prácticas de los países más avanzados en la materia, donde además de disponer de un parque de vivienda social de alquiler en el que alojar a las personas empobrecidas, se contemplan medidas de intervención en el mercado privado de alquiler. Esto es lo que sucede en Francia, por ejemplo, donde el 20% del parque inmobiliario son viviendas sociales de alquiler, y donde se prohíben los desalojos durante el invierno. En Alemania, por su parte, existen límites a los precios del mercado privado de viviendas que impiden procesos especulativos como los que se han vivido en el estado español.

Para "dinamizar el mercado de alquiler” bastaría con forzar el alquiler social de las viviendas en manos de grandes propietarios y de entidades financieras, cuando menos de las que están siendo apuntaladas con recursos públicos. Las mismas entidades bancarias reconocen tener en propiedad más de un millón de viviendas vacías.

El Observatorio DESC y la PAH denuncian la reforma aprobada por el Congreso de los Diputados como una grave vulneración del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado español e instan a los poderes públicos a emprender acciones para garantizar este derecho fundamental.

La nueva Ley de Emprendedores permitirá montar una empresa en solo 24 horas y con un coste de 40 euros

El director general de Industria y de la Pyme, Manuel Valle, ha dicho que la Ley de Emprendedores que prepara el Gobierno incluirá la posibilidad de constituir una empresa por vía telemática en 24 horas con un coste de 40 euros.
En un debate organizado por la iniciativa "¡¡España Emprende!!", en la que participa el Círculo de Empresarios y más de 100 empresas y particulares, Valle ha explicado también que el último borrador del anteproyecto de la ley prevé un mecanismo de resolución extrajudicial como vía alternativa al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en la línea de facilitar la segunda oportunidad empresarial.
Para que el proceso de liquidación sea más rápido y sencillo, según el director general, la nueva norma permitirá a los emprendedores que hayan fracasado un sistema al margen de los tribunales, basado en la negociación con los proveedores.

Responsabilidad limitada

Asimismo, el representante del Gobierno ha destacado la creación de la figura del empresario de responsabilidad limitada, una medida pensada sobre todo para que los autónomos no tengan que constituir una sociedad limitada para "salvar la casa y el coche".
Respecto a las medidas fiscales, Valle ha dicho que el último borrador incorpora incentivos a la I+D, a la internacionalización y a los conocidos como "business angels" (inversores que apuestan por nuevos proyectos).
Según ha explicado, el anteproyecto de la ley podría aprobarse a finales de abril o en mayo.
"Tenemos claro quién paga los impuestos y quién nos paga los sueldos, al contrario que otros gobiernos", ha comentado Valle tras reafirmar la voluntad del ejecutivo de apoyar a la empresa y a los emprendedores.

Visado para emprendedores

Por su parte, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, ha repasado las principales medidas propuestas por la iniciativa "¡¡España Emprende!!" para su inclusión en la futura ley, como un visado para emprendedores, el fomento de la cultura emprendedora o un fondo de capital público-privado para los emprendedores.
"Tenemos que evitar que nuestros emprendedores se nos escapen a Silicon Valley o a Londres", ha dicho De Oriol, que ha urgido al Gobierno a bajar los impuestos al trabajo.
De Oriol ha asegurado que lo que necesitan los empresarios es que se acabe con la suma de regulaciones, "una maraña que impide que fluyan las medidas emprendedoras", del mismo modo que ha comentado que "en España no hay miedo al fracaso, sino realismo" en referencia a la parálisis en la que se sumen los emprendedores que fracasan.

El Gobierno aprueba un plan integral de vivienda y suelo

LAEDICION.NET.-El objetivo del Plan es facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos, apoyar el alquiler, fomentar la rehabilitación y mejorar la eficiencia energética de los edificios. El Ejecutivo también ha aprobado el Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2013-2016.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Además, ha aprobado el Plan Estatal de Viviendas 2013-2016 que, junto con la nueva Ley de Fomento del Alquiler, suponen un cambio de modelo en la política de vivienda.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado que el Plan es una medida clave de impulso económico y servirá para generar crecimiento y empleo. En este sentido, la ministra de Fomento, Ana Pastor ha pronosticado que se crearán 105.000 puestos de trabajo en cuatro años.
El plan contará con una inversión de casi 2.500 millones de euros: 1.500 para facilitar el acceso a la vivienda y 627 para rehabilitación, regeneración y eficiencia energética.
Ana Pastor ha asegurado que las reformas aprobadas suponen un cambio de modelo en la política de vivienda en España, facilitan el acceso a la vivienda a los sectores de la población con menos recursos, fomentan la rehabilitación residencial, posibilitan la reactivación del sector de la construcción, mejoran los problemas de accesibilidad de los edificios, sientan las bases para reducir la factura energética de los hogares y se otorgan incentivos al sector privado para que colabore en la reactivación del sector de la construcción.

Novedades

Entre las novedades de la futura Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, la ministra de Fomento ha señalado que se deroga la Inspección Técnica de Edificios y se sustituye por un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) que será obligatorio para bloques de más de 50 años a partir del año 2019.
Por otra parte, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016  tiene como fin facilitar una vivienda digna a los colectivos más desfavorecidos. Las personas afectadas en los procedimientos de desahucios tendrán preferencia en el acceso al programa de ayuda al alquiler.
Respecto al alquiler, Ana Pastor ha subrayado que la concesión de las ayudas se hace de forma más equitativa, teniendo en cuenta la renta de la "unidad de convivencia" en una vivienda. El programa de ayudas permitirá alcanzar más de 133.000 beneficiarios frente a los 80.000 actuales.
También ha destacado que se fomentará la rehabilitación de inmuebles construidos antes de 1981. Se concederán ayudas de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación.

Medidas adicionales

La ministra ha anunciado, entre otras, la aprobación de una Línea ICO, dotada con 1.000 millones de euros, para la rehabilitación de viviendas y edificios en 2013 para acometer proyectos de rehabilitación o reforma de viviendas y edificios. La Línea IDAE, dotada con 100 millones, promoverá medidas de eficiencia energética y utilización de las energías renovables en los edificios de uso residencial.
A partir del 1 de junio será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios un certificado de eficiencia energética. Este documento, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas del mismo.

Infancia y Adolescencia

El Gobierno ha aprobado el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, que está dotado con 5.159 millones de euros para los próximos cuatro años.
La vicepresidenta ha señalado que el plan trata de "reforzar la protección de los menores en distintos ámbitos, especialmente en situaciones de violencia y de mayor vulnerabilidad".
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que la infancia y la adolescencia son una prioridad para el Gobierno y por eso el Plan de Infancia aprobado hoy es "el más ambicioso de la democracia".
Mato ha precisado que se concreta en ocho objetivos y 125 medidas que tienen como finalidad "mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los menores, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, y favorecer el pleno desarrollo de sus capacidades". En el plan se recogen los derechos de los menores y también sus obligaciones acordes con su edad.
La ministra ha explicado que se consolidará el Registro Unificado de Maltrato Infantil y el Registro de Casos de Explotación Sexual Infantil como herramientas para combatir estos abusos. Asimismo se aprobará un Plan Integral de atención para los menores de tres años con graves discapacidades con el fin de facilitar su atención temprana y la rehabilitación.
Ana Mato ha anunciado que la edad para contraer matrimonio se situará en los 18 años, y para los menores emancipados pasa de los 14 a los 16. La edad consentimiento sexual se elevará, de acuerdo con el Parlamento, para evitar la explotación sexual y la pederastia.
Con este mismo objetivo, se reforzarán los sistemas de seguridad en Internet y se introducirán nuevos tipos delictivos en el Código Penal, como el "ciberacoso".
Por otra parte, la norma prioriza el acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente en los menores de tres años en situación de desamparo para que se integren en una familia sin tener que pasar previamente por un centro de protección de menores. "Queremos priorizar las soluciones familiares frente a las institucionales, las permanentes frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas", ha dicho Mato.
La ministra también ha anunciado la presentación de un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil, y ha asegurado que se garantizará la protección de los hijos de las víctimas de violencia de género. También se reforzará el papel de las familias, las escuelas y los educadores para evitar el vandalismo juvenil.
El Plan incluye además medias para prevenir el fracaso y el absentismo escolar, homogeneiza la edad de acceso al consumo de alcohol en los 18 años, y establece que los menores podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los 18 años, y no hasta los 14 como ahora.
La ministra ha asegurado que el Plan constituirá "un marco de trabajo muy valioso para articular, en clave de presente y de futuro, las políticas de infancia en nuestro países, de una manera integrada y transversal".

Asuntos de actualidad

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que desde hace unos dos meses se está trabajando con la Casa Real para incluir a esta institución en el ámbito de aplicación de la futura Ley de Transparencia, con un tratamiento similar a otras instituciones y "con particularidades" acordes con su naturaleza y atendiendo igualmente a lo que dice la Constitución.
Ha destacado que en todo momento la Casa del Rey "ha participado muy activamente" en el proceso y se ha contado con su "absoluta colaboración y disposición". Respecto del pago de asistencia letrada a la infanta Cristina, Sáenz de Santamaría ha asegurado que la administración del Estado "no va a pagar esa defensa, ni la van a realizar los servicios jurídicos del Estado".
Ana Mato ha dicho que el Ejecutivo está trabajando en la reforma de la Ley de interrupción del embarazo, con el objetivo, entre otros, de adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional y, especialmente, a la protección de las menores.
Ana Pastor, tras comentar la difícil situación en que encontró la explotación de las autopistas, entre otros motivos, por la alta valoración de las expropiaciones, la existencia de un importante déficit y de facturas pendientes, ha afirmado que el objetivo de su Departamento es hacer viable el funcionamiento de la red de autopistas.

 

 

 

aprobado el certificado energético obligatorio para vender o alquilar viviendas a partir del 1 de junio

el certificado energético será obligatorio a partir del próximo 1 de junio

el consejo de ministros ha aprobado el certificado energético que será obligatorio para los propietarios que quieran vender o alquilar su vivienda a partir del próximo 1 de junio, tal y como ya adelantó MCsegún el ministerio de fomento, el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética y que, en general, las viviendas en españa consumen el 17% de toda la energía del país
dentro de la política de apoyo a la vivienda y rehabilitación y dando cumplimiento con la normativa comunitaria, el consejo de ministros ha aprobado el real decreto para la certificación de eficiencia energética de los edificios existentes
este documento será exigible en dos meses “para los contratos de compraventa o arrendamiento”. la nueva fecha del 1 de junio supone un retraso respecto al 1 de enero pasado que figuraba en el borrador anterior. por tanto a partir de junio será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética
este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de este, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía
programas informáticos del idae
como herramienta para facilitar la obtención de dichos certificados, por mandato del ministerio de industria, energía y turismo y del ministerio de fomento, el idae ha elaborado los programas informáticos ce3 y ce3x, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores
además, el idae se ha encargado de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas ce3 y ce3x. finalmente, idae se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente
obligaciones para las administraciones públicas
igualmente, y como actuación ejemplarizante de las administraciones públicas, el real decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética
así, el complejo cuzco que alberga a los ministerios de industria, energía y turismo, economía y competitividad y parte de hacienda y administraciones públicas, ya ha sido calificado mediante el programa informático de referencia obteniendo la calificación energética c

 

el gobierno aprueba el anteproyecto de ley de rehabilitación para mejorar la calidad de las viviendas

el consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. el gobierno busca con esta norma rehabilitar edificios o regenerar zonas urbanas. según el ministerio de fomento, de los 26 millones de viviendas que hay en españa, 15 millones tienen más de 30 años y casi 6 millones tienen más de 50 años
el ministerio de fomento pone el acento en que en los últimos años el sector se ha volcado fundamentalmente en la construcción de nuevas viviendas, con lo que se ha aparcado la rehabilitación de vivienda usada. a esto se une la distancia que separa el parque edificado en españa de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades
cerca del 60% de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética (la primera es de 1979), lo que sitúa a españa en una posición difícil de cara al cumplimiento de los compromisos con europa (estrategia europea 2020). además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, cuatro millones aún no tienen ascensor y un porcentaje muy elevado de viviendas se encuentra en deficiente situación de conservación
entre las novedades más relevantes de la nueva ley destacan las siguientes:
1. la configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio urbano, y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones básicas de igualdad que al estado compete establecer
2. la regulación básica de un informe de evaluación de los edificios, que trata de superar las insuficiencias de la inspección técnica de edificios (ite), demandada por el estado a partir del real decreto ley 8/2011
este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la certificación de la eficiencia energética. esta última, con un mero carácter informativo, y con independencia de que alguna de las viviendas del edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler
el informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de cincuenta años y siempre que no hayan pasado ya la inspección técnica de edificios de conformidad con su propia regulación
3. se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación
4. se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible. de manera especial, se introduce la figura de "la memoria de viabilidad económica" que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas
5. se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la ley de propiedad horizontal. así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las administraciones públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con algunas de ellas en la vigente regulación de la propiedad horizontal

La nueva legislación sobre hipotecas pondrá un tope del 6% a los intereses de demora

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-En la nueva Ley Hipotecaria que el Gobierno debatirá el próximo miércoles en el Congreso, dentro de las medidas que está preparando el Ejecutivo para limitar el impacto de la crisis sobre los propietarios de una vivienda, se incluirá un tope máximo del 6% para los intereses de demora que cobran las entidades. Además, el plazo no podrá superar la edad de jubilación y se regulará un procedimiento para evitar la subasta del inmueble.
Los intereses de demora son el porcentaje adicional que los bancos cobran por el retraso en pagar las letras de la hipoteca. Están regulados en la escritura del crédito, al igual que el resto de condiciones, con la particularidad de que la cantidad a abonar a la entidad y al juzgado se calcula sobre el crédito completo y no sobre el dinero adeudado.
Hasta ahora, la legislación no contemplaba ningún tipo de regulación a estos intereses moratorios, que pueden suponer un incremento de entre el 20 y 35% sobre la deuda pendiente. Pero con la modificación que estaría preparando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, no podrán superar el interés legal del dinero, situado en el 4%, al que las entidades no podrán añadir un recargo de más de dos puntos porcentuales.
El objetivo es “mejorar la posición del deudor”, siempre sobre la vivienda habitual, en medio de una oleada de desahucios que afectan a miles de familias y mientras arrecian las críticas contra las condiciones del mercado hipotecario.
Otro de los cambios que presentará Moncloa es el de recortar aún más el plazo máximo de amortización de la hipoteca, que “no podrá exceder de la edad legal de jubilación del deudor”. En la actualidad tampoco existe ningún tipo de límite a los años durante los que se puede extender un préstamo a la compra de una vivienda, aunque según los datos del Banco de España la media es de 23 años.
Por último, el Ejecutivo plantea una solución extrajudicial que pueda evitar la subasta de un inmueble afectado por la ejecución de la hipoteca. Se permitirá una tasación independiente que prevalezca sobre la realizada por la entidad. Además, se permitirá alcanzar un acuerdo con un comprador al margen del banco, siempre que el interesado ofrezca como mínimo el 70% del importe fijado por la tasadora independiente.
En cuanto a la dación en pago, el jueves la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió que el Congreso admita a trámite una iniciativa legislativa popular sobre la ley hipotecaria, tras entregar un total de 750.000 firmas, por lo que la Cámara Baja tendrá que debatir la cuestión de la entrega de vivienda para saldar la deuda. Sin embargo, esta iniciativa no entra en los planes del Gobierno todavía.

 

 

 

Un alquiler social etéreo

El alquiler social incluido en el reciente Real Decreto Ley de medidas anti-desahucio es más bien etéreo. La idea es que los desalojados por impago de hipotecas puedan acceder a un fondo social de viviendas en alquiler. Pero quedan en el aire muchas cuestiones claves: cuánto tendrán que pagar de alquiler, cuántos pisos habrá, quién los gestionará …

Pedro Hernández del Olmo, abogado y experto de La Comunidad, ya ha analizado la redacción de este futurible alquiler social   en el Real Decreto y vaticina que se trata más bien de un brindis al sol:

“Cada vez que el omnipresente Estado decide intervenir en ese sencillo funcionamiento [del alquiler de viviendas] produce distorsiones que duran años y años … La última actuación por el momento está contenida en el Real Decreto Ley 27/2012, publicado recientemente en el que tras ordenar la paralización de determinados desahucios se hace éste, a mi juicio, ‘brindis al sol’” [+info  ]

Pero … qué es lo que dice sobre el alquiler social exactamente el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Esto:

“Este real decreto-ley incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos.”

Y la Disposición Adicional Única especifica este Fondo Social de Viviendas.

“Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en el artículo 1 del presente real decreto-ley. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.”

Lo que queda claro es quiénes podrán acceder a este alquiler social, lo dice el artículo 1 del Real Decreto Ley:

“Artículo 1. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

1. Hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias económicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.”

Y se entiende que solo podrán acceder a este alquiler social los que se queden sin casa a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.

Cuánto se tendrá que pagar por este alquiler social

El Real Decreto Ley no establece cuánto tendrán que pagar estas familias desalojadas por su nuevo alquiler social, solo dice que se facilitarán: “contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.”

Quién gestionará el alquiler social

Tampoco queda claro cómo se gestionará el parque de viviendas en alquiler social, si los bancos cederán los pisos al Estado y éste los gestionará o serán los bancos los encargados de hacerlo …

Cuántas viviendas en alquiler social habrán

Tampoco se sabe cuántas viviendas se dedicarán a este alquiler social, ¿todas las que sean necesarias para cubrir las necesidades de las familias desalojadas que cumplan los requisitos? ¿en su propio lugar de residencia? … El Real Decreto Ley solo dice: “este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas”

O sea, que todavía quedan muchos puntos que aclarar, cuantificar o especificar, pero ¿cuándo se hará?

Otros ya se han puesto manos a la obra

Mientras el Fondo Social de Viviendas del Real Decreto Ley toma forma y se concreta en una oferta real, ya hay otros que se se han puesto manos a la obra. En la provincia de Barcelona, hay una entidad financiera que ha prometido ofrecer pisos en la provincia de Barcelona a Cáritas para dedicarlos a alquiler social de familias que no pueden acceder al mercado libre por motivos económicos.

Los inmuebles están situados en las localidades de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa y Sabadell, y se pueden ir incorporando más pisos en el futuro. Cuentan con una superficie de entre 40 y 70 metros cuadrados y una renta de unos 170 euros mensuales de media, en función de la localidad y tipología.

Y hay más casos que conocemos:

Madrid – Rebajará el alquiler a más de 4.000 familias que viven en pisos protegidos  
Son 4.472 las familias adjudicatarias de pisos protegidos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid las que disfrutarán de una rebaja en su alquiler. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ha destinado un nuevo gasto de 922.665 euros para llevar a cabo este proyecto.

Comunidad Valenciana – 1.200 casas para familias desahuciadas  
Serán unas 1.200 casas las que la Generalitat Valenciana pondrá a disposición de familias desahuciadas. Así lo ha anunciado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. Se hará a través de su Programa Alquila Plus que está dirigido especialmente a las familias que han perdido su vivienda.

Barcelona – También quiere alquiler social de pisos embargados  
El Ayuntamiento de Barcelona inició negociaciones con La Caixa y CatalunyaCaixa la cesión de 107 pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias y poder ofrecerlos en alquiler social, es decir, cobrar un alquiler asequible por las viviendas.

Badalona – Ofrece alquiler social de pisos embargados  
Ya son más de 1.500 personas las que se han apuntado para acceder a un piso embargado que el Ayuntamiento de Badalona ahora ofrece con un alquiler social que va de 140 a 220 euros al mes. Este proyecto es fruto de un acuerdo del consistorio con CatalunyaCaixa y en menos de quince días se han cerrado ya las inscripciones para acceder a una de las 43 viviendas ofertadas.

Aunque también conocemos otros casos donde el dinero para ayudas al alquiler escasea (Gijón  ) o donde la solidaridad ciudadana triunfa (l’Hospitalet de l’Infant  ).

 

 

 

El gobierno modificará la ley para que los banqueros condenados puedan dirigir entidades

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-el ministerio de economía ha puesto a consulta un real decreto en el que se suavizan los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno de la banca. así, la condición de condenado por delitos dolosos no será motivo suficiente para impedir que un ejecutivo sea banquero. el banco de españa será el responsable de juzgar si alguien cumple o no estas condiciones
de este modo si alguno de los candidatos está incurso en proceso penal, se debe analizar “si la condena o sanción es o no firme; la gravedad de la condena o sanción impuesta y la tipificación de los hechos que motivaron la condena". fuentes jurídicas señalan que este cambio legal podría beneficiar al consejero delegado de santander, alfredo sáenz, en el caso de que prosperase el actual recurso contra su indulto

2012 acaba sin aprobarse el certificado de eficiencia energética obligatorio para vender o alquilar viviendas

MUCHASCASAS.NET.-cada vivienda en venta o alquiler tendrá que conocer su 'eficiencia energética'

el certificado de eficiencia energética  , un documento obligatorio para vender o alquiler en españa una vivienda en 2013, sigue aún pendiente de enviarse al consejo de ministros para su aprobación definitiva. las reacciones no se han hecho esperar. por ejemplo, el presidente de la asociación española para la calidad (asece), adrián sánchez, muestra su indignación porque en el consejo de ministros de hoy no se ha aprobado el certificado energético básico para vender o alquilar, después de meses de espera
adrián sánchez se pregunta en una carta remitida a sus contactos de linkedin si el gobierno asumirá la multa pertinente por incumplir con la directiva 2002/91/ce del parlamento europeo y del consejo   que obliga tanto a promotores como particulares a promover la eficiencia energética a partir del 1 de enero de 2013
a continuación reproducimos íntegramente el mensaje del presidente de asece en linkedin:
"hoy es 28 de diciembre, día de los santos inocentes, y nos han gastado una broma de muy mal gusto (al menos es mi opinión)
llevamos meses escuchando a directivos, ejecutivos, funcionarios de alto cargo, etc….. decir que la aprobación de la obligada transposición de la directiva europea 2010/31 mediante real decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificis era “inminente”

qué gran decepción poder comprobar que hoy, siendo el último consejo de ministros, no se ha aprobado y por lo tanto no se publicará en el boe
son cientos, posiblemente miles de empresas y profesionales que llevan meses (algunos años) manifestando en sus páginas webs que la certificación energética de edificios entra en vigor en enero de 2013. incluso en los cursos impartidos por el idae en colegios profesionales destacaba la inmediata aprobación y puesta en marcha de la principal via de salida a esta crisis para un sector tan afectado como es la edificación y construcción
¿y ahora qué?
 estamos preparados para recibir una nueva demanda de bruselas con su consecuente sanción ¿?
pesa tanto los intereses particulares de algunos sectores empresariales, como para tener el valor de no atender las directivas europeas ¿?
me imagino que durante los próximos días se generará un sinfín de artículos y comentarios al respecto, por lo que tendremos la ocasión de analizar en el tiempo cuales son las consecuencias de tan lamentable decisión
recibir un saludo y feliz año nuevo ¡¡¡"

indignación entre los arquitectos por la nueva ley que permitirá a los ingenieros asumir sus funciones

muchascasas.net.-redacción.-los arquitectos, uno de los colectivos más afectados por el derrumbe de la burbuja inmobiliaria, han iniciado el año en pie de guerra contra el gobierno. el motivo está en el borrador de la nueva ley de servicios profesionales  , que de aprobarse permitiría a los ingenieros hacer la función de los arquitectos y arquitectos técnicos durante el proyecto y dirección en la construcción de todo tipo de edificios, "aunque nunca tuvieron la formación precisa para ello", critica el colectivo
la noticia fue conocida el pasado jueves pero ya han sido varios los colegios de arquitectos que han mostrado su indignación.  sin ir más lejos, el pasado domingo el colegio superior de arquitectos de españa (cscae) enviaba un comunicado a todos los arquitectos a través de su presidente, Jordi Ludevid i Anglada, para informales de la situación
el contenido del comunicado es el siguiente:
                                                                     ---
"Estimado/a compañero/a,
Me dirijo hoy a ti para informarte directa y personalmente de la gravísima situación que se deriva del borrador de la Ley de Servicios Profesionales. En efecto, la información disponible en este Consejo Superior desvela la pretensión del legislador de extender la reserva de actividad de la arquitectura a todas las ingenierías, lo que sin duda supondría la más grave agresión a nuestra profesión sufrida hasta la fecha y que conllevaría su práctica desaparición, así como la destrucción de la arquitectura en nuestro país
Quiero informarte que, como representante de la profesión en estos difíciles momentos, he puesto en marcha todos los mecanismos de defensa, de presión y de movilización que tenemos a nuestro alcance, cerca de las autoridades competentes, a las que he informado inmediatamente de la gravedad de la situación y del dramatismo de las consecuencias que se derivarían de confirmarse esta decisión. También les he informado de nuestra actitud absolutamente determinada, resuelta y combativa en defensa de nuestros intereses, para lo que ya hemos tomado las medidas urgentes y oportunas. En este sentido ayer mismo he enviado una carta al Ministro de Economía, responsable del proyecto de ley, en la que le conmino a rectificar
Quiero realzar y agradecer de manera destacada el firme apoyo que hemos recibido de la Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor, de la Directora General de Arquitectura, Dª Pilar Martínez y del Subdirector General de Arquitectura, D. Javier Martín. Debes saber, por tanto, que el Ministerio de Fomento ha comprometido su apoyo a nuestra causa, lo que es muy importante
En este contexto, decirte que hemos previsto para el día tres de enero, un Pleno extraordinario de Consejeros, en que aprobaremos un manifiesto oficial, que en su momento compartiremos contigo y con la sociedad y los medios de comunicación. Asimismo, este mismo día por la tarde, hemos convocado en el COAM un Acto de Manifestación y reivindicación, abierto a todos los arquitectos y estudiantes, organizado conjuntamente con las Escuelas de Arquitectura de toda España, los estudiantes, los aparejadores y arquitectos técnicos, el Sindicato de Arquitectos, y por supuesto nuestros Colegios, para presentar y apoyar masiva y públicamente nuestro manifiesto en defensa de la arquitectura y de la profesión ante la sociedad
Quisiera por la presente invitarte personalmente a este urgente y primer acto de combate y de denuncia de una propuesta legal que deviene en un atentado inaceptable e innegociable para todos nosotros
En efecto, la propuesta, en caso de consolidarse, supondría un gravísimo atentado a la directiva europea, un gravísimo atentado a la seguridad contemporánea de las personas, una decisión absolutamente inoportuna y funesta para el sector y, finalmente, tendría un rechazo radical y frontal por nuestra parte que se convertiría en un enfrentamiento sin retorno, de muy difícil resolución
Junto con estas preocupantes y dramáticas noticias, quiero transmitirte todo mi ánimo personal junto con mi compromiso radical en esta lucha, que ya hemos comenzado y en la que no vamos a cejar.
Un fuerte abrazo,
Jordi Ludevid i Anglada
Presidente del CSCAE"
                                                                      ---
arquitectos contra ingenieros
además del consejo superior, otros colegios de arquitectos también han mostrado su oposición a este borrador. así, el colegio oficial de arquitectos de galicia mostraba su "rotunda oposición" al proyecto de ley de servicios profesionales también en otra nota  
igualmente, el de murcia  también lanzaba un comunicado urgent  e en el calificaba la medida de "incalificable agresión"
por su parte, el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI), manifestaron en verano que están "a  favor de cualquier mejora de la  competencia que pueda suponer un verdadero impulso a la  actividad económica del país,  favoreciendo la necesidad de incrementar el papel de la industria, las infraestructuras, la agricultura y el medio ambiente en la economía real, y resolviendo el vacío creado por el Real Decreto 1.000/2010 sobre visado colegial"
presentación anteproyecto de ley de servicios profesionales