indignación entre los arquitectos por la nueva ley que permitirá a los ingenieros asumir sus funciones

muchascasas.net.-redacción.-los arquitectos, uno de los colectivos más afectados por el derrumbe de la burbuja inmobiliaria, han iniciado el año en pie de guerra contra el gobierno. el motivo está en el borrador de la nueva ley de servicios profesionales  , que de aprobarse permitiría a los ingenieros hacer la función de los arquitectos y arquitectos técnicos durante el proyecto y dirección en la construcción de todo tipo de edificios, "aunque nunca tuvieron la formación precisa para ello", critica el colectivo
la noticia fue conocida el pasado jueves pero ya han sido varios los colegios de arquitectos que han mostrado su indignación.  sin ir más lejos, el pasado domingo el colegio superior de arquitectos de españa (cscae) enviaba un comunicado a todos los arquitectos a través de su presidente, Jordi Ludevid i Anglada, para informales de la situación
el contenido del comunicado es el siguiente:
                                                                     ---
"Estimado/a compañero/a,
Me dirijo hoy a ti para informarte directa y personalmente de la gravísima situación que se deriva del borrador de la Ley de Servicios Profesionales. En efecto, la información disponible en este Consejo Superior desvela la pretensión del legislador de extender la reserva de actividad de la arquitectura a todas las ingenierías, lo que sin duda supondría la más grave agresión a nuestra profesión sufrida hasta la fecha y que conllevaría su práctica desaparición, así como la destrucción de la arquitectura en nuestro país
Quiero informarte que, como representante de la profesión en estos difíciles momentos, he puesto en marcha todos los mecanismos de defensa, de presión y de movilización que tenemos a nuestro alcance, cerca de las autoridades competentes, a las que he informado inmediatamente de la gravedad de la situación y del dramatismo de las consecuencias que se derivarían de confirmarse esta decisión. También les he informado de nuestra actitud absolutamente determinada, resuelta y combativa en defensa de nuestros intereses, para lo que ya hemos tomado las medidas urgentes y oportunas. En este sentido ayer mismo he enviado una carta al Ministro de Economía, responsable del proyecto de ley, en la que le conmino a rectificar
Quiero realzar y agradecer de manera destacada el firme apoyo que hemos recibido de la Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor, de la Directora General de Arquitectura, Dª Pilar Martínez y del Subdirector General de Arquitectura, D. Javier Martín. Debes saber, por tanto, que el Ministerio de Fomento ha comprometido su apoyo a nuestra causa, lo que es muy importante
En este contexto, decirte que hemos previsto para el día tres de enero, un Pleno extraordinario de Consejeros, en que aprobaremos un manifiesto oficial, que en su momento compartiremos contigo y con la sociedad y los medios de comunicación. Asimismo, este mismo día por la tarde, hemos convocado en el COAM un Acto de Manifestación y reivindicación, abierto a todos los arquitectos y estudiantes, organizado conjuntamente con las Escuelas de Arquitectura de toda España, los estudiantes, los aparejadores y arquitectos técnicos, el Sindicato de Arquitectos, y por supuesto nuestros Colegios, para presentar y apoyar masiva y públicamente nuestro manifiesto en defensa de la arquitectura y de la profesión ante la sociedad
Quisiera por la presente invitarte personalmente a este urgente y primer acto de combate y de denuncia de una propuesta legal que deviene en un atentado inaceptable e innegociable para todos nosotros
En efecto, la propuesta, en caso de consolidarse, supondría un gravísimo atentado a la directiva europea, un gravísimo atentado a la seguridad contemporánea de las personas, una decisión absolutamente inoportuna y funesta para el sector y, finalmente, tendría un rechazo radical y frontal por nuestra parte que se convertiría en un enfrentamiento sin retorno, de muy difícil resolución
Junto con estas preocupantes y dramáticas noticias, quiero transmitirte todo mi ánimo personal junto con mi compromiso radical en esta lucha, que ya hemos comenzado y en la que no vamos a cejar.
Un fuerte abrazo,
Jordi Ludevid i Anglada
Presidente del CSCAE"
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arquitectos contra ingenieros
además del consejo superior, otros colegios de arquitectos también han mostrado su oposición a este borrador. así, el colegio oficial de arquitectos de galicia mostraba su "rotunda oposición" al proyecto de ley de servicios profesionales también en otra nota  
igualmente, el de murcia  también lanzaba un comunicado urgent  e en el calificaba la medida de "incalificable agresión"
por su parte, el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI), manifestaron en verano que están "a  favor de cualquier mejora de la  competencia que pueda suponer un verdadero impulso a la  actividad económica del país,  favoreciendo la necesidad de incrementar el papel de la industria, las infraestructuras, la agricultura y el medio ambiente en la economía real, y resolviendo el vacío creado por el Real Decreto 1.000/2010 sobre visado colegial"
presentación anteproyecto de ley de servicios profesionales

La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años

MUCHASCASAS.NET.- Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años frente a los 178.000 lanzamientos que se han producido desde que comenzó la crisis. El Ejecutivo asegura que esa cifra es artificialmente alta porque incluye locales comerciales e industriales y prevé modificar la estadística. Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años, según estimaciones coincidentes de la banca y del ministerio de Economía. Según reza el Real Decreto-Ley que entra en vigor hoy sólo podrán acogerse a la moratoria contra el desahucio ciertas familias que cobren menos de 19.610 euros al año y, además, hayan visto menguar sus ingresos un 50% y engordar su hipoteca un 50% en los últimos cuatro años.

Incluso si se cumplen todos esos requisitos, sólo podrán acogerse a la moratoria las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.

Las entidades bancarias consultadas por MUCHASCASAS.NET.-aseguran que la cantidad de requisitos fijados por el Gobierno apenas afectan al 10% de su cartera morosa. Los bancos, los únicos que disponen de información desglosada del nivel de ingresos de sus clientes y de la estructura familiar, calculan que, como máximo, serán unos 5.000 casos los que puedan acogerse a esta ley.

La cifra concuerda con la que maneja el ministerio de Economía. Según el subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, se han producido unos 15.000 desahucios de primera vivienda desde que comenzó la crisis. Eso arroja un saldo inferior a los 3.000 anuales de los que más de la mitad quedaría fuera del nuevo paraguas.

La cifra oficial de desahucios del Consejo General del Poder judicial estima que en 2012 se han registrado unos 35.000 desahucios en la primera mitad del año. Con el actual ritmo, eso significará que sólo este año se producirán unos 70.000 “lanzamientos” y que el número de desahucios desde que comenzó la crisis superará los 178.000.

El Gobierno prepara una nueva estadística de desahucios

El Ejecutivo, sin embargo, minimiza el valor de esas cifras oficiales. El representante del gobierno en las negociaciones con el PSOE y subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, asegura que la cifra esta “exagerada hasta centuplicar la realidad” porque incluye “incluye locales y establecimientos industriales y comerciales e incluso contempla deudas en las que no se produce el embargo porque haya demandas del banco”. “Las cifras deben ser depuradas”, aseguró Temboury en declaraciones a la Cadena COPE.

 “Las cifras deben ser depuradas”, asegura el subsecretario de Economía

Fuentes de Economía reconocen que el Ejecutivo prepara una nueva estadística para excluir los procedimientos comerciales. El objetivo es elaborar un indicador que sólo contenga la mora hipotecaria para la primera vivienda. En la actualidad no hay una base de datos común sobre desahucios porque los juzgados no desagregan que ejecuciones son de primera residencia, naves o locales comerciales. El objetivo es acotar el tamaño del problema "sin querer minimizar el drama", concluyen esas fuentes. 

La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años

La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años

MUCHASCASAS.NET.- Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años frente a los 178.000 lanzamientos que se han producido desde que comenzó la crisis. El Ejecutivo asegura que esa cifra es artificialmente alta porque incluye locales comerciales e industriales y prevé modificar la estadística. Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años, según estimaciones coincidentes de la banca y del ministerio de Economía. Según reza el Real Decreto-Ley que entra en vigor hoy sólo podrán acogerse a la moratoria contra el desahucio ciertas familias que cobren menos de 19.610 euros al año y, además, hayan visto menguar sus ingresos un 50% y engordar su hipoteca un 50% en los últimos cuatro años.

Incluso si se cumplen todos esos requisitos, sólo podrán acogerse a la moratoria las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.

Las entidades bancarias consultadas por ESTE DIGITAL aseguran que la cantidad de requisitos fijados por el Gobierno apenas afectan al 10% de su cartera morosa. Los bancos, los únicos que disponen de información desglosada del nivel de ingresos de sus clientes y de la estructura familiar, calculan que, como máximo, serán unos 5.000 casos los que puedan acogerse a esta ley.

La cifra concuerda con la que maneja el ministerio de Economía. Según el subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, se han producido unos 15.000 desahucios de primera vivienda desde que comenzó la crisis. Eso arroja un saldo inferior a los 3.000 anuales de los que más de la mitad quedaría fuera del nuevo paraguas.

La cifra oficial de desahucios del Consejo General del Poder judicial estima que en 2012 se han registrado unos 35.000 desahucios en la primera mitad del año. Con el actual ritmo, eso significará que sólo este año se producirán unos 70.000 “lanzamientos” y que el número de desahucios desde que comenzó la crisis superará los 178.000.

El Gobierno prepara una nueva estadística de desahucios

El Ejecutivo, sin embargo, minimiza el valor de esas cifras oficiales. El representante del gobierno en las negociaciones con el PSOE y subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, asegura que la cifra esta “exagerada hasta centuplicar la realidad” porque incluye “incluye locales y establecimientos industriales y comerciales e incluso contempla deudas en las que no se produce el embargo porque haya demandas del banco”. “Las cifras deben ser depuradas”, aseguró Temboury en declaraciones a la Cadena COPE.

 “Las cifras deben ser depuradas”, asegura el subsecretario de Economía

Fuentes de Economía reconocen que el Ejecutivo prepara una nueva estadística para excluir los procedimientos comerciales. El objetivo es elaborar un indicador que sólo contenga la mora hipotecaria para la primera vivienda. En la actualidad no hay una base de datos común sobre desahucios porque los juzgados no desagregan que ejecuciones son de primera residencia, naves o locales comerciales. El objetivo es acotar el tamaño del problema "sin querer minimizar el drama", concluyen esas fuentes. 

La moratoria de dos años en los desahucios entra en vigor hoy

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que establece la suspensión de desahucios hasta el 16 de noviembre de 2014 y ordena la constitución de un fondo de viviendas para alquileres sociales.
La paralización de los desahucios durante los próximos dos años se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a fecha de hoy en los que no se haya producido el lanzamiento (última fase de una ejecución hipotecaria, que habitualmente coincide con el desahucio).
Tal y como anunció ayer el Gobierno tras el Consejo de Ministros, para beneficiarse de la suspensión del desahucio es necesario cumplir los supuestos de vulnerabilidad especial y tener un determinado nivel de renta.
Pueden acogerse a la medida familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género.
Asimismo, tienen derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
Al mismo tiempo, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas (que el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 por ciento en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos).
La norma garantiza que durante dos años los colectivos definidos como vulnerables no puedan ser desalojados de su vivienda, con la confianza de que, tras este periodo, habrán superado las dificultades económicas actuales, señala la exposición motivos de la norma.

El Gobierno confía el fondo social de viviendas a la buena voluntad de los bancos

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LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Una de las medidas estrella anunciadas ayer por el Gobierno para poner fin al problema de los desahucios, la creación de un fondo social de viviendas, es, por el momento, poco más que una vaga promesa. El Ejecutivo deberá negociar con los bancos y confiar en su buena voluntad para poder sacar este proyecto adelante. El Real Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se limita a señalar que “se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario”. “Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban”, señala el BOE, que no da ningún detalle sobre cómo pretende el Ejecutivo orquestar este parque de viviendas ni cómo se financiará. El texto legal se limita a señalar que “este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos”. Ayer, el ministro de Economía, Luis De Guindos, tampoco quiso dar más detalles al respecto, aunque sí aseguró que no esperaba ningún problema para la creación de este parque de viviendas, ya que en España “hay más de 700.000 viviendas vacías”. Por el momento, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) se ha ofrecido a “aportar su experiencia en esta materia”, según un comunicado remitido ayer por la patronal, que recordó asimismo que “las obras sociales de las cajas de ahorros disponen de programas contra la exclusión financiera y social”. En ese sentido, “dentro del capítulo de asistencia social y sanitaria, que ha pasado a ser el de mayor importancia (3.343 millones invertidos en los últimos cinco años) destacan precisamente las subvenciones para alquileres sociales”.

 

Preocupación por algunas medidas del proyecto de ley sobre el alquiler

Tras la presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno sobre el mercado del alquiler, desde Alquiler Protegido queremos exponer nuestra preocupación por ciertos aspectos que consideramos que pueden ir en perjuicio de un mercado inmobiliario ya muy castigado por la crisis.
Entre las medidas que consideramos que pueden perjudicar en lugar de beneficiar a este mercado debemos señalar la libertad que, desde ahora, tendrán los inquilinos para poder abandonar la vivienda en el momento que lo deseen avisando sólo con un mes de antelación. Actualmente, los contratos con una vigencia superior a los cinco años, el inquilino podría abandonar el inmueble dando un preaviso que marcaba el contrato antes de acabar el año, normalmente dos meses. La situación cambia un poco en los contratos con una vigencia inferior a los cinco años, aquí el inquilino podía abandonar la vivienda dando también un preaviso de dos meses, aunque el primer año era de obligado cumplimento. Si este primer año no se cumplía se debía pagar la indemnización correspondiente.
Con la reducción del tiempo para abandonar la vivienda con un preaviso de un mes, lo que se conseguirá será generar desconfianza e inestabilidad en el arrendador al convertir su vivienda en un lugar de paso a merced de la voluntad de los inquilinos. Otro de los puntos que consideramos que pueden ser conflictivos es el tiempo que transcurrirá para lograr echar a un inquilino que no pague la renta.
En este momento el tiempo de espera para conseguir el desahucio es muy elevado, pudiendo alargarse durante años por los atrasos en los juzgados y en la burocracia y es ahí donde vemos que puede radicar el problema. Con el proyecto de ley presentado, se pretenden acortar estos tiempos, algo que desde Alquiler Protegido valoramos de forma muy positiva, pero también debemos subrayar que precisamente los medios a disposición de la justicia y la administración no son los suficientes para poder cumplir con la promesa de acortar los plazos de forma significativa.
En cuanto al resto de propuestas presentadas por el Gobierno, nos gustaría señalar que pueden servir para reactivar el mercado, al ofrecer más seguridad a los arrendatarios, hecho que propiciaría que saliera todo el stock de viviendas vacías que hay en España. Aunque, como es lógico, el proyecto de ley debe ser más conciso y aclarar cómo va a solucionar los problemas que se van a producir al aplicar todas estas nuevas medidas al no disponer de las herramientas necesarias para llevarlas a cabo.

Acuerdo entre el Gobierno Rajoy y el PSOE para frenar los desahucios

Suscrito por Sáenz de Santamaría y Valenciano tras dos horas de reunión en La Moncloa

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han llegado este 7 de noviembre de 2012 a un principio de acuerdo para intentar frenar los desahucios, según asesguraron a Servimedia fuentes socialistas.
La reunión entre ambas en el Palacio de La Moncloa duró unas dos horas y ha terminado con acuerdo "en el fondo y en la forma" para resolver cuanto antes el problema de los desahucios en España.
Ambas dirigentes acordaron acelerar lo máximo posible su tramitación legislativa, de tal forma que la nueva normativa entre en vigor cuanto antes, y evite la sangría de ciudadanos que están perdiendo sus viviendas. Se contemplan dos opciones: un decreto ley o una tramitación por vía de urgencia.
En cuanto al fondo, pueden existir más discrepancias. El Gobierno quiere dar prioridad a familias con hijos menores o a personas mayores.
El PSOE sigue defendiendo su Proposición de Ley como punto de partida para la negociación.
El lunes 12 de noviembre habrá una nueva reunión entre expertos (tres por parte del Gobierno y tres por parte del PSOE) para perfilar los detalles técnicos de la propuesta, informan los socialistas en una nota de prensa.
En ella, reiteran que voluntad de las partes en zanjar el asunto "en el plazo más breve posible", así como estudiar también medidas para las familias que ya han sido desalojadas de sus hogares y se encuentren en situación más vulnerable.

Andalucía tendrá su propia ley de protección frente a los desahucios

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado este viernes que la administración autonómica pondrá en marcha una Ley de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía.
   En rueda de prensa en Huelva, Valderas ha recordado que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
   Ante esto, "nos ponemos en marcha inmediatamente en Andalucía, a través de la Secretaría General de Consumo, para realizar los estudios necesarios" para llevar a cabo esta nueva ley que "proteja a los consumidores" y "se garanticen los derechos de los hipotecados ante los grandes poderes financieros", ha indicado.
   "Desde Andalucía vamos a hacer nuestras propias aportaciones necesarias para garantizar los derechos de los consumidores", según ha enfatizado el vicepresidente de la Junta, que ha reiterado "la clara decisión" del Gobierno andaluz para buscar soluciones a esta problemática.
   "Estamos del lado de las personas que están siendo desahuciadas frente a los bancos y tenemos que trabajar para solucionar en la mayor brevedad posible esta situación e impedir el drama que supone para miles de familias", ha agregado Valderas, que considera que la postura europea pone de manifiesto que el hecho de que a las familias les quiten sus viviendas "está fuera de la legalidad o alegalidad de las instituciones bancarias".
   De este modo, se ha mostrado partidario de que se produzca "un parón en seco" en materia de desahucios y por tanto, se lleve a cabo "la paralización inmediata de cualquier desahucio". En este sentido, estima que "la justicia debe parar cualquier tipo de desahucio y la banca aplacar su voracidad insaciable mientras se ajustan los aspectos legales que se han puesto encima de la mesa en el marco de alcanzar un gran acuerdo", ha dicho en referencia al acuerdo logrado este miércoles entre PSOE y PP para pactar cuanto antes una reforma legal contra los desahucios.
   No obstante, a su juicio, ese acuerdo "estaría falto de la suficiente fuerza si no están todas las formaciones políticas que representan la soberanía popular en el conjunto del Estado".
   Por lo tanto, Valderas ha exigido, "por ser la primera fuerza política que puso en marcha el tema de la dación en pago en el Congreso" y que actuó "con ejemplaridad en el conjunto de Andalucía", que Izquierda Unida "participe activamente en esa modificación de ley que hay que hacer" a nivel estatal.

RESULTADOS DE LA OFICINA DE INTERMEDIACIÓN

   En esta línea, ha incidido en que ese acuerdo "quedaría falto de la democracia suficiente si no está todas las fuerzas políticas", al tiempo que ha recordado que la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, hace un mes, puso en marcha la oficina de intermediación contra los desahucios, la cual ha atendido a más de 300 familias y se han logrado parar "unos cien desahucios".
   En opinión del también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, "la acción política del Gobierno de la Junta de Andalucía ha ido por delante" en esta materia.
   Finalmente, ha mostrado su esperanza en que el Parlamento de Andalucía muestre "de forma unánime" su respaldo a que "se paren en seco los desahucios" hasta que se acuerde un nuevo marco legal.

 

 

El PSOE quiere que los bancos que reciban ayudas alquilen viviendas a los desahuciados

·  El Gobierno y el PSOE se reúnen el miércoles para ver cómo frenar los desahucios.

·  Se reúnen Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano.

·  El Gobierno quiere tomar "nuevas medidas" de aplicación inmediata.

·  El PSOE pide que las viviendas devueltas a los bancos que han recibido ayudas públicas sean alquiladas a los desahuciados con una renta social.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este martes que el Gobierno y el LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-PSOE trabajan en "nuevas medidas" para frenar los desahucios. Rajoy reconoció que el código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno para los bancos en este asunto no ha tenido los resultados esperados. No obstante, precisó que su intención es adoptar "nuevas medidas", pactadas con el resto de partidos políticos,  sobre todo, precisó, con el PSOE, que entren en vigor "de manera inmediata".
Acto seguido anunció una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, del PSOE, para este miércoles con el objetivo de adoptar una decisión "justa y equitativa" contra los desahucios con la "máxima celeridad" y además, "de aplicación inmediata".
El PSOE ha instado al Gobierno a tomar medidas de inmediato contra los desahucios que pasan "por el desarrollo de una ley de segunda oportunidad, existente ya en otros países", han reinvindicado.

La propuesta del PSOE para cambiar la ley

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado su confianza en que de la reunión pueda salir un acuerdo para reformar la legislación "con la máxima urgencia".
La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha asegurado que el diálogo versará sobre "leyes" que se apliquen de manera rápida y no sobre acuerdos de buena conducta.
El PSOE pide al Gobierno que se exija a los bancos que reciban ayudas públicas que las viviendas devueltas tras los desahucios —y que no estén ocupadas— vayan a una bolsa de alquileres sociales para las familias que se han quedado sin hogar.
El PSOE pretende que esta medida sea retroactiva para que también se dé una solución a los que ya han sido desahuciados. Sobre el precio del alquiler social, Soraya Rodríguez ha explicado que deberían tener en cuenta los ingresos de la familia.

Los jueces, a favor de una nueva norma

El PSOE pretende que también se dé una solución a los que ya han sido desahuciados El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ  ), Fernando de Rosa, también apuesta por reformar la ley hipotecaria porque "la actual está creando una serie de disfunciones" que provoca un aumento de los desahucios  .

Esta decisión del CGPJ de reflexionar sobre los desahucios llegan después de que hace unas semanas un grupo de jueces enviase a este organismo un documento crítico con la ejecución de los desahucios en España, que señalaba la "mala praxis de las entidades bancarias" y propone agilizar este tipo de procedimientos civiles

Preocupación por algunas medidas del proyecto de ley sobre el alquiler

Tras la presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno sobre el mercado del alquiler, desde Alquiler Protegido queremos exponer nuestra preocupación por ciertos aspectos que consideramos que pueden ir en perjuicio de un mercado inmobiliario ya muy castigado por la crisis.
Entre las medidas que consideramos que pueden perjudicar en lugar de beneficiar a este mercado debemos señalar la libertad que, desde ahora, tendrán los inquilinos para poder abandonar la vivienda en el momento que lo deseen avisando sólo con un mes de antelación. Actualmente, los contratos con una vigencia superior a los cinco años, el inquilino podría abandonar el inmueble dando un preaviso que marcaba el contrato antes de acabar el año, normalmente dos meses. La situación cambia un poco en los contratos con una vigencia inferior a los cinco años, aquí el inquilino podía abandonar la vivienda dando también un preaviso de dos meses, aunque el primer año era de obligado cumplimento. Si este primer año no se cumplía se debía pagar la indemnización correspondiente.
Con la reducción del tiempo para abandonar la vivienda con un preaviso de un mes, lo que se conseguirá será generar desconfianza e inestabilidad en el arrendador al convertir su vivienda en un lugar de paso a merced de la voluntad de los inquilinos. Otro de los puntos que consideramos que pueden ser conflictivos es el tiempo que transcurrirá para lograr echar a un inquilino que no pague la renta.
En este momento el tiempo de espera para conseguir el desahucio es muy elevado, pudiendo alargarse durante años por los atrasos en los juzgados y en la burocracia y es ahí donde vemos que puede radicar el problema. Con el proyecto de ley presentado, se pretenden acortar estos tiempos, algo que desde Alquiler Protegido valoramos de forma muy positiva, pero también debemos subrayar que precisamente los medios a disposición de la justicia y la administración no son los suficientes para poder cumplir con la promesa de acortar los plazos de forma significativa.
En cuanto al resto de propuestas presentadas por el Gobierno, nos gustaría señalar que pueden servir para reactivar el mercado, al ofrecer más seguridad a los arrendatarios, hecho que propiciaría que saliera todo el stock de viviendas vacías que hay en España. Aunque, como es lógico, el proyecto de ley debe ser más conciso y aclarar cómo va a solucionar los problemas que se van a producir al aplicar todas estas nuevas medidas al no disponer de las herramientas necesarias para llevarlas a cabo.

Rubalcaba: sobre los 400 euros

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado este lunes que, si el Gobierno no prorroga la ayuda de los 400 euros para la gente que no tiene ningún otro tipo de ingresos, promoverá una iniciativa legislativa popular que garantice esta prestación. Rubalcaba ha hecho estas declaraciones en la localidad asturiana de Bricia donde pasa unos días de descanso y donde ha mantenido un encuentro con el presidente del Principado, Javier Fernández.
El dirigente socialista ha recordado que desde el PSOE llevan dos meses pidiendo que se prorrogue el plan Prepara, que finaliza a mediados de este mes, y que aún no han obtenido respuesta del Gobierno. “Dice que lo está mirando y mantiene a la gente en una incertidumbre intolerable porque es gente que no tiene otra cosa para subsistir”, ha señalado Rubalcaba en sus primeras declaraciones a la prensa desde que inició sus vacaciones. Además, ha pedido al Gobierno que “de una vez resuelva esta incógnita, que diga que sí y que va a permitir que la gente que se queda sin otras ayudas pueda recibir esos 400 euros del Plan Prepara”.
A partir del 1 de septiembre
En caso contrario, ha anunciado que el PSOE impulsará a partir del 1 de septiembre una iniciativa legislativa popular para recoger más de un millón de firmas, y presentar una propuesta en el Parlamento que obligue al Gobierno a prorrogar un plan “del que depende la vida de mucha gente”. En su opinión, el Gobierno ha hecho cosas “que merecen un severo reproche social” como la reforma laboral, que está todos los días encima de la cabeza de los trabajadores “como una espada de Damocles” y que no sólo está permitiendo los despidos sino, lo que es más grave, “dejando sin protección a la gente que más lo necesita cuando más lo necesita”.
Un recorte que negó
Ha añadido que Rajoy está haciendo además un recorte que negó que iba a hacer y que, por eso, se merece el reproche de la sociedad, si bien no se pronunció sobre si cree que, tal y como defiende IU, debe someter estas medidas a referéndum. Tampoco quiso concretar qué le parecía la idea lanzada por el portavoz de los socialistas valencianos, Joaquín Puig, para que Rajoy se someta a una cuestión de confianza y para favorecer un Gobierno que busque una gran alianza para frenar las políticas de Angela Merkel.
Sobre ese asunto, Rubalcaba se ha limitado a señalar que la situación actual “es muy difícil y los número son desastrosos pues en siete meses las cosas han ido a peor y ya no hay ningún parámetro que haya mejorado respecto a diciembre, lo que genera muchísimo temor en los ciudadanos”. Ante la posibilidad de que haya que solicitar un “rescate suave o ligth”, el dirigente socialista ha incidido en que “los rescates son rescates” y que hay que evitarlos porque “generan tensiones en el país, afecta a la marca España y va acompañado de condicionalidad”.
“Al final es sufrimiento, recortes, recesión y desempleo y por lo tanto no lo queremos”, ha dicho Rubalcaba, que ha señalado que hay mecanismos para evitarlo, por lo que ha pedido al Ejecutivo de Rajoy “que lo haga y se ponga al frente”. En este punto, ha dicho que si quiere el apoyo del PSOE para evitar el rescate, lo va a tener” y ha pedido al Ejecutivo que deje de filtrar “poco a poco” que un rescate suave “no sería tan malo”. Rubalcaba ha trasladado también su preocupación por los datos del verano respecto a la economía europea que, ha asegurado, dan la razón a los socialistas que desde hace casi un año llevan diciendo que se está siguiendo una línea equivocada porque los recortes y ajustes sólo generan “recesión y sufrimiento”