ATA SOLICITA QUE SE FRENEN LOS DESAHUCIOS TAMBIÉN PARA AQUELLOS AUTÓNOMOS A LOS QUE LES DEBEN LAS PROPIAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ATA SOLICITA QUE SE FRENEN LOS DESAHUCIOS TAMBIÉN PARA AQUELLOS AUTÓNOMOS A LOS QUE LES DEBEN LAS PROPIAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, pide que no se excluyan a los autónomos de las reformas legales que se están negociando para frenar los desahucios y que a la hora de establecer los criterios de los colectivos que podrán atenerse a esa nueva norma, se tengan en cuenta las situaciones particulares de miles de autónomos al borde del embargo debido a la morosidad de las propias Administraciones Públicas. También que se tenga en cuenta al fijar estos criterios los rendimientos profesionales que perciben habitualmente los autónomos.

“Muchas de las personas que están sufriendo los desahucios son autónomos que están siendo maltratados por los impagos de las Administraciones”, recuerda Amor

ATA  consideraría coherente que ante la moratoria que bancos y cajas de ahorros van a conceder en los desahucios a las personas más vulnerables, la propia Administración también ponga de su parte y paralice los embargos de locales y viviendas a trabajadores por cuenta propia mientras que a esos autónomos y Pymes les sigan adeudando facturas  las propias Administraciones, incluso que establezca una moratoria de un año a los autónomos acreedores de la Administración y que tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Al mismo tiempo recuerda, que la posibilidad de establecer mínimos inembargables a la responsabilidad patrimonial ilimitada de los autónomos, como la vivienda habitual o familiar, es una iniciativa que el Gobierno anunció que iba acometer y que por tanto, espera que se contemple cuanto antes y se tome alguna medida al respecto.

“El autónomo, sobre todo aquel que es víctima de la morosidad, es especialmente vulnerable, porque asume con su patrimonio personal y sus rentas, tanto presentes como futuras, y sin ningún tipo de límite, las deudas contraídas por el desarrollo de su actividad empresarial o por verse obligado a cerrar su negocio. Algo que desgraciadamente ya ha sucedido para casi medio millón de autónomos desde que se inició la crisis”, concluye Lorenzo Amor.

La moratoria de dos años en los desahucios entra en vigor hoy

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios que establece la suspensión de desahucios hasta el 16 de noviembre de 2014 y ordena la constitución de un fondo de viviendas para alquileres sociales.
La paralización de los desahucios durante los próximos dos años se aplicará a los procesos judiciales o extrajudiciales iniciados a fecha de hoy en los que no se haya producido el lanzamiento (última fase de una ejecución hipotecaria, que habitualmente coincide con el desahucio).
Tal y como anunció ayer el Gobierno tras el Consejo de Ministros, para beneficiarse de la suspensión del desahucio es necesario cumplir los supuestos de vulnerabilidad especial y tener un determinado nivel de renta.
Pueden acogerse a la medida familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género.
Asimismo, tienen derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
Al mismo tiempo, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se haya producido una alteración de las circunstancias económicas (que el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 por ciento en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos).
La norma garantiza que durante dos años los colectivos definidos como vulnerables no puedan ser desalojados de su vivienda, con la confianza de que, tras este periodo, habrán superado las dificultades económicas actuales, señala la exposición motivos de la norma.