el gobierno asegura que el banco malo pondrá los pisos "a precios razonables"

la ministra de fomento, ana pastor, ve con buenos ojos la llegada de sareb, el 'banco malo', porque en su opinión "permitirá poner en el mercado inmuebles a precios razonables". además, apuesta por que será un incentivo a la compra de viviendas
dicha medida supondrá para el sector inmobiliario y financiero "un antes y un después" y será "muy positiva" porque permitirá a las entidades financieras sacar los activos tóxicos de su balance, aseguró pastor en una entrevista a servimedia. pastor apuesta porque posteriormente la banca podrá "llegar de nuevo el crédito a las familias y las empresas"
la titular de fomento y vivienda ha señalado que su departamento apuesta por el alquiler y la rehabilitación y ha apuntado que el futuro Plan de Vivienda contemplará medidas para que España se sitúe en estos dos aspectos al nivel de otros países europeos como Alemania

Fomento priorizará el alquiler y la rehabilitación en el nuevo Plan de Vivienda

Sólo el 17% de la población reside en una vivienda en régimen de alquiler, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que es del 30%.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha adelantado que en el nuevo Plan Estatal de Vivienda el alquiler y la rehabilitación tendrán el mayor peso específico desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.

La ministra ha recordado que el mercado inmobiliario español se caracteriza por una alta tasa de propiedad. Sólo el 17% de la población reside en una vivienda en régimen de alquiler, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que es del 30%.

La apuesta del Ministerio de Fomento es que el mercado del alquiler en España sea una alternativa eficaz al mercado de la propiedad, incrementando la oferta de viviendas en alquiler, con lo que el Gobierno pretende un nivel de precios más competitivos en un mercado más profesionalizado.

En esta línea, el Gobierno ha aprobado un Proyecto de Ley para dinamizar el Mercado de Alquiler de Viviendas con el objetivo de convertirlo en una verdadera opción de acceso a la vivienda. Entre las novedades de esta norma está la ampliación de libertad de pacto entre las partes, el reforzamiento de la seguridad jurídica y, especialmente la agilización de plazos y procedimientos judiciales para proteger a los propietarios en caso de impago por el inquilino.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA

Junto a ello, Pastor ha destacado que el porcentaje que representa la inversión en rehabilitación en España está muy alejado de la media europea. Además, de los casi 26 millones de viviendas existentes, más de la mitad tienen más de 30 años y cerca de seis millones más de 50.

Por eso, otra línea de actuación va a ser la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación de viviendas y edificios y hacia la regeneración urbana, bajo las premisas de eficiencia y ahorro energéticos. En los próximos meses se propondrá un nuevo marco normativo que permita acoger el potencial que la regeneración urbana y la rehabilitación tienen en España, así como su importante capacidad para generar empleo.

Por otro lado, la titular de Fomento ha animado a las empresas extranjeras a confiar y a apostar por España. Así, ha apuntado que "tenemos cimientos sólidos, somos punteros en muchas áreas y una potencia en ingeniería civil”.

Fomento prepara una ley de rehabilitación para la “reconversión del sector”

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aunciado que su Departamento trabaja ya en el anteproyecto de la nueva Ley de Rehabilitación, “una norma que potenciará la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas y que establecerá un camino hacia la reconversión del sector inmobiliario y la construcción“.
Según ha explicado la ministra, el parque edificado español es anterior al año 1980 en más del 58%. Existen, aproximadamente, 25 millones de viviendas, de las que la mitad tienen más de 30 años y cerca de seis millones cuentan con más de 50 años. Sin embargo, la rehabilitación en España se sitúa 15 puntos por debajo de la media europea, que alcanza el 41% del sector de la construcción.
Ana Pastor, también ha anunciado su propuesta de subir del 1% al 1,5% la partida destinada a financiar los trabajos de conservación y puesta en valor del Patrimonio Histórico en España. Pastor ha realizado este anuncio coincidiendo con el acto simbólico de reapertura de la Puerta de Santiago de la muralla de Segovia, una actuación con cargo al 1% Cultural que ha contado con una aportación total del Ministerio de 232.326 euros y que reafirma su compromiso con la conservación y la rehabilitación del Patrimonio Histórico.

Las inmobiliarias exigen incentivos fiscales

Las inmobiliarias patrimonialistas piden al Gobierno reformas para que las Socimis puedan captar inversión extranjera. La inestable situación en la que se encuentra el sector inmobilario, durante mucho tiempo principal motor de la economía, ha provocado que desde los distintos estamentos del sector soliciten medidas que lo reactiven. Algunas de las exigencias, entre otras cosas es introducir requisitos concretos en el anteproyecto de Ley de medidas de fomento del alquiler anunciado por la ministra de Fomento, Ana Pastor. Las últimas en sumarse a esta tendencia han sido las inmobiliarias patrimonialistas, Asipa (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler), que piden al Gobierno reformas para que las sociedades anónimas inmobiliarias (Socimis), que invierten en activos inmobiliarios para su explotación a largo plazo, puedan captar inversión extranjera y ganar en competitividad. Las patrimonialistas apelan a la transparencia fiscal de estas sociedades, para que puedan competir con el resto de países por la inversión extranjera.

Ana Pastor no contempla eliminar la desgravación por compra de vivienda

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha descartado una eventual eliminación de la desgravación por la compra de vivienda. ”La desgravación está en vigor porque ha querido este Gobierno”, indicó la ministra en su intervención en los Desayunos de Europa Press. Pastor señaló que su ministerio trabaja en una política de vivienda orientada a impulsar la rehabilitación y el alquiler. Recientemente la Comisión Europea aconsejaba a España suprimir esta deducción ya que fue una de las causas de la burbuja inmobiliaria. El Banco de España también se mostraba contrario a ella al considerarla “un paso atrás”. En su intervención la ministra recordó que el porcentaje de población que habita en una vivienda en alquiler es uno de los más bajos de Europa, el 17%, frente a la media de la Unión Europea que está muy próxima al 30 por ciento y en contraste con países como Alemania, en los que un 47 por ciento de la población reside en una vivienda en alquiler. Asimismo señaló que el porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación con el total de la construcción es uno de los más bajos de la zona euro, suponiendo en España en el año 2009 un 28% del total del sector. Y no es precisamente porque sea de muy reciente construcción. De los casi 26 millones de viviendas existentes, la mitad tienen más de 30 años y cerca de 6 millones, más de 50. Para formentar el alquiler la ministra recordó el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler elaborado por el Gobierno, ”norma que modifica la ley de arrendamientos para hacer más asequible el alquiler, reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes” señaló. Además se ha puesto en marcha, añadió Ana Pastor, una reforma del régimen de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) para dotarlas de flexibilidad jurídica y societaria, así como incentivos fiscales que conviertan este instrumento en un medio eficaz para atraer inversiones privadas orientadas a la puesta en el mercado de alquiler de una parte importante del parque de viviendas sin ocupar. En cuanto a a rehabilitación Pastor adelantó que en los próximos meses se trabajará en ”un nuevo marco normativo que permita acoger el enorme potencial que la rehabilitación tiene en España”.

La reforma del alquiler da más derechos a los inquilinos, según Pastor

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012 La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha recalcado que el anteproyecto de Ley de reforma del alquiler permite a los inquilinos dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si por motivos de trabajo tienen que trasladarse a otra ciudad, y ha afirmado que “eso son derechos”, según declaraciones recogidas por Europa Press. En respuesta a una pregunta de la Entesa Pel de Catalunya en el Senado, Pastor ha negado que, como le ha espetado el senador Carlos Martí, esta modificación busque dar más poder a los propietarios y dar salida al “stock” de viviendas en manos de la banca. Según aseguró Pastor, el anteproyecto de Ley busca “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y establecer una mayor equidad en sus relaciones, con la idea de elevar el peso del alquiler sobre el parque inmobiliario por encima del 17% actual. Pastor señaló que se trata de un conjunto de medidas que favorecen la libertad de las partes para hacer del alquiler “un procedimiento mucho más justo” y para facilitar el acceso a la vivienda” a los que los están pasando peor y no pueden pagar una hipoteca. Si bien, la ministra de Fomento precisó que la medida persigue también drenar el “stock” de viviendas nuevas a través del alquiler “ante la incapacidad del mercado de absorberlo”. Por su parte, el senador Martí aseguró que la reforma favorece a los propietarios en detrimento de las posibilidades de los inquilinos y que, por ello, “va a reducir el número de personas de las clases media que apostarán por el alquiler”. Además, indicó que, a su parecer, esta medidas buscan dar otra salida a los activos inmobiliarios en manos de la banca.

El Gobierno reduce el plazo de los contratos de alquiler de 5 a 3 años

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012 La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presentado al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de medidas para dinamizar el mercado del alquiler de viviendas que incluye una reducción de los plazos de duración del contrato, mejora de la seguridad jurídica y la agilización del procedimiento de desahucio. Además, se adoptarán determinadas medidas en el ámbito fiscal, con la misma finalidad de impulsar el mercado de alquiler. Con este Anteproyecto de ley, que introduce modificaciones en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se busca potenciar el mercado de la vivienda en alquiler en España, país con el menor parque de viviendas de este tipo de toda la Unión Europea. La reforma incide sobre dos aspectos fundamentales: se fortalece, en primer lugar, la libertad de las partes para llegar a todos aquellos acuerdos que, razonablemente, no deban formar parte de un régimen impuesto directamente por la Ley, preservando en todo caso un adecuado equilibrio entre los intereses de arrendador y arrendatario. Por ello, se garantiza que el arrendador pueda recuperar su vivienda, sin necesidad de que esté previsto en el contrato de arrendamiento ni hubieran transcurrido cinco años desde su firma, siempre que necesite la vivienda para sí, sus familiares en primer grado o su cónyuge tras el divorcio o nulidad matrimonial. Además, se permite que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, siempre que lo comunique con un mes de antelación, pudiendo preverse en el contrato una indemnización específica para el arrendador en caso de producirse dicho desistimiento anticipado. Reducción de los plazos de duración del contrato El segundo aspecto sobre el que incide la reforma es el de los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento. Así, se reduce de 5 a 3 años la denominada “prórroga forzosa” del contrato, que es aquella que permite que el inquilino, sea cual fuera el tiempo de duración pactado en el contrato, opte por prorrogar su duración, prórroga que debe respetar el arrendador. Asimismo, se reduce de 3 a 1 año la denominada “prórroga tácita automática” del contrato, que es aquella que permite que, una vez transcurrido el tiempo pactado para la duración del contrato y su posible prórroga forzosa, el contrato pueda entenderse prorrogado tácitamente si las partes no señalan no contrario. De esta forma, el límite legal para la duración de los contratos de arrendamiento se reducirá de los 8 (5+3) años actuales, a 4 (3+1) años, es decir, exactamente la mitad. Mejora de la seguridad jurídica La reforma mejora la seguridad jurídica mediante el incremento de los efectos de la inscripción de los arrendamientos en el Registro de la Propiedad. Para preservar el necesario equilibrio de derechos e intereses entre las partes del contrato de arrendamiento y los terceros con derechos sobre la vivienda objeto de dicho contrato, resulta imprescindible que el arrendamiento esté sometido al régimen general de seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. La inscripción en el Registro de la Propiedad impedirá la comisión de fraudes, tanto en la adquisición de viviendas o locales comerciales como en la ejecución hipotecaria. Agilización del proceso de desahucio Los procedimientos de desahucio por impago de rentas, pese a las reformas introducidas en 2009 y 2011, son lentos e ineficaces. Por ello, resulta necesaria la agilización de este procedimiento, reduciendo la intervención judicial al mínimo imprescindible. En la línea de favorecer la inscripción en el Registro de la Propiedad, se prevé un procedimiento más sencillo de actuación en caso de impago de rentas siempre que se trate de arrendamientos inscritos en el mismo. En ese caso, siempre que así se señale en el contrato, la falta de pago de la renta podrá dar lugar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial, sin necesidad de obtener una sentencia declarativa. Una vez cancelada la inscripción del arrendamiento, se podrá ordenar la ejecución, lo que implica la restitución del inmueble a su propietario. Se crea además un procedimiento judicial acelerado para que en el plazo de diez días se proceda al pago de la renta debida y se simplifican los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, duplicando la capacidad de los juzgados.

Casi la mitad del presupuesto 2012 de vivienda irá a pagar la RBE

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012El Ministerio de Fomento estima que deberá seguir presupuestando dotaciones para pagar la ayuda al alquiler, la denominada Renta Básica de Emancipación, durante siete años. Así lo ha indicado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, quien cifra en 2.500 millones de euros los que este año tendrá que destinar Fomento para atender las obligaciones y servidumbres del endeudamiento que actualmente soporta, importe un 63,3% superior al de 1.530 millones de 2011.
El “número dos” de Fomento explicó que el Departamento debe a atender las obligaciones contraídas con los actuales beneficiarios de esta ayuda a jóvenes para que paguen el alquiler de un piso, pese a que el Gobierno decidió suprimir la concesión de nuevas ayudas en diciembre de 2011.
En el caso de 2012, el Ministerio ha presupuestado 318 millones para atender el pago de estas ayudas al alquiler para jóvenes, importe equivalente al 40% del presupuesto total de 814 millones con que cuenta el área de Vivienda de Fomento para 2012.
Del resto de presupuesto, 425 millones se destinan a cumplir obligaciones derivadas de los sucesivos planes de vivienda, otros 130 millones a pagar subvenciones de préstamos a la compra de pisos protegidos, y 120 millones más a cumplir con ayudas al pago de la entrada en la adquisición de este tipo de viviendas.
Presupuesto más austero
En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, Catalá ratificó que el Ministerio “ya trabaja en el diseño de una nueva política de vivienda más adecuada a la actual realidad económica y del sector”.
Catalá ha destacado que el endeudamiento de 40.000 millones de euros que actualmente afronta todo el grupo Fomento “influye de forma importante” en el presupuesto del Departamento para 2012.
El importe a pagar por las obligaciones de la deuda equivale así a algo más de la mitad del presupuesto de inversión en AVE para este año (4.187 millones) y a casi el 80% del de 3.160 millones previsto para carreteras.
“Por ello, el Ministerio ha elaborado un Presupuesto en el que se realiza un esfuerzo de austeridad en los gastos corrientes del Departamento y de todos sus entes públicos para primar la inversión”, garantizó Catalá durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
En este sentido, indicó que el Departamento que dirige Ana Pastor prevé una reducción de gastos de personal del 9,8% para 2012 y un recorte en gastos corrientes y de servicios del 7,3%.
Estos ahorros se extenderán también a los entes públicos dependientes de Fomento, dado que, según Catalá, Adif estima una disminución del 10% en gastos de personal y corrientes en 2012, y Renfe, del 6,5%. En el caso de la sociedad pública de suelo Sepes, se calcula un recorte del 8 % en gastos de personal y del 3,5% en los correspondientes a personal.
“Ello permitirá dedicar parte importante de los recursos a la inversión, para así contribuir al objetivo general de contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo”, aseguró el “número dos” del Ministerio.
En el lado de la inversión, el secretario de Estado manifestó el compromiso de Fomento de realizar una “planificación realista y eficiente, para optimizar así cada euro invertido, y que el esfuerzo de consolidación fiscal no merme el esfuerzo inversor del Ministerio”.
En su comparecencia Catalá recordó que Fomento cuenta con 11.928 millones de euros para inversiones en 2012, importe un 6,5% inferior respecto al ejecutado en 2011. Del monto total, 6.043 millones se destinarán a obras ferroviarias (4.187 millones a Alta Velocidad) , otros 3.160 millones a carreteras y 1.015 millones más al transporte aéreo.
El secretario de Estado insistió en que este presupuesto de Fomento se ve además condicionado por el pago de 600 millones de euros para atender expropiaciones de terrenos no pagados en años anteriores, así como por el abono de 250 millones de euros pendientes de pago por obras de carreteras realizadas el pasado año, y de otros 250 millones por certificaciones de obra también por pagar.

Casi la mitad del presupuesto 2012 de vivienda irá a pagar la RBE

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012El Ministerio de Fomento estima que deberá seguir presupuestando dotaciones para pagar la ayuda al alquiler, la denominada Renta Básica de Emancipación, durante siete años. Así lo ha indicado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, quien cifra en 2.500 millones de euros los que este año tendrá que destinar Fomento para atender las obligaciones y servidumbres del endeudamiento que actualmente soporta, importe un 63,3% superior al de 1.530 millones de 2011.
El “número dos” de Fomento explicó que el Departamento debe a atender las obligaciones contraídas con los actuales beneficiarios de esta ayuda a jóvenes para que paguen el alquiler de un piso, pese a que el Gobierno decidió suprimir la concesión de nuevas ayudas en diciembre de 2011.
En el caso de 2012, el Ministerio ha presupuestado 318 millones para atender el pago de estas ayudas al alquiler para jóvenes, importe equivalente al 40% del presupuesto total de 814 millones con que cuenta el área de Vivienda de Fomento para 2012.
Del resto de presupuesto, 425 millones se destinan a cumplir obligaciones derivadas de los sucesivos planes de vivienda, otros 130 millones a pagar subvenciones de préstamos a la compra de pisos protegidos, y 120 millones más a cumplir con ayudas al pago de la entrada en la adquisición de este tipo de viviendas.
Presupuesto más austero
En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, Catalá ratificó que el Ministerio “ya trabaja en el diseño de una nueva política de vivienda más adecuada a la actual realidad económica y del sector”.
Catalá ha destacado que el endeudamiento de 40.000 millones de euros que actualmente afronta todo el grupo Fomento “influye de forma importante” en el presupuesto del Departamento para 2012.
El importe a pagar por las obligaciones de la deuda equivale así a algo más de la mitad del presupuesto de inversión en AVE para este año (4.187 millones) y a casi el 80% del de 3.160 millones previsto para carreteras.
“Por ello, el Ministerio ha elaborado un Presupuesto en el que se realiza un esfuerzo de austeridad en los gastos corrientes del Departamento y de todos sus entes públicos para primar la inversión”, garantizó Catalá durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
En este sentido, indicó que el Departamento que dirige Ana Pastor prevé una reducción de gastos de personal del 9,8% para 2012 y un recorte en gastos corrientes y de servicios del 7,3%.
Estos ahorros se extenderán también a los entes públicos dependientes de Fomento, dado que, según Catalá, Adif estima una disminución del 10% en gastos de personal y corrientes en 2012, y Renfe, del 6,5%. En el caso de la sociedad pública de suelo Sepes, se calcula un recorte del 8 % en gastos de personal y del 3,5% en los correspondientes a personal.
“Ello permitirá dedicar parte importante de los recursos a la inversión, para así contribuir al objetivo general de contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo”, aseguró el “número dos” del Ministerio.
En el lado de la inversión, el secretario de Estado manifestó el compromiso de Fomento de realizar una “planificación realista y eficiente, para optimizar así cada euro invertido, y que el esfuerzo de consolidación fiscal no merme el esfuerzo inversor del Ministerio”.
En su comparecencia Catalá recordó que Fomento cuenta con 11.928 millones de euros para inversiones en 2012, importe un 6,5% inferior respecto al ejecutado en 2011. Del monto total, 6.043 millones se destinarán a obras ferroviarias (4.187 millones a Alta Velocidad) , otros 3.160 millones a carreteras y 1.015 millones más al transporte aéreo.
El secretario de Estado insistió en que este presupuesto de Fomento se ve además condicionado por el pago de 600 millones de euros para atender expropiaciones de terrenos no pagados en años anteriores, así como por el abono de 250 millones de euros pendientes de pago por obras de carreteras realizadas el pasado año, y de otros 250 millones por certificaciones de obra también por pagar.