El Gobierno y la oposición han pactado ya los nombres de las seis personas que intentarán frenar los desahucios actuales. ESTE DIGITAL ha tenido acceso a la lista que PP y PSOE han consensuado. El Ejecutivo pone el acento en los cargos con formación judicial mientras el PSOE designa a expertos en el área hipotecaria.
El Gobierno y la oposición han pactado ya los
nombres de las seis personas que intentarán frenar los desahucios mediante la
modificación de las leyes actuales. Serán cuatro hombres y dos mujeres
especializados en el área hipotecaria y que se integrarán en una comisión que
comenzará sus trabajos el próximo lunes, según han confirmado fuentes del
Gobierno. La lista, a la que ha tenido acceso ESTE DIGITAL es ésta:
GOBIERNO: El Ejecutivo sienta en la
Comisión a los representantes de tres ministerios clave: Economía, Justicia y
Fomento. El objetivo ha sido, según fuentes del Gobierno, la designación de
voces que pueden analizar los cambios legislativos desde el impacto que tendría
en “las entidades financieras, en las inmobiliarias y en los ciudadanos”.
- MIGUEL TEMBOURY REDONDO (Subsecretario de Estado de Economía): Es abogado del Estado en excedencia y responsables de distintas carteras durante los gobiernos de José María Aznar. Fue el Director de Gabinete del ministro del Interior, Ángel Acebes.
- PILAR MARTÍNEZ LÓPEZ (Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo): Es la voz con más experiencia en el terreno hipotecario del grupo designado por el Gobierno. Su vinculación con esa área ha sido estrecha desde el Ayuntamiento de Madrid donde fue delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y donde presidió la Empresa Municipal de la Vivienda. De hecho, dirigió la política de vivienda de la capital. Junto a Alberto Ruiz-Gallardón saltó de la capital al Ejecutivo.
- REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA: Es el único nombre que todavía falta por determinar, según fuentes del Ejecutivo. Fernando Román, el actual secretario de Estado de Justicia, y Juan Bravo Rivera, subsecretario de Justicia, son los dos nombres que se han barajado como posibles, pero fuentes de Justicia aseguran que la decisión todavía no se ha cerrado. Alberto Ruiz-Gallardón debe elegir un nombre de manera inmediata pero, sea quien sea, la influencia del ministro de Justicia en el grupo será, pues, doble.
OPOSICIÓN: El Partido Socialista no ha
designado a miembros del partido sino a expertos en el terreno inmobiliario
coordinados por una diputada especializada en Economía. Según fuentes
socialistas, el objetivo es una reforma técnica rápida.
- INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO (Diputada y portavoz de Economía del PSOE): Suma el perfil político y especializado en el terreno de vivienda. Así, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria de Ordenación del Territorio y Vivienda del partido. Su especialización en el área económica explica su designación.
- IGNACIO NAVAS (Notario): Es el coordinador del observatorio de la vivienda del consejo del notariado y experto en fiscalidad inmobiliaria. Ha defendido públicamente la firma de un “gran pacto social entre Estado Central, autonomías y ayuntamientos para generalizar un régimen de VPO en propiedad y alquiler”. La tesis que ha defendido en foros públicos es la de que el mercado inmobiliario ha sido manipulado por la banca por las sobre-tasaciones de inmuebles y por la creación de derivados financieros fuera del control del mercado inmobiliario.
- JULIO RODRÍGUEZ (Expresidente del Banco Hipotecario y ex consejero del Banco de España): Fue una de las primeras voces en alertar de la sobrevaloración de la vivienda en el año 2000 y en denunciar lo que más tarde se bautizó como la “burbuja inmobiliaria”. Fue también asesor del gobernador del Banco de España desde 2008 y hasta el cese de Miguel Ángel Fernández-Ordóñez.
Los trabajos comienzan el lunes
La comisión pretende trabajar sobre
propuestas de reforma ya elaboradas. Los socialistas han planteado ya la
modificación de cinco normas legales que favorecen a los bancos acreedores
frente a los inquilinos con deudas. Esa fórmula, argumenta el PSOE, permitiría
ganar tiempo y agilizar los trámites puesto que hay ya una proposición de ley a
la que se ha dado trámite en la cámara.
Por su parte, el PP propone elaborar un nuevo
texto de modificación de la normativa actual. Los populares apuestan, según
fuentes parlamentarias, por la introducción de fórmulas por las que los bancos
se comprometan a cumplir un código de conducta más estricto que el actual pero
sin afectar a las hipotecas ya firmadas. Los trabajos comenzarán la semana que
viene y --según fuentes del Gobierno-- el Ejecutivo pretende presentar
resultados recogidos en un texto definitivo en la primera semana de enero.
