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martes, 4 de junio de 2013

El Ayuntamiento de Zaragoza gasta 2,5 millones de euros en protocolo y representación




MUCHASCASAS.NET.-El Consistorio de Zaragoza lleva gastados 2,5 millones de euros en una partida destinada a protocolo y representación de los altos cargos municipales en el periodo 2010-2013.
Estos gastos, muy criticados por el Partido Popular, vuelven a estar de actualidad tras la nueva normativa aprobada según la cual el alcalde, Juan Alberto Belloch, queda liberado de tener que pasar por un control previo que dé el visto bueno a dicha cuenta, según publica el diario ABC.
El caso de Belloch supondría una excepción con la nueva norma, ya que el resto de los concejales sí tiene que esperar una autorización pertinente que apruebe los gastos de protocolo y representación

domingo, 26 de mayo de 2013

La Junta expropia la primera vivienda con su decreto «antidesahucios»




La Consejería de Vivienda publica en el BOJA la declaración de interés social de un piso en Huelva en manos de un fondo que gestiona activos inmobiliarios

LAEDICION.NET.-Las reservas de los inspectores de la troika europea y el rechazo del Gobierno central no amilanan al Ejecutivo andaluz del PSOE e IU, que está decidido a aplicar contra viento y marea el decreto de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía, que prevé expropiaciones temporales de viviendas a los bancos. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este viernes el primer expediente de declaración de interés social de la cobertura de necesidad de una vivienda ubicada en Huelva, que es el paso previo a la expropiación de la misma.
Tal y como recoge el anuncio de la Consejería de Fomento y Vivienda, se trata de la primera expropiación del uso de un inmueble propiedad del Fondo AyT Hipotecario Mixto III, una sociedad gestora de activos, mayoritariamente inmobiliarios y procedentes de entidades financieras. La delegada de Fomento y Vivienda en Huelva, María C. Villaverde Fernández, firmó este anuncio el 17 de mayo pasado después de haberlo solicitado la inquilina de la vivienda, María del Carmen A. H., para evitar que se consumara un lanzamiento judicial.
El decreto ley de función social de la vivienda convalidado por el Parlamento autonómico por el PSOE e IU persigue la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas «en inminencia» de desahucio «en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas», según explicó la consejera del ramo, Elena Cortés (IU). Afecta a entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, como sucede en este caso.
El Fondo AyT Hipotecario Mixto III poseía en Andalucía un total de 1.411 activos a fecha del 31 de diciembre de 2012, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mediante el citado anuncio, la delegada de Vivienda somete a información pública el expediente de declaración de interés social de la vivienda y la necesidad de ocupación de la misma «a efectos expropiatorios» conforme al decreto-ley 6/2013. Se da un plazo de 15 días hábiles a las partes afectadas para que realicen sus reclamaciones y sugerencias.
La medida expropiatoria se produce una semana después de que el portavoz del Comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Simon O'Connor, adelantara que los inspectores de la troika (formada por la Comisión, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) van a analizar si el decreto en tramitación se ajusta a las condiciones del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros concedido por el Eurogrupo a España.

viernes, 17 de mayo de 2013

El PP aprueba su proyecto de desahucios y la oposición le acusa de aplicar 'el rodillo'




LAEDICION.NET.-El PP ha insistido este martes en que ha aceptado enmiendas de todos los grupos parlamentarios al proyecto de ley de Protección de los Deudores Hipotecarios, de reestructuración de las deudas hipotecarias y de alquiler social, mientras que la oposición en bloque le ha acusado de "aplicar el rodillo de la mayoría absoluta" tras dejarle solo en la votación en Ponencia del texto, que el jueves será aprobado definitivamente en la Comisión de Economía.
Tras reunirse a puerta cerrada durante poco más de 20 minutos, los ponentes en la tramitación de la ley Antidesahucios han expresado su malestar con la actitud del PP, que la semana pasada presentó un texto refundido entre el proyecto del Gobierno y la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago, completado con las enmiendas 'populares' y medio centenar de propuestas de la oposición, que niega este extremo.
Así, la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, les ha acusado de "aplicar el rodillo de su mayoría absoluta" y quedarse "solo en el respaldo de los grupos pero también socialmente", ya que el problema de los desahucios requiere de "soluciones viables y con determinación y no simples operaciones de maquillaje".
"Han presentado un texto al dictado de las entidades financieras y que no servirá para cumplir con las expectativas de la ciudadanía y seguirá dejando en la calle a miles de personas. Esta situación no se puede solucionar con rodillos, sin querer hablar ni negociar. Nos sentimos tremendamente frustrados", ha reconocido, comprometiéndose a seguir presentando iniciativas sobre este tema.

La movilización continuará

El portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la materia, Joan Coscubiela, también se ha comprometido a mantener la "batalla" para "forzar" al PP a hacer lo que la ciudadanía exige. "Tres veces han cerrado en falso este conflicto y tres veces la movilización les ha obligado a ponerlo sobre la mesa. No hay tres sin cuatro. Si el PP se obceca en cerrar en falso el problema nosotros continuaremos trayendo al Parlamento soluciones de verdad", ha insistido.
Tras acusar al partido mayoritario de estar "secuestrado por los intereses del mercado" y de "optar por los mercados financieros" en lugar de por las familias, Coscubiela ha criticado que el proyecto salga adelante por la "imposición de la mayoría absolutista". "No acepta la dación en pago -ni siquiera como placebo-, rechaza totalmente el contenido de la ILP y su aplicación de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo es cicatera y será desbordada muy pronto por los tribunales", ha pronosticado.
Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, también ve el texto 'popular' "insuficiente" porque, aunque introduce "pequeños avances técnicos", no resuelve el problema fundamental del sobreendeudamiento sobrevenido y la segunda oportunidad. "Es lamentable que el PP se obceque, en una especie de lucha absurda y sin el menor sentido, en mantener su propuesta sin aceptar lo que le decimos, que además es algo muy sencillo y que no hubiera costado nada ni al Gobierno ni a la banca", ha lamentado.
Además, ha advertido de que con este proyecto de ley se "embarullará todavía más" la situación judicial y ha previsto que muchos de los litigios acaben concediendo a los deudores "lo que el Gobierno no quiere, lo cual es completamente absurdo". "Este rechazo ciego, irracional y absurdo del Gobierno es otra oportunidad perdida que, lamentablemente, no va a hacer sino empeorar un problema que tiene solución", ha concluido.

Vacían de contenido la ILP

LAEDICION.NET.-Desde CiU, la portavoz de Vivienda, Lourdes Ciurò, ha recordado al PP que "aunque tienen la mayoría absoluta no tienen la verdad absoluta" y ha insistido en que "el texto presentado no recoge ni el espíritu ni el alma" de la iniciativa ciudadana ni tampoco las propuestas de su grupo. "No perderemos la moral. Éste tendría que ser un texto de consenso y la posibilidad de tender la mano la tiene el PP", ha añadido.
Por su parte, el portavoz del Grupo Catalán, Josep Antoni Duran Lleida, también ha hecho referencia a este asunto en rueda de prensa, lamentando la "actitud del PP de vaciar de contenido la ILP" y ha apelado a "su responsabilidad" para "no perder la oportunidad de encontrar un consenso, porque no puede quedarse solo legislando en un tema de tanta importancia social".
Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV, también lamenta que el PP "no esté por la labor" de arreglar este "drama" de manera "suficiente y satisfactoria", y que con este proyecto de ley vaya a "perder la oportunidad de llegar a un consenso lo suficientemente amplio" en un tema "tan candente". "Es una irresponsabilidad política", ha afirmado, instando a los 'populares' a aprovechar este debate para avanzar realmente en la situación y abordar una "solución más contundente".
La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, también ha acusado a los 'populares' de "mentir" y de "laminar" la iniciativa ciudadana, y ha afirmado que esto supone "una demostración más de que el PP no es de fiar y que cuando promete o se compromete a cosas luego las falsea". Asimismo, ha lamentado que el partido mayoritario "no está en absoluto dispuesto a dar respuesta a las demandas sociales, incluso a las de su propio electorado, ni a las de los jueces" en esta materia.

'Estamos muy contentos con el texto'

Finalmente, el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha asegurado que sus compañeros de filas están "muy contentos" con el texto que se ha aprobado porque otorgará "mejores condiciones para pagar la hipoteca y acceder a la vivienda" para todos los ciudadanos gracias a las medidas que introduce en relación con reestructuraciones de la deuda, alquileres sociales, limitación de cláusulas abusivas y cumplimiento de la sentencia del TJUE.
"Estos objetivos son equilibrados y mejoran sustancialmente lo que había. Algunos dirán que no es suficiente, pero va a cubrir a todas las familias que tengan necesidad", ha asegurado, insistiendo en que se han aceptado enmiendas de la oposición al margen de que los grupos "se sientan más o menos representados" en el resultado final del texto.
Además, ha señalado que el 'no' al proyecto habría supuesto "no hacer ningún avance". "Lo que votan el resto de grupos es dejar las cosas como están porque (rechazan el proyecto a pesar de que) sus enmiendas no tenían -y ellos lo saben- capacidad de prosperar", ha criticado, reprochando que sólo el BNG se pusiera en contacto con él para negociar y acusando al resto de "estar más en la defensa de posiciones políticas que en la mejora del texto".
"Nosotros no queremos tener más o menos ventajas partidarias, sino una ley que sea buena para los ciudadanos y dé solución a sus problemas. En el resto de grupos vemos una voluntad de que aprobemos cosas suyas pero ellos no aceptan nada de un texto que mejora sustancialmente lo que había", ha hecho hincapié, acusando en particular a los socialistas de acudir al debate con una "posición prefijada" y "sin voluntad de llegar a acuerdos".
Con respecto al reflejo de la ILP en el texto, Pujalte ha afirmado que el proyecto "recoge el espíritu" de la iniciativa, pero que "si lo que quieren es una dación en pago retroactiva para que cualquier ciudadano, aunque tenga capacidad de pago o patrimonio, pueda quitarse la hipoteca dando el piso no es lógico". Además, ha insistido en que con estas medidas las familias no se quedan sin techo y ha reiterado que se aplicarán con carácter retroactivo en el sentido de que se podrán acoger también créditos antiguos que entren en ejecución a partir de ahora.

sábado, 20 de abril de 2013

Rubalcaba evita pronunciarse sobre la quita en las hipotecas que pide IU en Andalucía



LAEDICION.NET.-.El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha evitado pronunciarse esta mañana sobre la quita en las hipotecas que ha propuesto la consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés (IU). Según ha asegurado en una entrevista en Telecinco, aún no ha tenido tiempo para examinar esta iniciativa en profundidad.

Respecto a su continuidad en la secretaria general del PSOE, Rubalcaba ha afirmado que él se siete “con ganas y con fuerzas” todas las mañanas, pero ha matizado que solo se presentará a las primarias si su partido considera que es “útil”.

“Tenemos que cambiar muchas cosas en el partido y tengo que acabar ese proyecto, luego ya veré”, ha apuntado Rubalcaba en El Programa de Ana Rosa, para añadir que el “problema de los españoles no es saber quién es el candidato, sino que no tienen empleo, que la economía cada vez va peor…”.

miércoles, 17 de abril de 2013

El PP quiere unir los textos de la Ley Antidesahucios y la ILP



El Partido Popular ha tomado la decisión de reunir los textos del proyecto de ley Antidesahucios y de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en uno único, antes de llevar a debate los cambios en materia de desahucio, una medida que ha sido criticada por el PSOE.

LAEDICION.NET.-Según el Partido Socialista, temen que, con esta medida, “el PP haya desdibujado absolutamente la ILP” puesto que, tal y como ha denunciado la diputada Leire Iglesias, “su admisión a trámite era un postureo, una impostura, una farsa”.

Por ello, el PSOE defiende la necesidad de mantener ambos textos por separado, así como la nueva comparecencia de los defensores de la ILP, para que puedan promover las medidas que apoyan, entre ellas, la dación en pago con carácter retroactivo, medida que rechaza el Partido Popular.

sábado, 30 de marzo de 2013

El PSOE propone pagar el 75% para conservar la vivienda en alquiler



El PSOE propone en sus enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago que las personas que hayan pagado al menos el 75% de su hipoteca y se enfrenten a un proceso de ejecución hipotecaria puedan quedarse en la vivienda en régimen de alquiler por un precio que no supere el 30% de sus ingresos hasta que terminen de saldar la deuda pendiente.
Así consta en una de las cinco enmiendas socialistas a la iniciativa popular, cuyo plazo de presentación de modificaciones en el Congreso concluye este martes y que se tramitará conjuntamente con el proyecto de ley Antidesahucios presentado por el Gobierno, según recoge Europa Press.
Aunque los socialistas mantienen el texto original de la ILP (que reclama dación en pago retroactiva y generalizada, paralización de todos los desahucios en marcha y creación de un parque de vivienda en alquiler social), sí han registrado algunas “mejoras” con el objetivo de “garantizar que los deudores hipotecarios no pierdan su vivienda y puedan continuar en ella, en lugar de que sea subastada”.

“Esta enmienda evitará que el banco pueda beneficiarse de la situación de insolvencia de aquéllos que ya han hecho frente al mayor parte del pago de su hipoteca. Tratamos de evitar la venta anticipada de la vivienda, de garantizar la permanencia en la misma de la familia y establecemos un pago del saldo de deuda pendiente”, ha explicado la portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Leire Iglesias, a través de una nota de prensa.

También para los avalistas

Por otra parte, los socialistas incluyen entre sus propuestas de modificación la previsión de incluir entre los posibles beneficiarios de la dación en pago, la moratoria y el alquiler social a los avalistas y garantes, y no sólo a los propios deudores. Además, se propone que no sólo se apliquen estas medidas a las hipotecas sobre vivienda habitual sino también a las que afectan a locales de negocio que suponen el sustento de la familia.
Para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado día 14 falló que la ley hipotecaria española contraviene la normativa comunitaria de protección al consumidor, el PSOE ha registrado otra enmienda para autorizar a los jueces a suspender cautelarmente las ejecuciones cuando existan cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Una potestad que actualmente no tienen y que deja a los deudores desamparados, ya que sólo pueden elevar una queja tras haber concluido el procedimiento de ejecución, con lo que en muchas ocasiones el daño causado es ya irreparable incluso aunque haya indemnización.
Iglesias ha instado además al Gobierno a “aprovechar esta nueva oportunidad” que le brinda la tramitación de estas dos propuestas normativas para mejorar la protección real que se brinda a los hipotecados y “no esperar más tiempo permitiendo que se aplique una legislación contraria a las directivas europeas”.
En este sentido, la diputada considera que todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo popular hasta la fecha suponen “parches y anuncios pomposos y nada eficaces”, poniendo como ejemplo el Código de Buenas Prácticas, que a su juicio “se ha convertido en una excusa para evitar la renegociación de deuda de muchas familias”, o la moratoria de dos años a las ejecuciones, que “”que no ha paralizado los desahucios”.
“Las enmiendas que hasta ahora ha anunciado el Gobierno no solucionaran realmente los problemas de las familias y una vez más están al dictado de la banca”, ha añadido Iglesias, instando al Gobierno a “proteger a la ciudadanía y no los privilegios de las entidades de crédito”, y asegurando que “el PSOE seguirá batallando para que nadie se quede sin casa”.

 

 

miércoles, 23 de enero de 2013

La exdirectora de Invercaria y un sobrino de Felipe González declaran ante la Policía


La Policía investiga las irregularidades cometidas en la empresa pública de la Junta de Andalucía.


MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN Parecía olvidado, pero la Policía y los juzgados sevillanos siguen adelante con su investigación. Laura Gómiz, la que fuera presidenta de Invercaria, ha sido interrogada ayer martes por la Policía dentro de la investigación que lleva a cabo el juzgado de instrucción número dieciséis de Sevilla por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Gómiz ha prestado declaración ante la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía.

Precisamente, durante la mañana de hoy, según ABC,  se está tomando declaración al sobrino de Felipe González, Juan María González, que fue también presidente de esta sociedad. González cesó hace unas semanas del cargo que ocupaba en la Consejería de Economía como secretario general de Innovación, Industria y Energía. El juzgado investiga la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

El Mundo añade que la citación de Gomis se ha producido a raíz de las indagaciones de la Policía Judicial, dentro del caso Invercaria, sobre la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), constituida con capital público de Invercaria y algunos socios privados, y cuya actividad está en cuestión. Además de Laura Gómiz, también se ha llamado a declarar a otros trabajadores actuales y anteriores de Invercaria, la sociedad creada por la Agencia Idea de la Junta de Andalucía.
Laura Gómiz fue presidenta de Invercaria tras la salida de la empresa de Juan Manuel González Mejías, sobrino de Felipe González. A Gómiz se le ha acusado, entre otras cosas, de montar y falsear expedientes para justificar el reparto de las ayudas a raíz de la auditoría iniciada por la Cámara de Cuentas, en la que se revelaba un reparto sin control y arbitrario de los fondos públicos.

El caso Invercaria


Seguramente, con los ERE, es uno de los casos más importantes que se recuerdan en la ya larga historia de la corrupción en Andalucía, sobre todo, por su "volumen de negocio". Entre ambos casos, se tiene un montante de dinero público desviado, mal utilizado o simplemente sustraído, de más de 1.000 millones de euros.
En el caso Invercaria, el juzgado investiga el reparto de 21,5 millones en ayudas a empresas sin publicidad ni procedimiento reglado. Además, la Policía Judicial considera que la empresa pública, dependiente de la Junta de Andalucía, podría haber remitido información falsa a la Cámara de Cuentas para ocultar irregularidades.

El último episodio de esta falta de colaboración se evidenció en diciembre de 2012. Aunque el gobierno andaluz de PSOE e IU niega que exista caso Invercaria, el juez de instrucción número 16 de Sevilla seguía investigando las inversiones y préstamos millonarios concedidos sin control a empresas, que condujeron a unas unas pérdidas de más de 30 millones de euros.Entonces, se supo que había una nueva providencia con fecha 30 de noviembre en la que el magistrado Juan Gutiérrez Casillas atendía a todas las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y exigía a la sociedad pública que justificara sus inversiones en 41 empresas. Dado el comportamiento negligente de la Junta en ese caso, el juez le dio un nuevo ultimatum de tres días para la entrega de la documentación.
El juez pidió a la Junta «los procedimientos internos de selección de inversiones para los ejercicios de 2006 a 2008 poniendo el foco sobre la gestión en los años anteriores a la auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre 2009 que destapó las irregularidades. El juez investiga, pues, la supuesta malversación de fondos públicos por el reparto de préstamos participativos al margen de cualquier norma, el incumplimiento de las normas de contratación y pagos irregulares al personal directivo de esta sociedad pública que manejó 60 millones entre 2005 y 2009.
Ante la desidia de la Junta, el juez fue taxativo y «en el plazo inexcusable de tres días» le exige remita esta documentación «al tratarse de información que ha de obrar en los expedientes de la sociedad». De lo que se trata es de saber qué criterios se siguieron, si objetivos o arbitrarios, como parece, para apoyar con fondos públicos proyectos empresariales, la mayoría de los cuales resultaron un fiasco y algunos estaban vinculados a excargos próximos al PSOE.
Muy espectacular es el caso de Andalus Líneas Aéreas, que apenas operó 17 meses y estaba presidida por José María Martín Delgado, exconsejero de Cultura del gobierno de Manuel Chaves. Catalogada como empresa bandera por la Junta, entre 2008 y 2009 recibió un préstamo de 1,1 millones de Invercaria,. Por eso ahora el juez pidió a la agencia IDEA de la Junta, propietaria de Invercaria, los expedientes completos de las subvenciones, avales y préstamos concedidos al operador aéreo y cualquier informe relativo a la sociedad de capital riesgo. También le requiere a Andalus los libros contables y cuentas anuales.
El caso Informática Graef SL y los ordenadores gratis de la Junta
El juzgado ha requerido a la Junta de Andalucía información de todos los contratos adjudicados a proveedora habitual de ordenadores de la Administración autonómica desde 1994 y a la que ya investigaba por cruzar facturas falsas con otra empresa beneficiaria de ayudas de la sociedad pública de capital riesgo, añade El Mundo.
De este modo, el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla accedía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ordena a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo que le remita «información detallada» de todas las adjudicaciones de «contratos de suministros e instalación de equipamiento informático en centros de la red Guadalinfo». Ahora en concurso de acreedores, Informática Graef ha ganado más de un centenar de concursos por un montante de unos 30 millones de euros. Entre otros suministros, proveyó los portátiles que la Consejería de Educación repartía a los alumnos de quinto de Primaria.
Informática Graef , empresa jiennense, recibió dos préstamos de Invercaria por 1.180.000 euros. La Agencia Tributaria detectó que la empresa EDM había girado facturas falsas a Informática Graef por 6,9 millones de euros y que Informática Graef facturó a EDM otros 7,3 millones por conceptos ficticios.

El juez libró además un oficio a la Agencia Tributaria para que le informara sobre las declaraciones fiscales presentadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Informática Graef y EDM en 2008 para el suministro e instalación del equipamiento informático, nada menos que de 637 centros de acceso público a internet de la red Guadalinfo.
Además, el juez ordenaba al secretario judicial que transcribiera las cintas grabadas por el ex directivo Cristóbal Cantos en las que la ex presidenta de Invercaria Laura Gomis ordenaba el montaje de expedientes para oscurecer o tapar lo que se había hecho realmente y que ahora son pruebas del caso.

 Cristóbal Cantos fue el técnico especialista de alto nivel y cualificación, con formación en Estados Unidos y Europas, que denunció el caso Invercaria cuando Laura Gomis, la entonces presidenta, intentó presionarle para que contribuyera a la realización de falsos documentos para justiicar la distribución de fondos públicos entre empresas que no reunían las más mínimas condiciones. No recurrió a él porque fuera afín sino porque era de los muy pocos capaces de hacerlo. Al negarse, fue amenazado con el despido, cosa que ocurrió no sin que, antes, el propio Cantos hubiera grabado algunas de sus conversaciones con la ya ex presidenta.

Como consecuencia de ello, fue despedido y además, fue denunciado en los Tribunales por la propia sociedad Invercaria por un delito contra la honorabilidad de la empresa, falsedad y estafa procesal. Durante un tiempo, la Junta intentó demostrar que las grabaciones a Laura Gomis estaban trucadas, pero se demostró que no era así.

Cantos, un hombre todavía joven, permanece sin trabajo desde entonces. Por una parte, muchas empresas privadas no quieren contaminarse con el caso ni "señalarse" con la Junta. En las públicas, la Junta lo ha condenado al exilio profesional. Tras sufrir durante meses una intensa depresión por el paro y por las amenazas recibidas, sigue sin encontrar trabajo y en la actualidad prepara su defensa, reafirmándose en todas sus actuaciones.

jueves, 29 de noviembre de 2012

Gobierno y PSOE finalizan su reunión en Moncloa sin cerrar un acuerdo sobre los desahucios



Gobierno y PSOE finalizan su reunión en Moncloa sin cerrar un acuerdo sobre los desahucios

 

 

 

  • MUCHASCASAS.NET.-:/ Redacción.-El Gobierno aseguraba que se había logrado un acuerdo "sustancial", pero volverán a reunirse este martes para intentar cerrar un acuerdo.
  • Entre las medidas previsiblemente estará la prórroga de dos años en las ejecuciones hipotecarias, que se aprobará el jueves en el Consejo de Ministros.
  • Fuentes del Ejecutivo, tras la reunión que ha durado seis horas y cuartos, señalan que se trata de una asunto laborioso que lleva su tiempo.

 

Los representantes del Gobierno y del PSOE que se han reunido este lunes en La Moncloa para pactar una reforma de la legislación sobre el problema de los desahucios han finalizado las conversaciones de este lunes sin cerrar un acuerdo, pese a que fuentes del Ejecutivo consideraron esta tarde que existía un "acuerdo sustancial". Fuentes del Gobierno han señalado que se trata de una asunto laborioso que lleva su tiempo. Los representantes de Ejecutivo y PSOE han terminado su reunión a las 23:15 horas —tras seis horas y cuarto de encuentro— y se han citado de nuevo para este martes a partir de las cuatro y media de la tarde.
En la reunión de este lunes se ha avanzado de forma notable, según fuentes de ambas delegaciones, para intentar dar respuesta a la situación que viven miles de familias en España a consecuencia de la crisis.
Se han producido avances pero las conversaciones seguirán este martesEntre las medidas que se acordarán estará previsiblemente la prórroga de dos años en las ejecuciones hipotecarias, que se aprobaría este jueves en el Consejo de Ministros. La reunión del consejo se celebra habitualmente los viernes, pero esta semana se ha adelantado un día debido a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, que se desarrollará el viernes y el sábado.
La delegación del Gobierno ha estado encabezada por el subsecretario de Economía, Miguel Temboury. La responsable de Economía de la Ejecutiva socialista, Inmaculada Rodríguez Piñeiro, ha liderado a los representantes socialistas. Este lunes la Asociación Española de la Banca (AEB), la patronal de los bancos, ha anunciado el compromiso de sus asociados de paralizar en los próximos dos años los desahucios en los casos en que concurran "circunstancias de extrema necesidad".
Poco después, la CECA comunicaba que suspendía las ejecuciones hipotecarias hasta que entre en vigor la reforma normativa que preparan Gobierno y oposición. Durante la jornada se han registrado movilizaciones de asociaciones y ciudadanos en demanda de cambios en la legislación hipotecaria y contra los desahucios.

 

lunes, 26 de noviembre de 2012

Reclaman la expulsión del PSOE de la ex ministra de Vivienda Trujillo



Los jóvenes socialistas extremeños, indignados por su opinión sobre los desahucios.
El Comité Regional de Juventudes Socialistas de Extremadura (JSEx) aprobó ayer una resolución en la que pide al PSOE que se expulse "de inmediato" a la ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo por sus opiniones sobre los desahucios. En su resolución, JSEx considera que Trujillo ha demostrado en reiteradas ocasiones que "no merece pertenecer al partido ni ser llamada socialista".

La organización juvenil recuerda que la ex ministra llegó a atacar públicamente a compañeras del partido, como la concejala del PSOE en Los Yébenes Olvido Hormigos por su vida privada y pidió de manera pública, "fuera de los cauces de participación democrática", la dimisión del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero, para Juventudes Socialista de Extremadura, "la gota que colma el vaso" son las opiniones de la ex ministra expresadas por Trujillo en Twitter sobre los desahucios, al afirmar recientemente que "el que tenga deudas, que las pague. Que no se hubiera endeudado"

Con estas declaraciones, la ex ministra Trujillo demuestra no tener "ni un mínimo" de conciencia o sensibilidad social, lo que "es inaceptable cuando se lleva el carné socialista en el bolsillo", según JSEx.

Para esta organización, en estos momentos lo último que debe hacer una militante socialista es defender los intereses privados de los bancos, frente a la "gente que lo está pasando mal", como "parece hacer María Antonia Trujillo".

Por estas razones y "otras muchas", JSEx pide al PSOE que inicie los trámites para la expulsión de Trujillo "de inmediato", a la vez que reconoce el trabajo de otros compañeros del partido para acabar con la lacerante lacra de los desahucios.

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, reconoció el viernes que tanto él como el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se "equivocaron" con el nombramiento de María Antonia Trujillo como ministra de Vivienda.

sábado, 24 de noviembre de 2012

El Gobierno pretende prohibir a los bancos que impongan sus tasadoras para prevenir desahucios



El Gobierno ha convocado a los bancos en los próximos días para debatir las nuevas medidas con las que pretende reformar la ley hipotecaria. Entre las modificaciones que el Ejecutivo pretende introducir límites al uso de los servicios de tasación de las entidades e incluso permitir al cliente aportar valoraciones por parte de tasadoras independientes. El Gobierno ha convocado a los bancos y las cajas de ahorro “en los próximos días”, según fuentes de Economía, para debatir las nuevas medidas con las que pretende reformar la ley hipotecaria. Entre las modificaciones que el Ejecutivo pretende introducir hay nuevos límites al uso de los servicios de tasación por parte de las entidades e incluso permitir al cliente aportar valoraciones de tasadoras independientes.
El Ejecutivo revisa, al menos, dos criterios para el uso de las tasadoras de las entidades bancarias: por una parte la cantidad de capital con la que los bancos participan en esas compañías y por otra el volumen de negocio que les aportan. Fuentes del Ejecutivo aseguran que ambos parámetros se reducirán para “favorecer la independencia de la tasación”. 
El objetivo es “favorecer la independencia de la tasación”
 De igual modo, el Ejecutivo deja la puerta abierta a que los clientes que soliciten una hipoteca puedan aportar al proceso una valoración independiente por parte de una tercera parte. La intención del Gobierno es que esa tasación independiende no corra a cargo del cliente en caso de que sea necesaria.

Medidas con el apoyo del PSOE
Las medidas que pretende promover el Ejecutivo cuentan con el respaldo del PSOE. De hecho, algunas de ellas fueron tratadas entre las comisiones técnicas que ambas partes designaron, según confirman fuentes del Ejecutivo y de la oposición. Sin embargo, ambas partes discrepan sobre dónde colocar el umbral que limite la tasación por parte de los bancos:
  • Los socialistas apostaban por que un banco no pudiera usar como referencia una valoración si la entidad disponía de más del 1% del capital en la tasadora o si más del 1% de su negocio se debía a una sola entidad
  • Los populares pretenden elevar ese listón "significativamente" aunque el Ejecutivo no ha querido concretar todavía cuánto
De igual modo, también parece archivada la intención del PSOE de que utilizar un único valor de tasación a lo largo de todo el proceso hipotecario. En la actualidad la tasación a la hora de conceder el crédito y la del momento del embargo suelen cambiar sustancialmente. Los socialistas pretendían que el primer valor fuera el que tuviera prevalencia, de forma que el embargo se hiciera a precio de origen. Fuentes del Gobierno afirman que esa propuesta podría suponer importantes minusvalías para la banca y apuestan por aparcarla "de momento".

Los bancos y cajas serán escuchados “en unos días”
El ministerio de Economía ha citado a la patronal bancaria (AEB) y a la de las cajas de ahorro (CECA) a una reunión que podría celebrarse esta misma semana para delimitar las líneas maestras de la futura reforma de la ley hipotecaria. Ese encuentro tendrá lugar “en unos días”, según fuentes de Economía. 
las entidades han mantenido ya contactos con el Ejecutivo y con el líder de la oposición cuando PP y PSOE constituyeron la comisión técnica para evitar los desahucios. Desde entonces, esos contactos han continuado de manera regular, según admiten fuentes populares y socialistas. En las últimas horas, las entidades han advertido públicamente al Gobierno que una ley hipotecaria más dura significaría una menor concesión de crédito y un endurecimiento de los requisitos que reclaman a sus clientes.

viernes, 23 de noviembre de 2012

La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años



MUCHASCASAS.NET.- Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años frente a los 178.000 lanzamientos que se han producido desde que comenzó la crisis. El Ejecutivo asegura que esa cifra es artificialmente alta porque incluye locales comerciales e industriales y prevé modificar la estadística. Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años, según estimaciones coincidentes de la banca y del ministerio de Economía. Según reza el Real Decreto-Ley que entra en vigor hoy sólo podrán acogerse a la moratoria contra el desahucio ciertas familias que cobren menos de 19.610 euros al año y, además, hayan visto menguar sus ingresos un 50% y engordar su hipoteca un 50% en los últimos cuatro años.
Incluso si se cumplen todos esos requisitos, sólo podrán acogerse a la moratoria las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.
Las entidades bancarias consultadas por MUCHASCASAS.NET.-aseguran que la cantidad de requisitos fijados por el Gobierno apenas afectan al 10% de su cartera morosa. Los bancos, los únicos que disponen de información desglosada del nivel de ingresos de sus clientes y de la estructura familiar, calculan que, como máximo, serán unos 5.000 casos los que puedan acogerse a esta ley.
La cifra concuerda con la que maneja el ministerio de Economía. Según el subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, se han producido unos 15.000 desahucios de primera vivienda desde que comenzó la crisis. Eso arroja un saldo inferior a los 3.000 anuales de los que más de la mitad quedaría fuera del nuevo paraguas.
La cifra oficial de desahucios del Consejo General del Poder judicial estima que en 2012 se han registrado unos 35.000 desahucios en la primera mitad del año. Con el actual ritmo, eso significará que sólo este año se producirán unos 70.000 “lanzamientos” y que el número de desahucios desde que comenzó la crisis superará los 178.000.

El Gobierno prepara una nueva estadística de desahucios
El Ejecutivo, sin embargo, minimiza el valor de esas cifras oficiales. El representante del gobierno en las negociaciones con el PSOE y subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, asegura que la cifra esta “exagerada hasta centuplicar la realidad” porque incluye “incluye locales y establecimientos industriales y comerciales e incluso contempla deudas en las que no se produce el embargo porque haya demandas del banco”. “Las cifras deben ser depuradas”, aseguró Temboury en declaraciones a la Cadena COPE.
 “Las cifras deben ser depuradas”, asegura el subsecretario de Economía
Fuentes de Economía reconocen que el Ejecutivo prepara una nueva estadística para excluir los procedimientos comerciales. El objetivo es elaborar un indicador que sólo contenga la mora hipotecaria para la primera vivienda. En la actualidad no hay una base de datos común sobre desahucios porque los juzgados no desagregan que ejecuciones son de primera residencia, naves o locales comerciales. El objetivo es acotar el tamaño del problema "sin querer minimizar el drama", concluyen esas fuentes. 


martes, 20 de noviembre de 2012

El Gobierno prohibirá los desahucios de familias con menos de 19.000 € de ingresos



El Gobierno prohibirá  los desahucios de familias con menos de 19.000 € de ingresos

  • Una vez aprobado, hay disposición por parte del Gobierno para que se tramite como proyecto de ley en el Parlamento.
  • Los socialistas aún no han dicho si lo secundan, por falta de acuerdo total.
MUCHASCASAS.NET.-:/ Redacción.-El Consejo de Ministros aprobará este jueves el decreto ley con medidas urgentes para paliar los desahucios, que fijará el umbral de renta para evitar el embargo de la vivienda en unos 19.000 euros. Después de la tercera reunión entre Gobierno y PSOE para intentar buscar soluciones a este drama, los socialistas han dejado pendiente si se suman a un acuerdo total, han informado fuentes del Ejecutivo.
El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargoSin embargo, el encuentro —empezó en torno a las 19.00 horas del miércoles y se prolongó hasta la 1.00 horas del jueves— ha concluido con "avances importantes" para llevar a cabo reformas urgentes y también en relación con cambios en la legislación hipotecaria.
Fuentes socialistas han explicado que aún quedan algunos aspectos importantes por cerrar en lo que se refiere a los umbrales que marcan las familias protegidas y la moratoria en el desahucio, así como la tramitación de la reforma de la Ley.
En principio, hay aproximaciones en torno al umbral de renta para evitar los desahucios pero no hay acuerdo. Desde el Ejecutivo se informó de que ambas partes estaban a favor de que el umbral se fijara en 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que equivale a 2,5 veces el SMI que proponía el Gobierno.
Esto dejaba el tope de renta un poco por encima de los 19.000 euros, ya que 2,5 veces el SMI suman 19.230 euros y 3 veces el IPREM, calculado con doce pagas —que también existe esta opción—, se sitúa en 19.170 euros anuales.
Sin embargo, fuentes de PSOE han precisado después que este asunto aún no se ha cerrado del todo y que su reclamación es que se suspendan todas las ejecuciones hipotecarias por debajo del tope de renta calculado con un IPREM de catorce pagas, es decir, 22.365 euros.

Contactos antes del Consejo de Ministros

Los socialistas admiten que se han producido muchos avances, que atribuyen a que el Ejecutivo ha recogido muchas de sus propuestas, han indicado fuentes de esta formación. Además, sostienen que el Gobierno les ha transmitido la intención de redactar esta misma noche el decreto ley con los avances que han logrado en la negociación y facilitárselo antes de que sea aprobado en la reunión del Consejo de Ministros de este jueves.
El Gobierno quiere que esta medida sea de aplicación a los colectivos más vulnerables, entre los que estarían los ancianos, discapacitados o familias con hijos a su cargo. Una vez que se apruebe en el Consejo de Ministros, hay disposición por parte del Gobierno para que se tramite como proyecto de ley para recibir las aportaciones de los grupos parlamentarios, según fuentes del Ejecutivo.

lunes, 19 de noviembre de 2012

"Medidas esperanzadoras" para las familias al borde del desahucio



La diputada nacional Carmen Navarro (PP) felicita al Gobierno por su iniciativa y lamenta que "quienes miraron hacia otro lado quieran ahora incendiar las calles"
  
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-/ Almería La diputada nacional del PP de Almería, Carmen Navarro, calificó ayer de "esperanzadoras para miles de familias" las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros contra los desahucios "porque van a paralizar de forma urgente los de las familias más vulnerables, lo que refleja la voluntad del Gobierno del PP de resolver este grave problema" y ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo de Rajoy frente a las de otros gobiernos: "Mientras unos estamos trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos, otros se dedican ahora incendiar las calles y antes miraban para otro lado cuando tuvieron responsabilidades de gobierno", ha destacado.

Acompañada por el también diputado Jesús Caicedo, Navarro ha puesto de relieve que, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, "en 2008 había en Almería 319 familias con hipotecas que se encontraban en la última fase del lanzamiento, es decir las diligencias practicadas por la comisión judicial en las que se obliga, por la fuerza, al desalojo, y al final de 2012 serán alrededor de 1.494 hipotecas las que se encuentren en esa situación, lo que supondría una media de cuatro actos de comunicación y ejecución del desahucio diarios".

"Ante esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha medidas urgentes paralizando durante dos años los desalojos de los más necesitados y anunciando la creación de un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos destinado a las familias que ya han perdido sus casas. Y continuará abordando reformas durante la tramitación parlamentaria, buscando el diálogo con otros partidos", señala la diputada popular, para quien es "lamentable que quienes no supieron o no quisieron dar solución a esta situación pretendan ahora convertirse en abanderados de la causa a base de demagogia".

Así, ha preguntado, por ejemplo, "dónde están las 300.000 viviendas VPO que la Junta, en su Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, se comprometía a construir para que los andaluces con ingresos por debajo de los 3.000 euros al mes pudieran acceder a una vivienda digna" o por qué la Empresa Pública del Suelo "no pone a disposición de las familias afectadas viviendas desocupadas de las 70.000 de las que dispone".

Carmen Navarro se ha referido también a las críticas socialistas en relación a las enmiendas a los Presupuestos del Estado y ha recordado a sus dirigentes que "resulta sarcástico que quienes, en ocho años, han dejado de invertir en nuestra provincia más de 1.500 millones de euros presupuestados, pero no ejecutados, quieran ahora, en plena crisis, agravada en buen parte por su mala gestión, que se resuelvan los problemas que el PSOE, en época de vacas gordas, no solucionó. Si lo hubieran hecho, Almería tendría hoy solucionadas muchas de las demandas que ahora exigen, pero no hicieron nada y ahora critican a los que sí están trabajando en la búsqueda de soluciones"

 

Freno al desahucio de familias con menos de 1.600 euros al mes



Freno al desahucio de familias con menos de 1.600 euros al mes

El Consejo de Ministro aprobará hoy las medidas haya o no pacto con los socialistas. El PSOE aún pugnaba anoche para que el Gobierno elevara el tope a los 1.830 euros

MUCHASCASAS.NET.-:/ Redacción.-El Gobierno decidió ayer aprobar medidas legales para que se frenen los desahucios de la primera vivienda de las familias que tengan ingresos menores de 1.600 euros por mes. El Ejecutivo aprobará hoy en el Consejo de Ministros esta y otras medidas que anoche no concretó. Al cierre de esta edición, el Gobierno y el PSOE seguían reunidos en la Moncloa ya que el principal partido de la oposición reclamaba que ese umbral se subiera a 1.830 euros.
El límite de renta a partir del cual una familia podía disfrutar de la suspensión temporal de desahucios, en principio de dos años, como propusieron los bancos, ha sido el principal motivo de división entre ambas partes. De ahí que las reuniones, que comenzaron el lunes, avanzasen con lentitud. De acuerdo con el Gobierno, el PSOE quería ampliarlo en exceso, de manera que también aquellos que no estuvieran en una situación de extrema necesidad cumpliesen los requisitos para acogerse a la moratoria.
El encuentro de ayer, que comenzó a las 19.30 horas, se alargó hasta más allá de la medianoche y fuentes de la Moncloa consideraban que las posiciones se habían acercado lo suficiente como para poder alcanzar un acuerdo.
Las medidas que el Gobierno aprobará hoy “ampliarán el código de buenas prácticas” de la banca “para adaptarlos a la realidad actual”, informaron fuentes del Ejecutivo. Pero son solo las más urgentes para paliar el drama de los desalojos, cuya manifestación más extrema está personificada en los dos suicidios y una tentativa que se han producido en el último mes. A partir de ahora, y con mucha más calma, el Ejecutivo se mostraba ayer abierto a negociar una reforma de la ley hipotecaria, que data de 1946 y fue modificada en 1981.
El Gobierno y el PSOE acordaron buscar una solución a los desalojos la semana pasada, después de que el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, le pidiera en el Congreso al presidente, Mariano Rajoy, que acordaran una estrategia para frenar los desahucios. Ambas partes coincidieron en que la urgencia era necesaria, pero se han atascado al definir la tipología de personas que se podrán beneficiar de la moratoria.
Rubalcaba propone detener todos los desalojos hasta que se aplique la nueva ley, un procedimiento extrajudicial previo similar a los concursos de acreedores para las empresas en quiebra, bajar los intereses de demora, que el valor del inmueble durante la subasta nunca sea inferior al de la tasación original y que parte de las viviendas se dediquen al alquiler social para las personas ya desahuciadas.
Algunas de estas propuestas, como la última, ya está puesta en práctica en comunidades gobernadas por el PP como Castilla-La Mancha, y el Ejecutivo era favorable a aplicarla en toda España.

La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años



La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años

MUCHASCASAS.NET.- Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años frente a los 178.000 lanzamientos que se han producido desde que comenzó la crisis. El Ejecutivo asegura que esa cifra es artificialmente alta porque incluye locales comerciales e industriales y prevé modificar la estadística. Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años, según estimaciones coincidentes de la banca y del ministerio de Economía. Según reza el Real Decreto-Ley que entra en vigor hoy sólo podrán acogerse a la moratoria contra el desahucio ciertas familias que cobren menos de 19.610 euros al año y, además, hayan visto menguar sus ingresos un 50% y engordar su hipoteca un 50% en los últimos cuatro años.
Incluso si se cumplen todos esos requisitos, sólo podrán acogerse a la moratoria las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.
Las entidades bancarias consultadas por ESTE DIGITAL aseguran que la cantidad de requisitos fijados por el Gobierno apenas afectan al 10% de su cartera morosa. Los bancos, los únicos que disponen de información desglosada del nivel de ingresos de sus clientes y de la estructura familiar, calculan que, como máximo, serán unos 5.000 casos los que puedan acogerse a esta ley.
La cifra concuerda con la que maneja el ministerio de Economía. Según el subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, se han producido unos 15.000 desahucios de primera vivienda desde que comenzó la crisis. Eso arroja un saldo inferior a los 3.000 anuales de los que más de la mitad quedaría fuera del nuevo paraguas.
La cifra oficial de desahucios del Consejo General del Poder judicial estima que en 2012 se han registrado unos 35.000 desahucios en la primera mitad del año. Con el actual ritmo, eso significará que sólo este año se producirán unos 70.000 “lanzamientos” y que el número de desahucios desde que comenzó la crisis superará los 178.000.

El Gobierno prepara una nueva estadística de desahucios
El Ejecutivo, sin embargo, minimiza el valor de esas cifras oficiales. El representante del gobierno en las negociaciones con el PSOE y subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, asegura que la cifra esta “exagerada hasta centuplicar la realidad” porque incluye “incluye locales y establecimientos industriales y comerciales e incluso contempla deudas en las que no se produce el embargo porque haya demandas del banco”. “Las cifras deben ser depuradas”, aseguró Temboury en declaraciones a la Cadena COPE.
 “Las cifras deben ser depuradas”, asegura el subsecretario de Economía
Fuentes de Economía reconocen que el Ejecutivo prepara una nueva estadística para excluir los procedimientos comerciales. El objetivo es elaborar un indicador que sólo contenga la mora hipotecaria para la primera vivienda. En la actualidad no hay una base de datos común sobre desahucios porque los juzgados no desagregan que ejecuciones son de primera residencia, naves o locales comerciales. El objetivo es acotar el tamaño del problema "sin querer minimizar el drama", concluyen esas fuentes. 




domingo, 18 de noviembre de 2012

La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años



La nueva norma contra los desahucios apenas salvará a 3.000 familias durante los próximos dos años

Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años frente a los 178.000 lanzamientos que se han producido desde que comenzó la crisis. El Ejecutivo asegura que esa cifra es artificialmente alta porque incluye locales comerciales e industriales y prevé modificar la estadística. Los requisitos que el Gobierno exige para impedir los desahucios son tales que apenas 3.000 familias podrán acogerse a ellos en los próximos dos años, según estimaciones coincidentes de la banca y del ministerio de Economía. Según reza el Real Decreto-Ley que entra en vigor hoy   sólo podrán acogerse a la moratoria contra el desahucio ciertas familias que cobren menos de 19.610 euros al año y, además, hayan visto menguar sus ingresos un 50% y engordar su hipoteca un 50% en los últimos cuatro años.
Incluso si se cumplen todos esos requisitos, sólo podrán acogerse a la moratoria las familias numerosas, las familias monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de género.
Las entidades bancarias consultadas por ESTE DIGITALaseguran que la cantidad de requisitos fijados por el Gobierno apenas afectan al 10% de su cartera morosa. Los bancos, los únicos que disponen de información desglosada del nivel de ingresos de sus clientes y de la estructura familiar, calculan que, como máximo, serán unos 5.000 casos los que puedan acogerse a esta ley.
La cifra concuerda con la que maneja el ministerio de Economía. Según el subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, se han producido unos 15.000 desahucios de primera vivienda desde que comenzó la crisis. Eso arroja un saldo inferior a los 3.000 anuales de los que más de la mitad quedaría fuera del nuevo paraguas.
La cifra oficial de desahucios del Consejo General del Poder judicial estima que en 2012 se han registrado unos 35.000 desahucios en la primera mitad del año. Con el actual ritmo, eso significará que sólo este año se producirán unos 70.000 “lanzamientos” y que el número de desahucios desde que comenzó la crisis superará los 178.000.

El Gobierno prepara una nueva estadística de desahucios
El Ejecutivo, sin embargo, minimiza el valor de esas cifras oficiales. El representante del gobierno en las negociaciones con el PSOE y subsecretario del ministerio de Economía, Miguel Temboury, asegura que la cifra esta “exagerada hasta centuplicar la realidad” porque incluye “incluye locales y establecimientos industriales y comerciales e incluso contempla deudas en las que no se produce el embargo porque haya demandas del banco”. “Las cifras deben ser depuradas”, aseguró Temboury en declaraciones a la Cadena COPE.
 “Las cifras deben ser depuradas”, asegura el subsecretario de Economía
Fuentes de Economía reconocen que el Ejecutivo prepara una nueva estadística para excluir los procedimientos comerciales. El objetivo es elaborar un indicador que sólo contenga la mora hipotecaria para la primera vivienda. En la actualidad no hay una base de datos común sobre desahucios porque los juzgados no desagregan que ejecuciones son de primera residencia, naves o locales comerciales. El objetivo es acotar el tamaño del problema "sin querer minimizar el drama", concluyen esas fuentes. 

 

El PSOE pide "perdón" por no haber afrontado antes el drama de los desahucios



  

El PSOE pide "perdón" por no haber afrontado antes el drama de los desahucios

MUCHASCASAS.NET.-:/ Redacción.-·  Sabemos que tendríamos que haber reaccionado antes y pedimos perdón pero creemos que estamos trabajando para resolver el problema", remarcan.
·  Según el PSOE, los bancos y cajas "comienzan a moverse"   hasta que haya una nueva ley hipotecaria porque se lo pidió el viernes Rubalcaba.

·  Rubalcaba reconoce que el PSOE tenía que haber afrontado los desahucios en el Gobierno. "Tomamos medidas, pero fueron a todas luces insuficientes".

El PSOE, a través de su cuenta de Twitter  , ha pedido "perdón" este lunes por no haber reaccionado antes ante el drama de los desahucios, una autocrítica que se suma a la expresada ya por su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba  , que ha reconocido haber cometido "errores" en este sentido durante su etapa de Gobierno. Y aseguran que los bancos y cajas "comienzan a moverse"   hasta que haya una nueva ley hipotecaria porque se lo pidió el viernes Rubalcaba  .


"Sabemos que tendríamos que haber reaccionado antes y pedimos perdón por ello pero creemos que estamos trabajando para resolver el problema", remarca el mensaje. Los socialistas aseguran además ser "plenamente conscientes" de la importancia de la presión social   y del trabajo realizado por asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o movimientos como el 15-M   para afrontar la situación de miles de familias amenazadas por los desahucios.
De forma paralela, Alfredo Pérez Rubalcaba ha publicado una entrada en su página de Facebook  
en el que vuelve a reconocer que el PSOE tenía que haber afrontado el problema de los desahucios cuando estaba en el Gobierno. "Tomamos medidas, pero fueron a todas luces insuficientes. Con el agravamiento de la crisis y el aumento del paro, la situación ahora es peor, pero el problema no es nuevo", asegura.
En su mensaje, Rubalcaba sale así al paso de las críticas que ha recibido por no haber reaccionado antes frente a este problema y, en particular, cuando el PSOE presidía el Ejecutivo. "Comprendo el reproche, pero creo que contiene una contradicción, porque de aceptarse supondría que un partido político no tiene capacidad para rectificar. Debemos aprender de los errores, pero los errores pasados no pueden ser nunca una losa que impida actuar hacia el futuro", afirma.
El líder del PSOE deja claro que la autocrítica siempre es necesaria, pero advierte de que "nunca puede ser paralizante" y por ello apuesta por seguir trabajando para llegar a acuerdos con el Gobierno que den solución a esta lacra que afecta a miles de españoles. "Así entiendo la oposición: una oposición útil frente a una derecha que intenta imponer una salida injusta a la crisis", subraya.


El decreto sobre desahucios no toca la ley hipotecaria y crea un fondo social de viviendas



El decreto sobre desahucios no toca la ley hipotecaria y crea un fondo social de viviendas

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  • El Consejo de Ministros aprueba solo dos medidas urgentes sobre desahucios a falta de acuerdo con el PSOE; el resto queda para la tramitación en las Cortes.
  • Establecen cuáles son los colectivos vulnerables afectados por la medida y colocan el umbral de renta en 19.230 euros al año dentro de la unidad familiar.
  • Los desahucios se paralizarán durante dos años en los casos establecidos; durante ese tiempo las familias se quedarán en sus casas "sin coste alguno".
MUCHASCASAS.NET.- El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un real decreto ley con "medidas urgentes" para proteger a los "deudores hipotecarios" que vayan a ser desahuciados de sus casas. De momento, y a falta de acuerdo con el PSOE en el resto, el decreto se ha aprobado solo con dos medidas: la que determina a qué colectivos afecta y la creación un fondo social de viviendas para personas que se hayan quedado sin casa.

De esta forma, por el momento, se paralizarán durante dos años los lanzamientos —última fase de los desahucios— cuando afecten a una serie de colectivos especialmente vulnerables y por razones "humanitarias", de forma combinada con el umbral de renta de la unidad familiar o con sus circunstancias económicas sobrevenidas.  Esto "no afecta al proceso de ejecución hipotecaria" ni a la ley, ha asegurado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Los colectivos contemplados son:

- Familias numerosas.

- Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

- Unidad familiar que incluya un menor de tres años, algún miembro con discapacidad del 33% o un dependiente.

- Unidades familiares en las que el deudor esté en paro y se haya quedado sin prestaciones por desempleo.

- Unidad familiar con una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge "por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad" y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave.

- Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género y cuya casa, que no puede pagar, sea la vivienda habitual.

Además, deberá darse la circunstancia de que el conjunto de los ingresos para no ser desahuciado no puede superar el límite de tres veces el IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Este indicador se encuentra, según ha confirmado el ministro, en "532 euros al mes", por lo tanto, el límite estaría en 1.597 euros al mes, es decir, 19.164 euros al año. Teniendo en cuenta esta cantidad, se calcula el IPREM solo respecto a doce pagas y no a catorce, según demandaba el PSOE.
Asismismo, también podrán acogerse a este decreto las unidades familiares que hayan experimentado una "alteración significativa" de sus circunstancias económicas, es decir, "cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 por 100 en los últimos cuatro años"; las que tengan un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad; y las que estén pagando una cuota hipotecaria que supere el 50% de sus ingresos mensuales.

Por otro lado, el Gobierno establece la obligación de crear un fondo social de viviendas, "un parque de viviendas destinadas al alquiler, a precios bajos" para personas que han perdido su casa, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La dación en pago, según el ministro, "es posible" incluirla ya en los contratos hipotecarios, lo que ocurre es que son "más caros"En el tintero y para "revisión" durante el trámite parlamentario, en el que el Gobierno espera las "aportaciones" del resto de grupos, quedan las medidas relativas a los "nuevos umbrales para la aplicación del código de buenas prácticas", la mejora de la realización de las subastas, los intereses de demora, los límites en las compras de vivienda habitual o los mecanismos para evitar cláusulas abusivas, entre otras cosas.

Sobre la dación en pago y a preguntas de los periodistas, el ministro ha dicho que se trata "de una resolución de última instancia, de último recurso" que ya está incluida en el código de buenas prácticas, "que es obligatorio" para las entidades. El objetivo del decreto es que nadie "pierda su casa", ha explicado. Pero solo durante esos dos años, en los que las familias podrán quedarse en su casa "sin coste alguno", lo que supondrá "un alivio" para su economía.

La dación en pago, según el ministro, "es posible" incluirla ya en los contratos hipotecarios, lo que ocurre es que son "más caros"; De Guindos ha añadido que si se protege "en exceso al deudor", los bancos son reacios. Esta norma es una "respuesta urgente y paliativa de cara a la situación más dura de la crisis económica que vivimos", ha dicho la vicepresidencia.

El Gobierno ha admitido que no ha cuantificado el número de familias que se podrían ver afectadas por el decreto y que, además, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Hacienda, respectivamente, datos sobre el número de desahucios de primera vivienda y del nivel de renta asociado a ellos.