Navarra también aprueba una ley para expropiar casas a bancos

el parlamento foral de navarra ha aprobado una proposición de ley para quitar la propiedad de los pisos a las entidades en los casos de desahucio. el objetivo es que las familias afectadas puedan permanecer en los mismos durante tres años pagando un alquiler que no supere el 25% de sus ingresos
también recoge la creación de un censo de vivienda vacía en Navarra, así como gravar la vivienda vacía con un impuesto que doble la actual cuantía de la contribución urbana a aquellas viviendas vacías que no se pongan en el mercado del alquiler

Griñán cree legal expropiar casas y avanza que habrá más medidas

El presidente de la Junta ve con respaldo constitucional el acuerdo de su Consejo de Gobierno e ‘invita’ al PP a presentar enmiendas en el Parlamento

LAEDICION.NET.-El presidente andaluz, José Antonio Griñán, defendió ayer que el decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas “en inminencia” de desahucio “en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas” es “plenamente constitucional” y ha invitado al PP-A a presentar enmiendas durante su tramitación parlamentaria “si considera que hay inseguridad jurídica”.
Griñán se ha pronunciado de este modo después de que el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, haya alertado sobre la “inseguridad jurídica” del decreto y haya acusado al Ejecutivo andaluz de “manipulación política” en el tema de los desahucios para “confundir” a los ciudadanos.
El presidente de la Junta ha indicado que tiene la “tranquilidad de que los servicios jurídicos han estudiado profundamente esta normativa y creemos que es plenamente constitucional” y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1987 sobre la reforma agraria, que establece que “el derecho de propiedad lleva como algo inescindible su utilidad y función social”.
“Se consideró constitucional la expropiación de uso que se llevaba a cabo en bienes que no estaban siendo utilizados con una finalidad económica o de rentabilidad social”, ha añadido Griñán, quien también se ha referido al derecho comparado, asegurando que en muchos países europeos como Francia, Reino Unido o Noruega, entre otros, se aplica una “confiscación” de hasta seis años en casos de viviendas que no se utilizan.
Tras insistir en que son medidas que tratan de paliar el problema y que no van a ser las últimas que la Junta dedique a luchar contra la exclusión social y las desigualdades, el presidente de la Junta ha querido hacer hincapié en que el Gobierno andaluz seguirá tomando decisiones en este sentido. “Hemos dado un primer paso y no será el último”, ha advertido.
Griñán, que ha negado que las sanciones establecidas tengan afán recaudatorio, ha dicho que se producen “porque hay un problema social que queremos solucionar”. A su juicio, cuando hay tantas miles de viviendas sin ningún uso y tantas familias que no disponen de techo o de acceso a la vivienda, “es una función de cualquier gobierno con sensibilidad poner o buscar las posibilidad de que esas viviendas puedan ser accesibles a través de una fórmula que está en el Código Civil”.

 

El BOJA publica el decreto que permite a la Junta expropiar temporalmente viviendas, que entra en vigor el viernes

Sancionará a bancos e inmobiliarias e incentivará a propietarios para aflorar el stock y sacarlo al alquiler

LAEDICION.NET.-El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes entrará en vigor el viernes tras ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas".
En dicho decreto ley además se establece que en el plan de un mes se deberá aprobar una orden para poner en marcha un plan extraordinario de inspección, con la finalidad de "mitigar de firma urgente los efectos perjudiciales de la no habitación de viviendas".
Dicho plan de inspección contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de otro tipo, así como el orden de prioridades que vayan a servir para selección los ámbitos, objetivos inmuebles y viviendas. El plan tendrá una vigencia máxima de dos años.
Dicho decreto ley asimismo un orden preferente de tramitación para la expropiación temporal. De esta forma, considera que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento "afecta a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o desempleados sin derecho a prestación". Estos colectivos tendrán un orden preferente de tramitación, al igual que ocurre con las personas cuya vivienda esté sometida a algún régimen de protección pública.
Este decreto ley fija los requisitos para poder optar a dicha expropiación temporal de uso, incluidos datos fiscales y de la vivienda, así como define el concepto de vivienda deshabitada.
Esta norma establece la necesidad de un programa de bolsas de viviendas en alquiler destinado a asegurar la "efectiva ocupación" y, en materia sancionadora, apunta que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de procedimientos sancionadores en materia de VPO será de un año.
Asimismo, las entidades financieras, inmobiliarias y entidades de gestión de activos se verán obligadas en el plazo de un mes a comunicar un inventario de las VPO ubicadas en Andalucía que integren su balance.
El decreto se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.
Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas.
Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.
En materia de incentivos, uno de los incentivos será "establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse", esto es, la Junta "contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Junta pagaría cantidades debidas y arreglaría desperfectos".
En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, el procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.
REQUISITOS PARA LA EXPROPIACIÓN TEMPORAL
Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.
El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).
Asimismo, las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal del uso por un plazo de tres años del uso de las viviendas por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25 por ciento de la renta familiar para pagar el dos por ciento del justiprecio de dicho inmueble.
PENALIZACIÓN DE HASTA 9.000 EUROS
En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros.
La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda. La norma regula la vivienda vacía como aquella que, reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas.
De acuerdo con el Decreto-Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.
Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista. La nueva regulación prevé un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.