Los afectados por la crisis demandan información y protección ante la imposibilidad de afrontar el pago de la hipoteca

La oficina contra los desahucios que la Consejería de Fomento y Vivienda abrió el pasado 8 de octubre en Almería ha atendido a 44 familias en su primer mes de funcionamiento, una cifra que, en opinión de la delegada del Gobierno de la Junta, Sonia Ferrer, “refleja claramente la situación por la que están pasando las víctimas de la crisis y la necesidad de que las administraciones activen herramientas útiles en defensa del derecho a la vivienda”.

Ferrer y la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós, han visitado hoy la oficina provincial, un servicio gratuito al frente del cual se encuentra personal funcionario especialmente formado para ofrecer atención y asesoramiento en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema.

Caparrós ha recordado que en Almería se han producido más de 11.000 desahucios y que la Junta de Andalucía, sensible a este drama, “ha apostado desde el primer momento por parar esta situación, poniendo a disposición de la ciudadanía lo mejor que tenemos, que son los medios humanos” .

Las oficinas de asesoramiento las atiende un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.

En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realiza tareas de in-formación y asesoramiento previo a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Las funciones de intermediación se desarrollan ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales presta un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.

La oficina garantiza además la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.

Esta oficina se suma a las otras siete abiertas a principios del mes de octubre en el resto de provincias andaluza dentro del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que como explicó la consejera Elena Cortés en el Parlamento “rompe la neutralidad de la administración ante este drama social, poniéndose del lado de las víctimas de la crisis”.