Asegura que el decreto andaluz para expropiar viviendas a los bancos es una
«copia mala» de las medidas del Gobierno
LAEDICION.NET.-El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido,
mostró este miércoles su convencimiento de que pronto «puede haber algún
miembro delConsejo de Gobierno de la Junta que pueda ser imputado» por
el fraude de los ERE. El dirigente popular evitó, sin embargo, señalar
al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, por lo que apuntó, en
cambio, hacia los consejeros, aunque sin citar específicamente a ninguno. «No
soy quien tiene que poner el nombre encima de la mesa», dijo aunque «hay
personas dentro del Consejo de Gobierno de la Junta que están muy señalados» en
este caso.
Según dijo, hay miembros del Consejo de Gobierno que pueden haber
tenido «responsabilidades políticas» en el caso «no solo por
intervención directa, sino por conocerlo y consentirlo o no alertarlo». «Porque
han sido muchas las advertencias de la Intervención General sobre que no
había procedimiento reglado. Y si se ha producido un fraude, no sólo el que lo
propicia tiene responsabilidad, sino también el que lo conoce y mira para otro
lado», ha insistido.
Zoido señaló también, durante una entrevista en Canal Sur Televisión,
que en estos momentos «están en entredicho» los más de 1.400 millones de
euros con los que se financió la partida 31L, con la que se pagaron
ERE fraudulentos y ayudas irregulares a empresas, por lo que hasta que no
concluya la revisión de oficio que está realizando la Junta sobre los
expedientes no se sabrá a cuánto asciende el fraude, que, en opinión del
popular, superará los hasta ahora 136 millones que con seguridad se sabe
actualmente que se han defraudado.
El también alcalde de Sevilla negó también, como le ha
acusado el PSOE, que conozca el expediente del caso que está bajo secreto de
sumario y lamentó que «no hemos terminado con el asunto de los ERE cuando está
llamando el caso Invercaria a la puerta».
El líder de los populares andaluces también se refirió al decreto
que aprobó el martes el Consejo de Gobierno y que permitirá a la Junta expropiar
viviendas a bancos y promotores inmobiliarios para evitar los desahucios de
personas en riesgo de exclusión social. Zoido consideró esta normativa una
«copia mala» de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España
para evitar los desahucios y produce «inseguridad jurídica».
En ese sentido, Zoido advirtió de que con los desahucios se esetá
haciendo una «manipulación política» desde la izquierda y recordó que durante
las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa fue
cuando más desalojos de vivienda se produjeron. Además, mostró sus sospechas
sobre la existencia de «toda una trama» tras la petición de la dación en pago.
«Los desahucios no los ha generado Rajoy», quiso dejar claro.
Finalmente, el presidente del PP-A aseguró que el decreto lo ha
publicado el Gobierno andaluz a instancias de IU, formación que con esta medida
solo busca «un titular» y señaló que la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, tiene
«5.000 viviendas vacías de titularidad de la Junta» que se podrían
dedicar a los desahuciados. «¿Se va la Junta a expropiar a sí misma?», se
preguntó.
