La Audiencia Nacional amplía el caso Bankia para incluir la venta de preferentes

La Audiencia Nacional ha ordenado al instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, a que amplíe este caso a la venta de preferentes, al considerar que "es inseparable del posterior súbito deterioro patrimonial" de la entidad "a costa de los más débiles: los clientes, los ahorradores, los pensionistas".
LAEDICION.NET.-En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal admite parcialmente el recurso interpuesto por Bochner España -que adquirió 100.000 euros en estos productos- contra la decisión de Andreu de rechazar su personación como acusación particular y actuar contra Bancaja y el director de oficina de la sucursal de Alberic (Valencia), Jose Luis González Garrigues.
Según los magistrados, Andreu, que hasta ahora había rechazado incluir los casos de los preferentistas en el procedimiento en el que instruye la fusión y salida a bolsa del grupo con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, no puede estimar "el súbito deterioro patrimonial como un mundo totalmente aparte e independiente".
"Éste no fue un súbito deterioro, sino la consecuencia de una previa actuación conjunta para sobrevalorar artificialmente el valor de las cajas a fusionar, de modo que crearon un producto artificialmente saneado mediante la venta masiva a los pequeños ahorradores de productos de nulo valor financiero", recalcan.
Y prosiguen: "no puede separarse el deterioro patrimonial" de Bankia, que fue creciendo "progresivamente en breve periodo de tiempo", pasando su balance en pocos días de unos beneficios de 305 millones a unas pérdidas de 2.979 millones de euros, "de la previa y planeada recapitalización fraudulenta y meramente formal de las entidades, gravemente deficitarias ab initio".

Apariencia de solvencia

Una recapitalización que, ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros, las siete cajas integrantes "no tuvieron reparo en verificar a costa de los mas débiles: los clientes, los ahorradores, los pensionistas", para así "conformar con todos ellos una nueva entidad que pudiera ser inscrita como banco y salir a bolsa", lo que requería de una "apariencia necesaria de solvencia".
"Esta conducta individual sí aparece, indiciaria y razonablemente inscrita en los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial de una de las Cajas de Ahorros cuyo proyecto de fusión estaba en marcha", añade.
La decisión de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas consultadas, podría conllevar que Andreu, que se encuentra a la espera del informe de la Fiscalía sobre varias querellas interpuestas por la venta de preferentes, se vea obligado a admitir todos los casos particulares de los cientos de miles de preferentistas afectados dentro del procedimiento de Bankia.
Supone además que esta causa se dirija ahora también contra Bancaja y el director de la sucursal valenciana, que se suman a los 33 exconsejeros imputados -una de ellas, Mercedes de la Merced, recientemente fallecida- y a Bankia y BFA.
Por último, la sala rechaza que aparezcan como querellados el Gobierno, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria.

Presentan una nueva querella contra Blesa y Segura por la venta de preferentes de Caja Madrid

El bufete de abogados Jausas ha presentado ante la Audiencia Nacional una nueva querella contra Miguel Blesa y el consejo de la caja, así como contra el expresidente de la CNVM, Julio Segura. La demanda, que representa a un empresario jubilado, acusa a la entidad de "engañar" con la venta de preferentes y al regulador bursátil de no advertir del riesgo de estos productos.
La acción judicial solicita que se declare la responsabilidad civil tanto del organismo supervisor como de la entidad financiera y que se resarza al querellante con la totalidad de la inversión incrementada en un 30%.
En concreto, la querella va dirigida a los miembros del consejo de administración de Caja Madrid y Monte de Piedad de Madrid: Miguel Blesa, Miguel Crespo, Enrique de la Torre, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pedroche, Jorge Gómez, Rodolfo Benito, Virgilio Zapatero, José Manuel Fernández Norniella, José María Arteta y Luis Blasco. También se incorpora al expresidente de la CNMV Julio Segura.
A ellos se suman los miembros del consejo de administración de Caja Madrid Finance Preferred (Carlos Stilianopulos, José Luis Sánchez Blázquez y Begoña Hernández Velayos).
La querella, interpuesta por el despacho de abogados Jausas, recuerda que el supuesto que en ella se plantea es uno de los muchos que se han presentado en España, donde más de 100.000 personas, empresas y fondos de inversión depositaron sus ahorros en preferentes emitidas por Caja Madrid por 3.000 millones de euros.

El engaño de las preferentes

En este caso, se trata de un empresario jubilado que contrató preferentes en 2008 con el objetivo de "preservar su capital sin estar dispuesto a admitir pérdidas". "El querellante disponía de unos depósitos a plazo fijo en Caja Madrid y ésta le recomendó activa e insistentemente a través de la oficina bancaria que adquiriera acciones preferentes (...) como producto seguro y sin riesgo", señala la querella. El comprador destinó finalmente 170.000 euros a este producto.
Para argumentar su queja, el afectado presenta un informe pericial en el que se reconoce que en la venta hubo "engaño en la naturaleza del producto", ya que Moody's cambió el rating de Caja Madrid y, en consecuencia, las preferentes "pasaron de ser un producto seguro de alta calidad con muy bajo riesgo de crédito a un producto de moderada seguridad y sustancial riesgo de crédito, apropiado solo para inversores especuladores".
Alega que Caja Madrid "se limitó" a comunicar a la CNMV este hecho, "impidiendo al querellante revocar la orden de suscripción". Mientras tanto, el supervisor publicó el hecho relevante "cuando podría y debería haber suspendido la emisión o bien haber obligado a Caja Madrid a difundir esa información entre todas las personas que habían suscrito órdenes irrevocables de compra de las preferentes".
De ahí una posible responsabilidad de la CNMV, argumenta. "También podría resultar una responsabilidad de la propia CNMV por no haber contrastado debidamente las valoraciones y no haber realizado advertencia", apunta.

También para Bankia

El querellante también cree que pudo haber responsabilidad de Intermoney Valora, porque "presuntamente no tuvieron en cuenta todos los parámetros necesarios para realizar una valoración independiente, inclusive la degradación del rating.
La querella también denuncia que Bankia, como sucesor de Caja Madrid, continuó vendiendo en el mercado secundario participaciones preferentes a su valor nominal hasta el 11 de noviembre de 2011, pese a las advertencias de la CNMV para que cesara en esa actividad.
Jausas adelanta que a esta querella se adherirán próximamente la mujer del empresario y otros muchos particulares, empresas e instituciones afectados por participaciones preferentes, toda vez que existía una apariencia de falsa seguridad en los productos.
El pasado mes de marzo, UPyD presentó una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra Caja Madrid, su consejo de administración y su comité de dirección por estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios y administración fraudulenta o desleal contra los consejeros de la entidad y los integrantes del consejo.

La Justicia acorrala a CCM por créditos no reclamados a empresarios del ladrillo

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-La antigua cúpula de Caja Castilla-La Mancha, liderada por su ex presidente Juan Pedro Hernández Moltó y su antiguo director general Ildefonso Ortega, tendrá que rendir nuevamente cuentas ante la Justicia. La petición por parte del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de información sobre los préstamos concedidos a empresarios relacionados con el sector del ladrillo que podrían haber generado un agujero cercano a los 300 millones a la entidad aflorará que la entidad fue excesivamente permisiva con acreedores como Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera y empresas como Grupo Lábaro.
El proceso judicial que se sigue en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula directiva de Caja Castilla-La Mancha (CCM) escribió un nuevo capítulo nada más iniciarse el año. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz concedió a la entidad un plazo de quince días para remitirle las actas de las reuniones del consejo de administración en las que se aprobó la concesión de determinados créditos, la mayoría a empresas y empresarios relacionados con el sector del ladrillo, que son susceptibles de haber provocado un cuantioso agujero patrimonial a la entidad, cuya situación financiera obligó a su intervención por el Banco de España en 2009.
Algunos de aquellos préstamos, otorgados en 2006, cuentan con una historia peculiar detrás, que hablan de una notable laxitud y permisividad a la hora de su aprobación y concesión. El de mayor cuantía de todos ellos, valorado en 60 millones de euros, tiene como protagonista a uno de los paradigmas de la generación de la burbuja inmobiliaria y su posterior estallido: el empresario sevillano Luis Portillo.
Cuando estaba preparando su asalto a Inmobiliaria Colonial, Portillo obtuvo el citado crédito de CCM y, al año siguiente, otros de menor cuantía, de tal modo que la deuda del empresario con la caja llegó a rozar los 90 millones de euros. Sorprendido por el estallido de la crisis, Portillo fue incapaz de afrontar el vencimiento del préstamo, pese a lo que la entidad le otorgó todo tipo de facilidades.
Según una serie de documentos relacionados con Portillo a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el que fuera presidente y principal accionista de Colonial canceló parte de la deuda que mantenía con CCM mediante la cesión de activos inmobiliarios y de una participación del 5% en la sociedad gestora del aeropuerto de Ciudad Real. La tasación que se hizo de este paquete de acciones suponía valorar el total de la sociedad en unos 360 millones de euros. El aeropuerto de Ciudad Real se encuentra en concurso de acreedores y con un proceso de venta que amenaza con ser interminable, además de estar completamente inactivo. Con estas características, difícilmente podría valer esa cantidad.
Cuatro años de carencia
No conforme con eso, CCM refinanció gran parte del resto de la deuda a través de un nuevo préstamo cuyo vencimiento tendrá lugar en octubre de este año y que contaba ni más ni menos que con cuatro años de carencia de principal y dos años de intereses.
Aunque no forma parte de la documentación solicitada por el juez Ruz, Portillo también obtuvo de CCM un aval por un valor cercano a 75 millones de euros aunque, en este caso, el empresario de Dos Hermanas no tuvo tanta suerte. La tutela de CCM ya dependía del Banco de España, cuyos administradores se encargaron de declararlo vencido.
Otras operaciones que aparecen en las actas tienen como protagonista a otro conocido empresario de la región manchega, Domingo Díaz de Mera, también embarcado en la aventura del aeropuerto así como impulsor del llamado Reino de Don Quijote, proyecto de gran complejo de ocio y juego que ha conocido un final muy similar: concurso de acreedores y algunas decenas de millones que han quedado por el camino.
Las estimaciones apuntan a que el perjuicio para CCM rondaría los 300 millones de euros. Tras su intervención, CCM fue adquirida por Cajastur y posteriormente integrada en Liberbank.

 

La Justicia deja en evidencia a los políticos con el arranque del Caso Bankia

  

• Hoy comienzan a comparecer en la Audiencia Nacional todos los imputados por la debacle de la entidad.
• El Congreso tiene en el limbo las comparecencias por los escándalos de la banca que había prometido llevar a cabo antes de octubre.

 

Hasta 33 antiguos responsables de Bankia pasarán durante las próximas cuatro semanas por el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. Así lo decidió el juez Fernando Andreu el pasado 25 de octubre, cuando llamó a declarar a todos los querellados por la debacle de la entidad financiera.
Hoy comienza esta ronda de comparecencias con la citación de Ángel Villanueva y José Manuel Suárez del Toro, ambos consejeros dominicales de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, en representación de Bancaja y Caja Canarias, respectivamente.
El primero, además, compaginaba este cargo con la vicepresidencia de Bancaja Habitat y con un sillón como vocal del comité de nombramientos de BFA.
Suárez del Toro, por su parte, ocupaba la presidencia de dos sociedad ligadas a la entidad insular -Edificios Singulares de Canarias y La Caja Tours- y era miembro de la comisión ejecutiva hasta enero de 2012, cuando presentó su dimisión.
Estas dos primeras comparecencias llegan apenas tres meses después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite la querella presentada por UPyD contra los antiguos administradores de Bankia y BFA, a la que sumó otra del movimiento 15-M.
Apenas tres días después de que el juez Andreu tomara esta decisión, el Congreso reaccionó anunciando la apertura de una ronda de comparecencias con los responsables de todos los escándalos financieros, no sólo de Bankia.
Esta iniciativa partió del PP que, hasta entonces, había vetado todas las peticiones para abrir una comisión de investigación por el caso Bankia. Pero la imputación de Rodrigo Rato en los tribunales, y el deseo del partido del Gobierno para que se analizaran todos los escándalos de la banca, y no sólo el de una entidad que golpea directamente a sus intereses, les hizo cambiar de opinión.
El Congreso mira hacia otro lado
Los partidos aprobaron una lista de 24 comparecencias, con el compromiso de que todas se llevaran a cabo entre lo que quedaba de julio y septiembre; y de que fueran a puerta abierta, para garantizar la transparencia.

De hecho, así fue hasta antes de verano, cuando desfilaron por el Congreso el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato; la ex ministra de Economía, Elena Salgado; el ex presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el ex secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa; el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso; y el ex vicepresidente de un gobierno socialista y ex mandatario de Catalunya Caixa, Narcís Serra.

Pero, el parón vacacional hizo que el grueso se tuviera que dejar para septiembre, un mes que ha concluido sin que haya pasado por el Congreso nadie más... y se haya llegado a noviembre sin noticias de esta promesa política  .
Desde el Grupo Popular se limitan a señalar que existe la vocación de retomar las comparecencias, aunque en la Cámara del Congreso siguen sin tener noticias de cuándo será. Como adelantó lainformacion.com, por el momento, la única realidad es que estas comparecencias que se anunciaron a bombo y platillo, han quedado en el limbo.
En cambio, la Audiencia Nacional sigue adelante con su investigación aunque, a diferencia de lo que ocurrió en el Congreso, Rato no será el primero en comparecer, sino el último, ya que habrá que esperar hasta el próximo 20 de diciembre para verle sentando ante la justicia  .

 

 

Regalo envenenado a Elvira Rodríguez: La nueva CNMV tiene la llave para influir en el futuro judicial de los ex consejeros de Bankia

  

La semana que viene comenzará el desfile por la Audiencia Nacional de los antiguos consejeros de Bankia, a los que la nueva CNMV podría echar un cable archivando el expediente que el ex presidente Julio Segura abrió contra la entidad por el retraso con el que depositó las cuentas sin auditar de 2011 Regalo envenenado donde los haya. Así califica un miembro del Gobierno la herencia recibida por la nueva presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, de su antecesor en el cargo, Julio Segura, quien se despidió del regulador abriendo un expediente sancionador a Bankia por no haber registrado a tiempo las cuentas auditadas correspondientes al ejercicio de 2011.
Lo que suceda con este expediente tiene su trascendencia. Si fuera archivado, quedaría hueca buena parte de la querella presentada por UPyD, el partido de Rosa Díez, contra el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato y otros 34 ex consejeros de la entidad. Si, por el contrario, la CNMV decidiera llevar al BOE una sanción contra el anterior Consejo de Bankia reconociendo una intencionalidad dolosa por no entregar a tiempo las cuentas auditadas correspondientes a 2011, la ofensiva judicial emprendida por Rosa Díez encontraría un mayor fundamento en la Audiencia Nacional. Esto es, al menos, lo que se opina en el Gobierno, mientras que la lideresa de UPyD confía en que el juzgado central de Instrucción número 4, receptor de la querella, decida mantener la imputación contra el antiguo Consejo de Bankia, una vez que dio el primer paso de admitir a trámite la demanda.
Si la CNMV diera carpetazo al expediente sancionador, vaciaría el grueso de la querella presentada por Rosa Díez contra el anterior consejo de Bankia, se opina en el Gobierno
Elvira Rodríguez está a la espera de recibir un informe del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), un organismo autónomo adscrito al Ministerio que pilota Luis de Guindos, para decidir si da carpetazo el expediente o adopta sanciones contra el Consejo que presidió Rodrigo Rato, multas económicas incluidas. En el primer caso, el argumento principal para el archivo sería que el caso está en manos de la Audiencia Nacional y, por tanto, ya existe una investigación en marcha.
El desenlace del expediente abierto por Julio Segura es importante, según las mismas fuentes, porque conecta con la principal acusación que alberga la querella que ahora se tramita en la Audiencia. En sus diligencias previas se lee que no hace falta ser muy mal pensado para darse cuenta de que el anterior Consejo de Administración y los antiguos gestores de Bankia/BFA “conocían perfectamente la verdadera situación patrimonial de la entidad y prefirieron ocultarla para poder salir a Bolsa y recabar varios miles de millones de euros de nuevos inversores”. La acusación va más allá: “Con plena conciencia de que los datos económicos publicados eran falsos, siguieron manteniéndolos mediante una evidente manipulación del mercado, cuyo objetivo no era otro que preservar en la medida de lo posible el precio de cotización del valor Bankia y los restantes instrumentos financieros de la entidad, a fin de que no se descubriera su verdadera situación y poder con ello seguir conservando sus puestos y cargos directivos el mayor tiempo posible”.
El argumento principal para el archivo del expediente por el regulador sería que ya hay una investigación judicial abierta
El plazo para presentar a la CNMV las cuentas de 2011 expiró para Bankia el pasado 30 de abril, pero no llegaron al regulador hasta el 4 de mayo y lo hicieron sin auditar y mediante un hecho relevante. El pretexto fue que la firma Deloitte necesitaba más tiempo para analizar el estado contable de la entidad financiera. 21 días más tarde, ya sin Rodrigo Rato como presidente de Bankia, la entidad comunicó al equipo entonces presidido por Julio Segura que el consejo de administración había procedido a reformular las cuentas anuales. De un beneficio antes de impuestos de 306 millones se pasó a unas pérdidas de 4.369 millones, una diferencia que condujo a José Ignacio Goirigolzarri a pedir 19.000 millones de ayudas públicas.
En su comparecencia parlamentaria de julio, Rodrigo Rato explicó que las cuentas de 2011 fueron auditadas por Deloitte, el principal auditor del sistema financiero español, al tiempo que también fueron supervisadas por otras dos firmas más aplicando criterios todavía más estresados, y posteriormente corroboradas por el Banco de España, entonces gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El desfile de comparecencias de los ex consejeros de la entidad comienza la semana que viene en la Audiencia Nacional
Las cuentas que se presentaron el 28 de marzo al consejo de Bankia incluían un margen bruto de 3.787 millones y un resultado antes de impuestos de 1.620. La comisión de auditoría y los gestores de la entidad advirtieron que en estas cifras estaban incluidos los gastos de restructuración no recurrentes, por lo que era previsible que en ejercicios posteriores estos importes fueran menores. Después de una serie de ajustes, alegó el ex presidente de la entidad, se llegó al resultado neto de los 306 millones de euros.
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ADICAE. Los pagos de la sentencia del 'Caso Gescartera' comenzarán a realizarse a partir de febrero

Finalmente el Tribunal Supremo ha dejado como única implicada del caso a CajaMadrid Bolsa, condenándola a pagar 12 millones de euros
Solamente un 32% de la cantidad reclamada inicialmente por los afectados
MUCHASCASAS.NET.-DANIELLA MONTENEGRO© 2000-2012
El caso Gescartera, resuelto por el Tribunal Supremo con una sentencia controvertida e incomprensible en la que excluía de responsabilidad a las entidades financieras cómplices en el caso Gescartera, dejando como única implicada a CajaMadrid Bolsa, pero sólo por aproximadamente un 32% de la cantidad reclamada.

Definitivamente los expertos encargados de examinar el caso, con la ratificación de la Audiencia Nacional, han cifrado en 12 millones de euros la cantidad que CajaMadrid Bolsa deberá devolver a los afectados por partes iguales.

Los pagos empezarán a realizarse en las próximas semanas, una vez que el Juzgado finalice las operaciones de cálculo y distribuya esa cantidad entre el listado de afectados. Hay que tener en cuenta que todavía quedan pendientes de resolución algunas reclamaciones presentadas por ADICAE por discrepancia de cuantía de personas que, o no aparecían en la lista de afectados, o la cuantía especificada no era la correcta.

CajaMadrid Bolsa deberá pegar, bajo amenaza de embargo

La sala cuarta de la Audiencia Nacional ha acordado, asimismo, que dicha cantidad "ha de ser consignada por CajaMadrid Bolsa más el 30% de lo reclamado, calculado para satisfacer los intereses moratorios y procesales vencidos en el plazo de ocho días, con apercibimiento de embargo" si no se efectúan los pagos.

Una vez producido el ingreso se procederá al reparto de la cantidad resultante entre todos los acreedores perjudicados en proporción al perjuicio fijado en la sentencia. Además es preciso señalar que el Fondo de Garantía no cobrará de forma privilegiada, sino en igualdad con el resto de afectados.

Se trata, como venimos indicando desde hace tiempo, de una sentencia que no satisface los intereses de los consumidores defraudados, que sólo podrán recuperar aproximadamente el 32% de los ahorros invertidos. No obstante ADICAE supervisará los cálculos realizados por los ‘expertos’ para que, al menos, los afectados cobren realmente lo que según la sentencia deberían cobrar.