- Sorpresa entre agricultores y ganaderos por la oposición de Competencia al anteproyecto de Ley de Arias Cañete, que protege sus productos ante las grandes distribuidoras.
- El anteproyecto de Ley de la cadena alimentaria exige a las grandes cadenas certificar con contratos sus operaciones con los pequeños productores.
- Establece, además, sanciones de hasta un millón de euros por incumplimiento.
- Pero al parecer, la CNC quiere la libertad de la zorra en el gallinero.
MUCHASCASAS.NET.-La
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) está más activa que nunca,
tal vez porque el Gobierno tiene previsto unificar todos los organismos de
supervisión en uno sólo. Sea como fuere, en los últimos meses Competencia ha
mostrado toda su capacidad de acción.
La cuestión es que
la CNC, donde
realmente manda Clara Guzmán 
(en la imagen), la directora de
Investigación, en detrimento del presidente, Joaquín García Bernaldo de
Quirós, se ha mostrado muy dura con el anteproyecto de Ley de la
cadena alimentaria. Así lo ha hecho saber a través de un informe no vinculante
sobre el texto legal.
(en la imagen), la directora de
Investigación, en detrimento del presidente, Joaquín García Bernaldo de
Quirós, se ha mostrado muy dura con el anteproyecto de Ley de la
cadena alimentaria. Así lo ha hecho saber a través de un informe no vinculante
sobre el texto legal.
La postura de Competencia
ha sorprendido, y mucho, a agricultores y ganaderos, que ven
en la norma un paso importante en la defensa de sus intereses frente
al de las grandes distribuidoras.
Veamos: la norma que
el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, llevó al Consejo de Ministros el pasado 19 de octubre, y que
se encuentra actualmente en fase de tramitación, pretende acabar con el desfase
de precios que existe entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el
consumidor en el ‘súper’.
De hecho, las
asociaciones de agricultores y ganaderos han denunciado frecuentemente los
desequilibrios de precios y márgenes que existen en la cadena alimentaria, y
que provocan desfases de hasta un 500% entre lo que pagan los consumidores y lo
que perciben en origen los productores.
Precisamente, para
acabar con este desfase, el texto exige a las grandes cadenas
que certifiquen sus relaciones comerciales con los agricultores y ganaderos
mediante contratos. Establece, además, sanciones que llegan al
millón de euros en caso de incumplimiento.
Pero la CNC
considera que la norma “tipifica como infracción administrativa determinadas
prácticas comerciales que, de hecho, resultan eficientes y fomentan el
dinamismo de la cadena de producción”. Al parecer, Competencia defiende la
libertad, sí, pero la libertad de la zorra en el gallinero.
Y como muestra de su
hiperactividad, este mismo jueves, la CNC ha abierto expediente sancionador
contra Telefónica Móviles España por una posible conducta anticompetitiva en las
condiciones de permanencia de clientes empresariales y autónomos. Como ha hecho
últimamente en varias ocasiones, el organismo ha actuado de oficio, esto es,
sin mediar denuncia alguna por parte de algún supuesto perjudicado. Dentro de
18 meses, como muy tarde, conoceremos la resolución final.
