.Elena Cortés exige una quita de todas las hipotecas como medida para salir de la crisis

Elena Cortés exige una quita de todas las hipotecas como medida para salir de la crisis

La consejera censura la "deuda perpetua" que ha provocado en las familias esta "crisis-estafa"

MUCHASCASAS.NET.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), exigió ayer ante el Parlamento andaluz la reestructuración de la deuda privada de las familias adquirida por la compra de una vivienda, por lo que reclamó una quita de todas las hipotecas como una salida a la "deuda perpetua" derivada de esta "crisis-estafa" derivada de "leyes injustas y de gobiernos que han permanecido, y siguen, sordos, ciegos y mudos ante esta injusticia".

En respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera afirmó que "las soluciones no se pueden encontrar en el inmovilismo ni en reuniones en despachos a puerta cerrada". "Paralización inmediata de todos los desahucios, dación en pago con carácter retroactivo para dar solución a las más de 400.000 familias ya desahuciadas y que mantienen la deuda perpetua con el banco, alquiler social y cambio de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley hipotecaria", enumeró la consejera como punto de partida. Cortés también reclamó "poner las viviendas del banco malo en alquiler social".

Asimismo la consejera expresó su "orgullo" por "el trabajo de las plataforma de afectados por la hipoteca y los ciudadanos que "desde hace más de tres años están parando desahucios y poniendo soluciones encima de la mesa".

La consejera reclamó al Ministerio la "convocatoria inmediata" de la Conferencia Sectorial de Vivienda, "donde se analicen de forma conjunta medidas contra los desahucios y se ofrezcan soluciones para no volver a errar". "La política de vivienda ha supuesto una estafa y una violación sistemática del derecho humano a la vivienda", dijo Cortés.

Fomento prepara una ley de rehabilitación para la “reconversión del sector”

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aunciado que su Departamento trabaja ya en el anteproyecto de la nueva Ley de Rehabilitación, “una norma que potenciará la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas y que establecerá un camino hacia la reconversión del sector inmobiliario y la construcción“.
Según ha explicado la ministra, el parque edificado español es anterior al año 1980 en más del 58%. Existen, aproximadamente, 25 millones de viviendas, de las que la mitad tienen más de 30 años y cerca de seis millones cuentan con más de 50 años. Sin embargo, la rehabilitación en España se sitúa 15 puntos por debajo de la media europea, que alcanza el 41% del sector de la construcción.
Ana Pastor, también ha anunciado su propuesta de subir del 1% al 1,5% la partida destinada a financiar los trabajos de conservación y puesta en valor del Patrimonio Histórico en España. Pastor ha realizado este anuncio coincidiendo con el acto simbólico de reapertura de la Puerta de Santiago de la muralla de Segovia, una actuación con cargo al 1% Cultural que ha contado con una aportación total del Ministerio de 232.326 euros y que reafirma su compromiso con la conservación y la rehabilitación del Patrimonio Histórico.

Ana Pastor no contempla eliminar la desgravación por compra de vivienda

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha descartado una eventual eliminación de la desgravación por la compra de vivienda. ”La desgravación está en vigor porque ha querido este Gobierno”, indicó la ministra en su intervención en los Desayunos de Europa Press. Pastor señaló que su ministerio trabaja en una política de vivienda orientada a impulsar la rehabilitación y el alquiler. Recientemente la Comisión Europea aconsejaba a España suprimir esta deducción ya que fue una de las causas de la burbuja inmobiliaria. El Banco de España también se mostraba contrario a ella al considerarla “un paso atrás”. En su intervención la ministra recordó que el porcentaje de población que habita en una vivienda en alquiler es uno de los más bajos de Europa, el 17%, frente a la media de la Unión Europea que está muy próxima al 30 por ciento y en contraste con países como Alemania, en los que un 47 por ciento de la población reside en una vivienda en alquiler. Asimismo señaló que el porcentaje que representa la rehabilitación en España en relación con el total de la construcción es uno de los más bajos de la zona euro, suponiendo en España en el año 2009 un 28% del total del sector. Y no es precisamente porque sea de muy reciente construcción. De los casi 26 millones de viviendas existentes, la mitad tienen más de 30 años y cerca de 6 millones, más de 50. Para formentar el alquiler la ministra recordó el anteproyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler elaborado por el Gobierno, ”norma que modifica la ley de arrendamientos para hacer más asequible el alquiler, reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes” señaló. Además se ha puesto en marcha, añadió Ana Pastor, una reforma del régimen de las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) para dotarlas de flexibilidad jurídica y societaria, así como incentivos fiscales que conviertan este instrumento en un medio eficaz para atraer inversiones privadas orientadas a la puesta en el mercado de alquiler de una parte importante del parque de viviendas sin ocupar. En cuanto a a rehabilitación Pastor adelantó que en los próximos meses se trabajará en ”un nuevo marco normativo que permita acoger el enorme potencial que la rehabilitación tiene en España”.

La consejera de Fomento propone que no se pueda embargar la primera vivienda

Cortés anuncia la creación de un grupo de trabajo para intentar evitar los desahucios Efe / Sevilla | A La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), propuso ayer en el Parlamento andaluz abrir un debate para considerar en determinados supuestos que la primera vivienda sea considerada como un bien inembargable. Según explicó la consejera, una de sus prioridades es la lucha contra los desahucios. En su primera comparecencia parlamentaria, donde explicó los objetivos de su departamento para la legislatura, la consejera se comprometió a enfocar el trabajo de su departamento hacia los "sufridores" de la crisis en vivienda, transportes e infraestructuras viarias con el objetivo de incidir en la "intolerable" cifra de paro que tiene la comunidad. Elena Cortés se comprometió a reivindicar el Estatuto "contra viento y marea" para denunciar a continuación que el Gobierno central lo "incumple" al no consignar la inversiones estatales que recoge su disposición adicional tercera (17,8%) y consignar en los presupuestos el 14,8 %, un incumplimiento -dijo- que está costando a Andalucía unos 427 millones de euros. Además, la consejera justificó el recorte de la Junta de 571 millones en su departamento en las "imposiciones" del Gobierno del PP por la exigencia del objetivo de déficit. En materia de vivienda, Cortés se comprometió a llevar a cabo el plan concertado de vivienda y suelo enfocado en la demanda, el fomento del alquiler asequible, especialmente para las familias con menos recursos, y en la rehabilitación. Fomento mantendrá el programa de instalación de ascensores y rehabilitación de vivienda destinado a pymes y autónomos, y "no a las grandes constructoras" y afrontará la recuperación de barrios deteriorados. Como prioridad estratégica, la consejera se refirió a la lucha contra los desahucios consecuencia de una ley hipotecaria "injusta que privilegia" a los bancos, por lo que ha sostenido que será "innegociable" la reivindicación de la dación en pago para paralizar los desahucios. Cortés garantizó que apoyará a organizaciones sociales y de consumidores en defensa de personas con problemas de hipotecas y se mostró partidaria de cambios legales, momento en el que propuso al Parlamento abrir el debate sobre la posibilidad de que la primera vivienda sea un bien inembargado en determinados casos. Otra de las pretensiones de Fomento es poner en marcha el observatorio de la vivienda y hacer aflorar el stock de casas sin vender en la comunidad.

El Gobierno reduce el plazo de los contratos de alquiler de 5 a 3 años

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012 La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presentado al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de medidas para dinamizar el mercado del alquiler de viviendas que incluye una reducción de los plazos de duración del contrato, mejora de la seguridad jurídica y la agilización del procedimiento de desahucio. Además, se adoptarán determinadas medidas en el ámbito fiscal, con la misma finalidad de impulsar el mercado de alquiler. Con este Anteproyecto de ley, que introduce modificaciones en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se busca potenciar el mercado de la vivienda en alquiler en España, país con el menor parque de viviendas de este tipo de toda la Unión Europea. La reforma incide sobre dos aspectos fundamentales: se fortalece, en primer lugar, la libertad de las partes para llegar a todos aquellos acuerdos que, razonablemente, no deban formar parte de un régimen impuesto directamente por la Ley, preservando en todo caso un adecuado equilibrio entre los intereses de arrendador y arrendatario. Por ello, se garantiza que el arrendador pueda recuperar su vivienda, sin necesidad de que esté previsto en el contrato de arrendamiento ni hubieran transcurrido cinco años desde su firma, siempre que necesite la vivienda para sí, sus familiares en primer grado o su cónyuge tras el divorcio o nulidad matrimonial. Además, se permite que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, siempre que lo comunique con un mes de antelación, pudiendo preverse en el contrato una indemnización específica para el arrendador en caso de producirse dicho desistimiento anticipado. Reducción de los plazos de duración del contrato El segundo aspecto sobre el que incide la reforma es el de los plazos legales de duración del contrato de arrendamiento. Así, se reduce de 5 a 3 años la denominada “prórroga forzosa” del contrato, que es aquella que permite que el inquilino, sea cual fuera el tiempo de duración pactado en el contrato, opte por prorrogar su duración, prórroga que debe respetar el arrendador. Asimismo, se reduce de 3 a 1 año la denominada “prórroga tácita automática” del contrato, que es aquella que permite que, una vez transcurrido el tiempo pactado para la duración del contrato y su posible prórroga forzosa, el contrato pueda entenderse prorrogado tácitamente si las partes no señalan no contrario. De esta forma, el límite legal para la duración de los contratos de arrendamiento se reducirá de los 8 (5+3) años actuales, a 4 (3+1) años, es decir, exactamente la mitad. Mejora de la seguridad jurídica La reforma mejora la seguridad jurídica mediante el incremento de los efectos de la inscripción de los arrendamientos en el Registro de la Propiedad. Para preservar el necesario equilibrio de derechos e intereses entre las partes del contrato de arrendamiento y los terceros con derechos sobre la vivienda objeto de dicho contrato, resulta imprescindible que el arrendamiento esté sometido al régimen general de seguridad del tráfico jurídico inmobiliario. La inscripción en el Registro de la Propiedad impedirá la comisión de fraudes, tanto en la adquisición de viviendas o locales comerciales como en la ejecución hipotecaria. Agilización del proceso de desahucio Los procedimientos de desahucio por impago de rentas, pese a las reformas introducidas en 2009 y 2011, son lentos e ineficaces. Por ello, resulta necesaria la agilización de este procedimiento, reduciendo la intervención judicial al mínimo imprescindible. En la línea de favorecer la inscripción en el Registro de la Propiedad, se prevé un procedimiento más sencillo de actuación en caso de impago de rentas siempre que se trate de arrendamientos inscritos en el mismo. En ese caso, siempre que así se señale en el contrato, la falta de pago de la renta podrá dar lugar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial, sin necesidad de obtener una sentencia declarativa. Una vez cancelada la inscripción del arrendamiento, se podrá ordenar la ejecución, lo que implica la restitución del inmueble a su propietario. Se crea además un procedimiento judicial acelerado para que en el plazo de diez días se proceda al pago de la renta debida y se simplifican los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, duplicando la capacidad de los juzgados.