La Justicia tiene casi 200.000 ejecuciones hipotecarias pendientes

No todas ellas son por la primera vivienda, por lo que no se traducirán en nuevos desahucios

LAEDICION.NET.-El presidente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, aseguró ayer que a finales del pasado año la Justicia tenía pendientes 198.076 ejecuciones hipotecarias, aunque señaló que no todas ellas son por primera vivienda ni que signifiquen desahucios.

Moliner compareció en la Comisión de Justicia del Senado para presentar las memorias del CGPJ de 2010 y 2011, si bien aprovechó para ofrecer datos de 2012.

Reconoció que los desahucios constituyen un problema social, político y jurídico grave, y muy importante, y consideró necesario buscar soluciones desde la vía judicial y con la colaboración de los servicios sociales para, al menos, minimizarlo en el caso de las personas más desvalidas.

El Poder Judicial anuncia cambios en la ley hipotecaria si es incompatible con Europa

• El Tribunal de Luxemburgo tiene previsto emitir su veredicto el 14 de marzo.
• El vicepresidente del CGPJ considera que la administración de justicia también ha hecho lo suyo para remediar el problema de los desahucios.
• El PP estaría valorando la conveniencia de retrasar la tramitación de la ILP que incluye la dación en pago hasta conocer el fallo europeo.

LAEDICION.NET.-¿Es la ley hipotecaria española compatible con el derecho europeo? Hemos creído que sí, pero si no lo fuera habrá que cambiarla. Lo sabremos el próximo 14 de marzo y el Poder Judicial ya se prepara para ese escenario.

Ha sido el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicia CGPJ), Fernando de Rosa, quien ha anunciado modificaciones en la ley hipotecaria española si el Tribunal de Justicia de la UE la declara incompatible con el derecho europeo. El Tribunal de Luxemburgo tiene previsto emitir un veredicto sobre esta cuestión el próximo 14 de marzo. Si el fallo fuera de incompatibilidad, "habrá una clara modificación de la ley española" reconoce De Rosa.

A juicio del vicepresidente del CGPJ, las movilizaciones ciudadanas en relación con los desahucios son "un síntoma de una situación social en la que se pone de manifiesto la problemática que está surgiendo" con esta temática.

Además de estos movimientos sociales, según ha añadido, la administración de justicia ha incidido fundamentalmente "en que se cambie la legislación" y haya "una modificación para remediar todo el tema de los desahucios". Estas movilizaciones ciudadanas "son eso, una manifestación de una sensibilidad social que la administración de justicia en su momento también tuvo".

Luxemburgo y la ILP contra los desahucios

Precisamente, ante la previsión de que el tribunal europeo dictamine de forma definitiva sobre la Ley Hipotecaria española el próximo día 14, el PP estaría valorando la conveniencia de retrasar toda la tramitación del proyecto de ley Antidesahucios –con la iniciativa popular (ILP) de dación en pago incorporada– hasta conocer el fallo definitivo.

Es lo que teme el PSOE y así lo ha expresado su portavoz de Vivienda, Leire Iglesias. Los socialistas rechazan el argumento del PP y recuerdan que gran parte de las críticas que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE plasmó en su informe sobre la Ley Hipotecaria española y sus aspectos abusivos ya están recogidos en las enmiendas del PSOE y de otros grupos.

De modo paralelo, el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU y el BNG han incluido entre sus propuestas de resolución sobre el Debate del Estado de la Nación medidas para solucionar el problema de los desahucios, un tema que también recogen los populares.

El PP únicamente propone facilitar la reestructuración de la deuda y proteger a los colectivos más vulnerables a través de la ampliación del Código de Buenas Prácticas; los partidos de la oposición piden ir más allá.

El decreto ley de desahucios afecta en torno a 50 casos en Almería

MUCHASCASAS.NET.- Según el Consejo General del Poder Judicial la cifra se eleva a un millar teniendo en cuenta segundas viviendas y otros inmuebles · Es un dato aún en estudio El número de órdenes de ejecución en desahucios al que afectará el reciente decreto ley se aproxima al medio centenar de casos en la provincia de Almería en inmuebles de primera vivienda, cifra que se eleva a los 1.000 teniendo en cuenta segundas viviendas y otros inmuebles teniendo en cuenta los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La Plataforma Stop Desahucios ha manifestado que esta medida librará de ciertas cargas de las hipotecas en torno a un 1% de quienes se encuentran con órdenes de ejecución.

Algunos partidos políticos como el PSOE también han manifestado su contrariedad. El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, acompañado por las diputadas Gracia Fernández y Consuelo Rumí y por el portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hurtado, acusa al Gobierno de Rajoy de "no escuchar" y le ha recriminado que, en este tema, se haya mostrado "rácano, por no buscar el diálogo con todas las fuerzas políticas, y sobre todo tacaño con las soluciones".

Por su parte, el portavoz adjunto de Economía del grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hurtado, ha ahondado en las razones que han llevado al PSOE a rechazar el Real Decreto contra los desahucios recién aprobado por el Gobierno de Rajoy. Hurtado ha insistido en que el Gobierno ha redactado este texto "al dictado de los bancos, que han sido los que han dicho, con puntos y comas, lo que tenía que poner". Entre las razones que han impedido que PSOE y Gobierno alcancen un acuerdo, Hurtado detalló en la mañana de ayer que la "supuesta moratoria" que se ha aprobado es sólo una suspensión de la última fase de la ejecución hipotecaria, el lanzamiento, y además no evita que se inicien otros procesos nuevos, "lo que supone que se siguen generando intereses de demora, que en este país son una usura y llegan al 20%".

la banca advierte de que cambiar la ley hipotecaria encarecerá y limitará el acceso a la vivienda

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-La asociación española de banca (aeb) estima que sería “perjudicial” acometer “reformas de calado” en la ley hipotecaria como forma de luchar contra los desahucios, ya que podría “romper la seguridad jurídica” para los acreedores. además, en una carta remitida a los bancos recuerda que encarecería y limitaría el crédito para acceder a una vivienda
miguel martín, presidente de la aeb, considera que hacer cambios en la ley hipotecaria supondría “alterar el mercado de cédulas hipotecarias en el que los inversores extranjeros representan un porcentaje muy relevante e impactaría también en las titulizaciones hipotecarias". además, estima que "dificultaría significativamente el acceso a la vivienda, encareciendo el coste de financiación y limitando el crédito"
para la aeb, "es muy grave poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario", que juzga "básica para asegurar un sistema sólido y sostenible y cree que "no debería introducirse estímulos para dejar de pagar las hipotecas"
sobre los desahucios, martín destaca que en los últimos cuatro años se han realizado entre 4.000 y 15.000 en primeras viviendas, según cifras facilitadas por el subsecretario de economía, miguel temboury, que también coordina el grupo de trabajo sobre este asunto
mucho peores son los datos que se desprenden de la estadística trimestral que elabora el consejo general del poder judicial (cgpj), que sitúa en 300.000 las ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 y en 57.410 los lanzamientos acordados en el primer semestre de 2012
sin embargo, martín recuerda que en estas últimas cifras no se distingue entre desahucios de primera y segunda vivienda, ni en los aplicados en vivienda alquilada o propia, ni tampoco los que afectan a empresas o particulares
según explica martín "entre 2009 y septiembre de 2012 los bancos privados han reestructurado o refinanciado 400.000 hipotecas", ofreciendo a sus clientes con problemas de pago alternativas como la ampliación de los plazos de amortización o la reducción de capital e intereses"

El decreto ley de desahucios afecta en torno a 50 casos en Almería

MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN.-Según el Consejo General del Poder Judicial la cifra se eleva a un millar teniendo en cuenta segundas viviendas y otros inmuebles · Es un dato aún en estudio El número de órdenes de ejecución en desahucios al que afectará el reciente decreto ley se aproxima al medio centenar de casos en la provincia de Almería en inmuebles de primera vivienda, cifra que se eleva a los 1.000 teniendo en cuenta segundas viviendas y otros inmuebles teniendo en cuenta los datos del Consejo General del Poder Judicial.

La Plataforma Stop Desahucios ha manifestado que esta medida librará de ciertas cargas de las hipotecas en torno a un 1% de quienes se encuentran con órdenes de ejecución.

Algunos partidos políticos como el PSOE también han manifestado su contrariedad. El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, acompañado por las diputadas Gracia Fernández y Consuelo Rumí y por el portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hurtado, acusa al Gobierno de Rajoy de "no escuchar" y le ha recriminado que, en este tema, se haya mostrado "rácano, por no buscar el diálogo con todas las fuerzas políticas, y sobre todo tacaño con las soluciones".

Por su parte, el portavoz adjunto de Economía del grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hurtado, ha ahondado en las razones que han llevado al PSOE a rechazar el Real Decreto contra los desahucios recién aprobado por el Gobierno de Rajoy. Hurtado ha insistido en que el Gobierno ha redactado este texto "al dictado de los bancos, que han sido los que han dicho, con puntos y comas, lo que tenía que poner". Entre las razones que han impedido que PSOE y Gobierno alcancen un acuerdo, Hurtado detalló en la mañana de ayer que la "supuesta moratoria" que se ha aprobado es sólo una suspensión de la última fase de la ejecución hipotecaria, el lanzamiento, y además no evita que se inicien otros procesos nuevos, "lo que supone que se siguen generando intereses de demora, que en este país son una usura y llegan al 20%".

 

El presidente del CGPJ cree que la norma de los desahucios no podrá ser retroactiva

 

 

MUCHASCASAS.NET.-:/ Redacción.-·  El presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha instado a que no haya demoras en las soluciones a los desahucios

·  "Los jueces podemos hacer mucho en esta materia", dice Moliner.

·  Según Moliner hay "darle al juez más posibilidades de discernir situaciones"

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, ve "muy complejo" que la nueva normativa sobre desahucios   que prepara el gobierno pueda tener carácter retroactivo, es decir, aplicarse a desalojos ya realizados.

 

Moliner ha iniciado su discurso de apertura en las VIII Jornadas Nacionales de Comunicación y Justicia expresando su consternación ante el fallecimiento de Amaia Egaña  , la mujer que se suicidó el pasado viernes en Barakaldo cuando la comitiva judicial acudió a su vivienda a desalojarla. En ese sentido, el presidente del CGPJ ha instado a que no haya demoras en las soluciones a los desahucios por "quien tiene responsabilidad en materia legislativa, sin excluir a los propios miembros del poder judicial".
El CPGJ no va a hacer propuestas porque "no le corresponde al consejo hacer propuestas legislativas. Ha sido la sociedad la que lo ha promovido este asunto, los grupos parlamentarios están en ello y nos parece muy bien que atajen esta cuestión".
No obstante, ha defendido que "también los jueces podemos hacer mucho en esta materia; los jueces hemos tenido desahucios toda la vida. Llevamos cuarenta y tantos años con la desgracia de tener que desahuciar gente, y tenemos posibilidades que la letra de la ley no le da, pero el juez no es un aplicador de la letra de la ley, es un aplicador de la ley, y eso permite interpretaciones para adaptar la decisión a las circunstancias del caso".
"Hay principios constitucionales, directivas comunitarias, principios de derecho contractual que en situaciones gravísimas de pérdida de vivienda se pueden arbitrar, y se está haciendo por parte de algunos jueces, que por ejemplo, ante un desahucio plantean una cuestión prejudicial" (ante una instancia superior, lo que alarga el proceso).
Preguntado por la resolución de la abogada general de la Comisión Europea que criticó la semana pasada la norma española de créditos hipotecarios por su desprotección hacia el consumidor, Moliner ha dicho que "es un tema muy delicado. Cada consumidor es uno. Si yo no pago mi hipoteca pudiendo hacerlo soy un consumidor que no tengo derecho a no pagar. Sin embargo, una familia en riesgo de exclusión social es un consumidor que puede estar perjudicado". "Lo que se debe hacer es darle al juez son más posibilidades de discernir situaciones", ha concluido.
En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País vasco, Juan Luis Ibarra, anfitrión de las jornadas, quien ha defendido que los jueces ya actúan contra los desahucios dentro de lo que les permite la ley, por ejemplo, garantizando "que ninguna persona en riesgo de ejecución hipotecaria quede sin defensa jurídica".
"Los jueces no nos hemos conformado cuando hemos tenido delante una familia sobreendeudada con riesgo de pérdida de vivienda, ni antes ni ahora. Los jueces intentamos sacar chispas de justicia de un derecho que a veces es injusto", ha subrayado Ibarra.

 

Dación en pago en España: quién se puede acoger a ella y cómo

MUCHASCASAS.NET.- La crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria han provocado que el número de desahucios en nuestro país alcance niveles récord. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los seis primeros meses del año se han producido un total de 18.424 desalojos, un 18,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos últimos datos demuestran la importancia que la dación en pago puede tener para aquellas personas incapaces de hacer frente a las cuotas mensuales de la hipoteca. Sin embargo, no todo el mundo puede acogerse a la opción de entregar la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria.

Aunque la Ley Hipotecaria en su artículo 140 contempla la dación en pago como vía para satisfacer la deuda contraída con el banco, ésta sólo se puede llevar a cabo siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o acreedor antes de formalizar el préstamo hipotecario. En caso de no existir dicho pacto el banco no está obligado a aceptar la entrega de la casa a cambio de saldar la deuda. Es más, hasta 2011 en España no existía ninguna resolución jurídica que avalara la dación en pago sin existir dicho pacto. Sin embargo, en enero de 2011, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dictó una sentencia en la que se consideraba devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de la hipoteca. En la actualidad, están en marcha Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que buscan precisamente una regulación la dación en pago como fórmula preferente para que los ciudadanos puedan extinguir sus deudas hipotecarias y se paralicen así los desahucios.

Por el momento y a falta de saber si esas Iniciativas Legilativas Populares salen adelante, la apuesta del Gobierno es el famoso Código de Buenas Prácticas Bancarias, que contempla la opción de dación en pago para los clientes con menos recursos. Los requisitos para saber quienes se pueden acoger a este Código se detallan en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo  

¿Quién puede solicitar la dación en pago?

El Código de Buenas Prácticas Bancarias que incluye la opción de dación en pago aunque sólo como último recurso, se podrá aplicar si se cumplen las siguientes condiciones:

• Es exclusivo para hipotecas de primera vivienda que sean residencia habitual.
• Todos los miembros de la familia deben carecer de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas.
• La cuota mensual de la hipoteca a pagar tiene que ser superior al 60% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar que no pueden disponer, además, de otros bienes o derechos patrimoniales.
• El crédito o préstamo hipotecario debe carecer de avales.
• La vivienda no podrá valer más de: 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, 180.000 euros en ciudades de más de 500.000 habitantes, 150.000 euros para localidades con más de 100.000 habitantes y 120.000 euros en los núcleos urbanos de hasta 100.000 habitantes.

En caso de que la vivienda cuente con avalista sólo podrá acogerse al Código si el avalista está en la misma situación de exclusión social que el deudor.

¿Cuál es el proceso para solicitar la dación en pago?

Si se cumplen todos estos factores sólo entonces se abren tres vías posibles siendo la dación en pago la última prevista:

1.- La reestructuración de la deuda hipotecaria  que contempla un periodo de carencia de capital de 4 años en los que la familia sólo pagará intereses, una ampliación del plazo -hasta un máximo de 40 años- y una reducción del tipo de interés durante el periodo de carencia de Euribor+0,25%.

2.- Si después de esta medida, la cuota a pagar se sigue llevando el 60% de los ingresos con los que cuenta el núcleo familiar, el cliente podría pedir a su banco que estudie si aplica una quita de hasta el 25% del capital pendiente de pago.

3.- Si en el caso de que transcurridos 12 meses desde la notificación del umbral de pobreza, la familia siguiera sin poder afrontar las cuotas de la hipoteca, pese a la reestructuración de la deuda o la quita que le hubiera ofrecido el banco, la entidad deberá aceptar la dación en pago, es decir, condonar el 100% de la deuda quedándose la vivienda. Además, la familia tendrá la opción de permanecer en el inmueble en alquiler al menos dos años pagando una renta por valor del 3% de la deuda. A cambio de aceptar la dación en pago, la entidad se beneficiará de desgravaciones en el Impuesto de Sociedades.

Como ven, antes de poder acogerse a la dación en pago, la entidad financiera propone tanto una refinanciación de la deuda como una quita de hasta el 25% del capital pendiente de pago. No obstante, hay gente que quiere acogerse directamente a la opción de dación en pago. Aunque la entidad siempre le va a ofrecer antes las dos opciones anteriores, hay una serie de pautas a seguir para acogerse a la condonación de la deuda:

• Acudir a su entidad bancaria y plantear directamente que quiere acogerse a la dación en pago
• Su entidad tasará su vivienda y el valor del inmueble no puede ser superior al capital pendiente de su hipoteca.
• El banco le exigirá, además, que no pueden existir cargos posteriores que graven su hipoteca, es decir, que ésta no tengan embargos o que estos no superen los 6.000 euros
• El cliente no puede tener, además, otros préstamos
• Se exige que el hipotecado tenga pagados los IBI así como estar al día en el pago de la comunidad de su casa.

Si cumple con todos los requisitos, la entidad financiera, por prevención de insolvencia, realizará todos los trámites para el estudio de la dación.

Sepa que en la actualidad, 101 entidades financieras se han acogido a este Código de Buenas Prácticas Bancarias que, una vez firmado, es de obligado cumplimiento al menos durante dos años y podrán ser llevadas ante los tribunales si lo incumplen. Son 24 meses en los que deberán dar la máxima publicidad del mismo entre sus clientes y aceptar todos los puntos, incluyendo por supuesto la opción de dación en pago para los clientes con menos recursos.

"Medidas esperanzadoras" para las familias al borde del desahucio

La diputada nacional Carmen Navarro (PP) felicita al Gobierno por su iniciativa y lamenta que "quienes miraron hacia otro lado quieran ahora incendiar las calles"

  

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-/ Almería La diputada nacional del PP de Almería, Carmen Navarro, calificó ayer de "esperanzadoras para miles de familias" las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros contra los desahucios "porque van a paralizar de forma urgente los de las familias más vulnerables, lo que refleja la voluntad del Gobierno del PP de resolver este grave problema" y ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo de Rajoy frente a las de otros gobiernos: "Mientras unos estamos trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos, otros se dedican ahora incendiar las calles y antes miraban para otro lado cuando tuvieron responsabilidades de gobierno", ha destacado.

Acompañada por el también diputado Jesús Caicedo, Navarro ha puesto de relieve que, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, "en 2008 había en Almería 319 familias con hipotecas que se encontraban en la última fase del lanzamiento, es decir las diligencias practicadas por la comisión judicial en las que se obliga, por la fuerza, al desalojo, y al final de 2012 serán alrededor de 1.494 hipotecas las que se encuentren en esa situación, lo que supondría una media de cuatro actos de comunicación y ejecución del desahucio diarios".

"Ante esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha medidas urgentes paralizando durante dos años los desalojos de los más necesitados y anunciando la creación de un fondo social de viviendas de alquiler a precios bajos destinado a las familias que ya han perdido sus casas. Y continuará abordando reformas durante la tramitación parlamentaria, buscando el diálogo con otros partidos", señala la diputada popular, para quien es "lamentable que quienes no supieron o no quisieron dar solución a esta situación pretendan ahora convertirse en abanderados de la causa a base de demagogia".

Así, ha preguntado, por ejemplo, "dónde están las 300.000 viviendas VPO que la Junta, en su Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, se comprometía a construir para que los andaluces con ingresos por debajo de los 3.000 euros al mes pudieran acceder a una vivienda digna" o por qué la Empresa Pública del Suelo "no pone a disposición de las familias afectadas viviendas desocupadas de las 70.000 de las que dispone".

Carmen Navarro se ha referido también a las críticas socialistas en relación a las enmiendas a los Presupuestos del Estado y ha recordado a sus dirigentes que "resulta sarcástico que quienes, en ocho años, han dejado de invertir en nuestra provincia más de 1.500 millones de euros presupuestados, pero no ejecutados, quieran ahora, en plena crisis, agravada en buen parte por su mala gestión, que se resuelvan los problemas que el PSOE, en época de vacas gordas, no solucionó. Si lo hubieran hecho, Almería tendría hoy solucionadas muchas de las demandas que ahora exigen, pero no hicieron nada y ahora critican a los que sí están trabajando en la búsqueda de soluciones"

 

Los jueces denuncian el actual sistema de desahucios

Los magistrados denuncian una ley desfasada y proponen soluciones excepcionales a estas medidas.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el informe que mandó realizar a siete magistrados sobre el actual sistema legal de desahuciados en España. Los comisionados denuncian los abusos de una ley desfasada, vigente desde 1909, y proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados.
El informe habla de mala praxis de las entidades bancarias y propone medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento, además de una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. El informe propone abrir un debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.

Dación en pago en España: quién se puede acoger a ella y cómo

La crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria han provocado que el número de desahucios en nuestro país alcance niveles récord. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante los seis primeros meses del año se han producido un total de 18.424 desalojos, un 18,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos últimos datos demuestran la importancia que la dación en pago puede tener para aquellas personas incapaces de hacer frente a las cuotas mensuales de la hipoteca. Sin embargo, no todo el mundo puede acogerse a la opción de entregar la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria.

Aunque la Ley Hipotecaria en su artículo 140 contempla la dación en pago como vía para satisfacer la deuda contraída con el banco, ésta sólo se puede llevar a cabo siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o acreedor antes de formalizar el préstamo hipotecario. En caso de no existir dicho pacto el banco no está obligado a aceptar la entrega de la casa a cambio de saldar la deuda. Es más, hasta 2011 en España no existía ninguna resolución jurídica que avalara la dación en pago sin existir dicho pacto. Sin embargo, en enero de 2011, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dictó una sentencia en la que se consideraba devolver al banco un piso hipotecado como cancelación de la hipoteca. En la actualidad, están en marcha Iniciativas Legislativas Populares (ILP) que buscan precisamente una regulación la dación en pago como fórmula preferente para que los ciudadanos puedan extinguir sus deudas hipotecarias y se paralicen así los desahucios.

Por el momento y a falta de saber si esas Iniciativas Legilativas Populares salen adelante, la apuesta del Gobierno es el famoso Código de Buenas Prácticas Bancarias, que contempla la opción de dación en pago para los clientes con menos recursos. Los requisitos para saber quienes se pueden acoger a este Código se detallan en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo  

¿Quién puede solicitar la dación en pago?

El Código de Buenas Prácticas Bancarias que incluye la opción de dación en pago aunque sólo como último recurso, se podrá aplicar si se cumplen las siguientes condiciones:

• Es exclusivo para hipotecas de primera vivienda que sean residencia habitual.
• Todos los miembros de la familia deben carecer de rentas derivadas del trabajo o de actividades económicas.
• La cuota mensual de la hipoteca a pagar tiene que ser superior al 60% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar que no pueden disponer, además, de otros bienes o derechos patrimoniales.
• El crédito o préstamo hipotecario debe carecer de avales.
• La vivienda no podrá valer más de: 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, 180.000 euros en ciudades de más de 500.000 habitantes, 150.000 euros para localidades con más de 100.000 habitantes y 120.000 euros en los núcleos urbanos de hasta 100.000 habitantes.

En caso de que la vivienda cuente con avalista sólo podrá acogerse al Código si el avalista está en la misma situación de exclusión social que el deudor.

¿Cuál es el proceso para solicitar la dación en pago?

Si se cumplen todos estos factores sólo entonces se abren tres vías posibles siendo la dación en pago la última prevista:

1.- La reestructuración de la deuda hipotecaria  que contempla un periodo de carencia de capital de 4 años en los que la familia sólo pagará intereses, una ampliación del plazo -hasta un máximo de 40 años- y una reducción del tipo de interés durante el periodo de carencia de Euribor+0,25%.

2.- Si después de esta medida, la cuota a pagar se sigue llevando el 60% de los ingresos con los que cuenta el núcleo familiar, el cliente podría pedir a su banco que estudie si aplica una quita de hasta el 25% del capital pendiente de pago.

3.- Si en el caso de que transcurridos 12 meses desde la notificación del umbral de pobreza, la familia siguiera sin poder afrontar las cuotas de la hipoteca, pese a la reestructuración de la deuda o la quita que le hubiera ofrecido el banco, la entidad deberá aceptar la dación en pago, es decir, condonar el 100% de la deuda quedándose la vivienda. Además, la familia tendrá la opción de permanecer en el inmueble en alquiler al menos dos años pagando una renta por valor del 3% de la deuda. A cambio de aceptar la dación en pago, la entidad se beneficiará de desgravaciones en el Impuesto de Sociedades.

Como ven, antes de poder acogerse a la dación en pago, la entidad financiera propone tanto una refinanciación de la deuda como una quita de hasta el 25% del capital pendiente de pago. No obstante, hay gente que quiere acogerse directamente a la opción de dación en pago. Aunque la entidad siempre le va a ofrecer antes las dos opciones anteriores, hay una serie de pautas a seguir para acogerse a la condonación de la deuda:

• Acudir a su entidad bancaria y plantear directamente que quiere acogerse a la dación en pago
• Su entidad tasará su vivienda y el valor del inmueble no puede ser superior al capital pendiente de su hipoteca.
• El banco le exigirá, además, que no pueden existir cargos posteriores que graven su hipoteca, es decir, que ésta no tengan embargos o que estos no superen los 6.000 euros
• El cliente no puede tener, además, otros préstamos
• Se exige que el hipotecado tenga pagados los IBI así como estar al día en el pago de la comunidad de su casa.

Si cumple con todos los requisitos, la entidad financiera, por prevención de insolvencia, realizará todos los trámites para el estudio de la dación.

Sepa que en la actualidad, 101 entidades financieras se han acogido a este Código de Buenas Prácticas Bancarias que, una vez firmado, es de obligado cumplimiento al menos durante dos años y podrán ser llevadas ante los tribunales si lo incumplen. Son 24 meses en los que deberán dar la máxima publicidad del mismo entre sus clientes y aceptar todos los puntos, incluyendo por supuesto la opción de dación en pago para los clientes con menos recursos.

Los desahucios en España se disparan hasta los 517 diarios

Los desahucios de viviendas y locales se han disparado durante el primer trimestre de este año en España, cuando alcanzaron la cifra de 517 diarios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) facilitados ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca   (PAH).
La coordinadora de la PAH, Ada Colau, ha explicado que, según los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos del primer trimestre de este año que acaba de publicar el CGPJ, en ese período se han producido en España un total de 46.559 desalojos forzosos por la vía judicial, es decir, 517 al día.
Según Colau, este año destaca "de forma alarmante" el apartado de los lanzamientos (término técnico para nombrar los desalojos forzosos de viviendas y locales). Así, los datos de lanzamientos realizados por los servicios comunes de notificaciones y embargos, el primer trimestre de 2012 marcó un nuevo registro histórico con 18.424 lanzamientos, y el número total desde 2008 ya asciende a 185.140.
Colau asegura que, sin embargo, "estas cifras no reflejan una imagen completa del total de desalojos que se realizan en el Estado español porque hasta ahora no se habían contabilizado los lanzamientos ordenados por juzgados de primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones".
Al contabilizarse estos desahucios, "el resultado es escandaloso", según Colau, ya que sólo en el primer trimestre de 2012 los lanzamientos que hasta ahora no se contabilizaban son muy superiores a los comunes: 28.135. "¿Cuantos desalojos se han realizado hasta 2011 sin que se hayan publicado los datos?", se ha preguntado la coordinadora de la PAH.
Ada Colau ha argumentado que "si entre 2008 y 2011 teníamos conocimiento de 166.000 desalojos contando sólo con los datos de los servicios comunes, y a tenor de la proporción de los lanzamientos en juzgados de primera instancia de 2012, hay que suponer que desde 2008 se pueden haber producido cerca de 400.000 desalojos en España".
Según los mismos datos, en los tres primeros meses del año, el número de ejecuciones hipotecarias (procesos de reclamación que pueden acabar en desahucios) iniciadas ascienden a 24.792, el tercer peor registro desde que estalló la crisis, con un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. "Estos datos desmienten las voces interesadas que decían que las ejecuciones estaban disminuyendo", ha denunciado Colau.

En total, el número de procedimientos de ejecución iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230 familias en España. En cuanto a las ejecuciones hipotecarias (procesos iniciados para reclamar impagos), la clasificación entre 2007 y 2012 la encabeza Andalucía (72.900) seguida por Cataluña (70.663) y la Comunidad Valencian