Cómo afecta a los pensionistas que no se revaloricen las pensiones

La capacidad de compra de bienes y servicios se reducirá el próximo año para los pensionistas españoles en torno al 2%En situaciones normales, cada enero todos los pensionistas   ven cómo sus prestaciones públicas crecen. Su cuantía se revisa cada año en función del IPC de noviembre. Este año, sin embargo, la tradición no se aplicará. El Gobierno ha decidido que en 2013 las pensiones no se apreciarán en función del indicador que mide la inflación, que ha cerrado noviembre en el 2,9%. Las pensiones   superiores a 1.000 euros se incrementarán un 1% y las que no superen esa cifra, o 14.000 euros en cómputo anual, se elevarán un 2%. Como se detalla en el presente reportaje, la consecuencia más clara de esta medida es que todos los pensionistas sufrirán una notable pérdida de poder adquisitivo, que se traducirá en un menor consumo de bienes y servicios. Qué supone perder poder adquisitivo

MUCHASCASAS.NET.-Redacción Según los cálculos y ante la no revalorización de las pensiones acorde con el IPC, los pensionistas perderán, de media, casi dos puntos de poder adquisitivo. Esto supone que su capacidad de consumo se reduce en torno a ese 2%. La pensión media de jubilación en noviembre fue de 953,70 euros mensuales. No obstante, hay que tener en cuenta que hay mucha disparidad entre comunidades autónomas.
Un pensionista que cobra 900 euros tendrá cada mes 8,1 euros menos que lo que le correspondería para no perder poder adquisitivo
En cifras reales, para un pensionista que en la actualidad cobra 900 euros, a partir del año próximo comenzará a cobrar 918 euros al mes (teniendo en cuenta que se le aplicará una subida del 2%). Pero, en situaciones normales comenzaría a ingresar 926,1, si se le aplicara la subida correspondiente al IPC   de noviembre (del 2,9%). En términos mensuales, cobrará 8,1 euros menos que lo que le correspondería para no perder poder adquisitivo. En el cómputo anual, dejará de cobrar 97,2 euros.
En el caso de los pensionistas con prestaciones superiores a los 1.000 euros, la no revalorización de las pensiones se notará más. En el supuesto de un pensionista que cobra hoy en día 1.500 euros, a partir de enero pasará a recibir una prestación pública de 1.515 euros al mes (calculados con un incremento del 1%). Pero, si se computaran con el IPC (del 2,9%), la cuantía que le correspondería sería de 1.543,50 euros mensuales. Es decir, ingresará 28,5 euros mensuales menos de lo que hubiera recibido en el caso de que las pensiones se revalorizaran como venía siendo habitual. En todo el año, dejará de cobrar 342 euros, cantidad que refleja la pérdida de poder adquisitivo total a la que se enfrentará.

Consecuencias: menor consumo

La pérdida de poder adquisitivo a la que se enfrentarán los pensionistas se reflejará, con toda probabilidad, en un menor consumo de bienes y servicios por su parte.
También se ha decidido que no habrá este año paga compensatoria
En realidad, la razón de ser o la esencia de la revalorización de las pensiones se explica porque los jubilados  , al igual que los trabajadores, necesitan que su prestación se adapte a la subida de los precios que se produce con el paso del tiempo. Solo eso permite mantener su poder adquisitivo. Si la pensión se mantiene inalterada, como los precios suben, los jubilados tendrían cada vez menor capacidad para comprar bienes y servicios.
Otra de las decisiones colaterales que ha acompañado a la no revalorización de las pensiones ha sido la de no dar la paga compensatoria, que es una prestación adicional por una cantidad equivalente a la diferencia entre lo percibido este año y lo que hubiera correspondido con un incremento correspondiente al IPC real de noviembre.
En enero del próximo año ningún pensionista recibirá dicha paga compensatoria. Su poder de compra se reducirá también por esta vía. Como en los Presupuestos Generales de 2011 ya se aprobó una subida del 1% para las pensiones de este año, la pensión compensatoria debería otorgarse tomando el 1,9% de desviación que faltaba hasta alcanzar el 2,9% de IPC general de noviembre, algo que no se hará.

Quiénes pierden más

Los pensionistas que salen más desfavorecidos son quienes cuyas pensiones superan los 1.000 euros, pero no alcanzan el límite máximo fijado en los 2.522,89 euros mensuales (o 35.673 euros anuales). Por ley, ningún pensionista puede superar -fuera cual fuera su salario en activo y su cotización en años a la Seguridad Social-, los 35.673 euros al año, que se plasman en una pensión cada mes de 2.522,89 euros.
Los pensionistas más desfavorecidos por la medida son quienes cuya pensión supera 1.000 euros, pero no alcanza el tope máximo
En el caso de las pensiones de menor importe, el impacto será menos. Las que tienen derecho a un complemento a mínimos se calcularán en función de la cuantía mínima reflejada en los Presupuestos Generales del Estado  Para los mayores de 65 años, la pensión mínima con cónyuge a cargo es de 10.798,20 euros anuales. Si el jubilado no tiene cónyuge recibirá una pensión mínima de 8.751,40 euros. La pensión mínima de viudedad   con cargas familiares se sitúa hoy en 715,60 euros al mes. Para titulares de 65 años o con discapacidad mayor o igual al 65% es de 618,90 euros. La pensión de orfandad   y la prestación por favor familiar alcanzan los 189 euros al mes.

¿Por qué no se revalorizarán las pensiones este año?

La decisión de no incrementar la cuantía de las pensiones como es habitual, y como recoge la propia ley, es una consecuencia directa de la crisis   y de las directrices que están imponiendo desde la Comisión Europea a España, tras la solicitud de la ayuda para recapitalizar a nuestros bancos  .
El objetivo prioritario ahora es que España reduzca su déficit público. Revalorizar las pensiones sería una práctica que atentaría contra dicha meta y que descuadraría las cuentas públicas. En la actualidad, el país debe cumplir con el objetivo de disminuir su déficit hasta el 6,3%, según ha marcado Bruselas.

• El Gobierno se plantea vincular la prestación del paro a la formación

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012.-Ya se empiezan a conocer los perfiles del “ajuste severo” que se plantea el Gobierno. Según informa El Economista, el recorte podría ser de 30.000 millones de euros. Esos ajustes tienen tres ejes: Reducción de la nómina de empleados públicos. No afectará a los funcionarios con oposición, pero podría suponer la reducción de hasta 300.000 nóminas que dependen del erario público. El segundo eje son las pensiones. Sobre ello no se ha avanzado ningún dato.

La OCDE reivindica retrasar la jubilación más allá de los 67 años

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012El organismo dice que las últimas reformas han recortado las pensiones futuras hasta un 25%La previsible caída de las pensiones por el envejecimiento de la población requiere un retraso todavía mayor de la edad de jubilación y completar los sistemas públicos con fondos privados pese a los riesgos financieros que entrañan, según la OCDE. En su primer informe de perspectivas sobre las pensiones publicado ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se pronunció por ir más allá de la jubilación a los 67 años y fijar un mecanismo que automáticamente fije la edad de jubilación en función de la evolución de la esperanza de vida. Ese mecanismo, reconoció, es a menudo "complejo, difícil de entender y crea incertidumbre sobre los beneficios futuros" por eso se necesita una aplicación gradual y transparente que permita a cada persona adaptar sus estrategias de ahorro a los cambios. La organización constató que las reformas realizadas en el último decenio en sus países miembros suponen una reducción de los beneficios de las pensiones públicas de un 20%-25%, y esa tendencia será todavía más marcada en el futuro. En la práctica, las personas que empiezan a trabajar ahora pueden esperar de media en los 34 países de la OCDE una pensión pública equivalente a la mitad de su remuneración en caso de que completen el periodo de cotización. Esa "tasa de reemplazo" es del 68,9% si se suma la contribución de los fondos privados en los 13 estados donde es obligatorio, con muchas diferencias entre ellos. España -donde la cotización a un fondo privado no es obligatorio- se sitúa, tras el efecto previsto de la reforma de pensiones, por encima de la media, con un 78,3%, por delante de Italia (71,7%), Francia (60,4%), Alemania (56%) o EEUU (47,3%). Los autores del informe se pronunciaron a favor de favorecer los fondos privados de pensión, y en particular por hacerlos obligatorios, sobre todo en los países donde la "tasa de reemplazo" es inferior al 60% del sueldo del trabajador ya que de lo contrario muchos jubilados pueden caer en la pobreza. Paralelamente, admitieron que el creciente peso de los dispositivos privados entraña riesgos financieros para los futuros beneficiarios, como ha quedado patente con la actual crisis, que se ha traducido en rentabilidades negativas para los fondos con los que se pagan las pensiones. Así, se decantaron por fondos que ofrezcan garantías sobre el capital invertido, que tienen un costo relativamente reducido y protegen en escenarios adversos. De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, el gasto público en pensiones subirá de una media del 9,3% en 2010 al 11,7% en 2050.

Báñez: de pensiones y prestaciones

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN© 2000-2012 La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presentado el pasado martes en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2012, relativo al área de responsabilidad de su Departamento. Durante su comparecencia Fátima Báñez ha recordado que en las secciones de los Presupuestos Generales del Estado de su competencia se recogen buena parte del gasto público social y el gasto en políticas de empleo, que constituye el principal desafío al que se enfrenta el Gobierno, además de una parte importante de la política de inmigración y emigración. La ministra ha explicado que, ante uno de los momentos más duros de la reciente historia económica, el Gobierno ha adoptado medidas contundentes de carácter presupuestario y reformas estructurales con el objetivo de recuperar la confianza y sentar las bases para el crecimiento futuro. “Sin confianza no hay crédito, y sin crédito es muy difícil el crecimiento”, añadió. En este sentido, ha señalado que gastar menos, gastar mejor, impulsar las reformas estructurales que sientan las bases de nuestro crecimiento futuro para garantizar los principales elementos del gasto social, es la estrategia del Ejecutivo. Fátima Báñez mostró su confianza en la recuperación de la senda de sostenibilidad en el gasto público para demostrar a nuestros socios europeos que Europa no es posible sin España y que nuestro país “quiere volver a estar a la cabeza del proyecto europeo asumiendo sus compromisos”. “Por ello vamos a trabajar por la sostenibilidad del estado del bienestar y buena parte de ello son los presupuestos que presento. Pensiones y prestaciones por desempleo, dos de las partidas más representativas de la función social del Estado se mantienen en su integridad sin recorte alguno”, ha recalcado Báñez. De esta forma, ha explicado que se garantizan las pensiones, que han sido revalorizadas volviendo al consenso del Pacto de Toledo, “y no se mueve ni una coma de las condiciones para el acceso a prestaciones por desempleo”. Respecto al gasto en prestaciones, la titular de Empleo y Seguridad Social incidió en el mantenimiento y la garantía del gasto social y rechazó que se hable de recortes en protección por desempleo. “Una mayor tasa de paro no implica necesariamente un mayor gasto, dado que la composición de las prestaciones evoluciona”, ha afirmado. Resaltó también el importante progreso que se había realizado para la separación de las fuentes de financiación del Sistema de Seguridad Social. Así, el crecimiento de la aportación del Estado para la financiación de los complementos a pensiones mínimas crece un 35,6% con respecto a 2011. El Estado pasa así de financiar el 37% de los complementos a contribuir con la mitad, el 50% del gasto, cumpliendo con las recomendaciones del Pacto de Toledo. “Ello constituye -ha asegurado la ministra- el mayor incremento de la historia en aportaciones del Estado a estos complementos”. Los presupuestos de la Seguridad Social garantizan el poder adquisitivo de las pensiones y dota unas reservas adecuadas. “El equilibrio presupuestario supone que no se realizan aportaciones al Fondo de Reserva, que crecerá gracias a los propios rendimientos financieros en una cuantía estimada de cerca de 3.000 millones de euros”. En el ámbito del empleo se ha presupuestado un gasto de 36.104 millones de euros, un 8,6 menos que el año anterior. La mayor parte del presupuesto, casi el 95% corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal. El resto corresponde al FOGASA que se dota con 1.275 millones. El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene una dotación presupuestaria de casi 30 millones. En relación con los presupuestos del SEPE los ingresos provienen de las cuotas de desempleo y formación (20.330 millones), de la aportación del Estado (que debe cubrir el 38% de los fondos, 13.307 millones) y del Fondo Social Europeo, que aportaría 650 millones de euros. Sobre las políticas activas de empleo señaló que la dotación presupuestaria de las bonificaciones, tras las novedades recogidas en la reforma laboral, crece hasta los 2.600 millones de euros. La aportación destinada al programa Prepara cuenta con 525 millones de euros. Por último Fátima Báñez se refirió a la importancia que el presupuesto otorga al trabajo autónomo, la cultura emprendedora y la economía social, al que se destina 940 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio anterior. El presupuesto de la Seguridad Social de 2012 supone una reducción del gasto del 3% respecto a 2011 y se financia con aportaciones al sistema y en un 9,26% con los ingresos de las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales. “El gasto social -recalcó la ministra- se revela más importante que nunca para paliar los efectos que la crisis económica pueda tener en las familias”. Con este objetivo, el presupuesto de la Seguridad Social revaloriza las pensiones y limita el ajuste a gastos corrientes, inversiones no fundamentales y gastos de personal”. Sobre el presupuesto del área de inmigración y emigración la cuantía destinada a estas políticas asciende a 160 millones de euros que se reflejan en dos programas, uno de 67 millones para acciones a favor de los inmigrantes y otro de 90 millones a favor de los emigrantes. Finalizó la ministra su intervención calificando los presupuestos de coherentes, que han sabido defender el gasto social y que han apostado por la eficiencia, limitando el gasto de aquellas partidas superfluas o cuya capacidad para servir a los objetivos de política económica y social eran más limitadas. “Estamos sentado las bases para recuperar una senda de crecimiento generadora de empleo que nunca deberíamos haber abandonado. Queremos hacer las cosas mejor y recuperar el terreno perdido”, ha concluido.