Anticorrupción abrió en mayo diligencias por posibles delitos en la constitución de Bankia

• Existe una demanda social para que las actividades sean investigadas", explica el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. • La Fiscalía contempla cinco posibles delitos en la creación de Bankia. • Anticorrupción, además, estima que el órgano que debe investigar los posibles delitos en el proceso de constitución de Bankia es la Audiencia Nacional. LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si pudo cometerse algún delito durante el proceso de constitución de Bankia. Así, ha requerido diversa documentación, tanto a esta entidad como al Banco de España, que espera que le sea remitida "con la mayor presteza posible". Lo ha explicado en una entrevista a la agencia EFE, desvelando que Anticorrupción abrió las diligencias el pasado 28 de mayo para "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos". La Fiscalía considera que la Audiencia debe hacerse cargo de la investigación El fiscal general reconoce que "existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas", pero añade que "aunque no hubiera una demanda social", el asunto "merece dicha investigación". El decreto de apertura de las diligencias de investigación sobre Bankia de la Fiscalía Anticorrupción contempla al menos cinco posibles delitos en la constitución y salida a bolsa de este grupo bancario. Así, el decreto habla de la posible comisión de delitos contables, falsedad documental, administración desleal o delito societario, estafa y apropiación indebida, entre otros, según estas fuentes. Competencia de la Audiencia La Fiscalía Anticorrupción, además, considera que el órgano que debe investigar los posibles delitos en el proceso de constitución de Bankia es la Audiencia Nacional y no el Juzgado nº 21 de Madrid que tramita ya la querella interpuesta por el colectivo Manos Limpias contra Rodrigo Rato y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Este juzgado debería inhibirse en favor de ese órgano judicial, en opinión de Anticorrupción. Además, grupos de pequeños accionistas preparan acciones legales contra los gestores de la entidad, mientras que el colectivo 15MpaRato ha anunciado este mismo miércoles mismo que ya ha recaudado el dinero necesario para presentar una querella contra Rato, que se interpondrá el próximo día 14. El proceso de constitución de Bankia se remonta a primeros de 2011, cuando se produjo la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades —Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja—, dando lugar al grupo presidido entonces por Rodrigo Rato, que finalmente pidió ser nacionalizado el pasado 9 de mayo. "Prudencia" por la situación La investigación de la Fiscalía es anterior a la presentación de demandas por parte de particulares centradas en las actividades societarias de Bankia, aunque la interposición de esas denuncias ha obligado al Ministerio Público a remitir al Juzgado que las tramita todas las diligencias practicadas hasta ahora, consistentes básicamente en la petición de documentación. "Hemos trasladado esas peticiones al Juzgado para que (...) sepa cuál es la línea de investigación que proponemos nosotros", ha señalado Torres-Dulce, que ha considerado "prematuro" concretar los posibles delitos que se investigan porque "la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país" aconseja ser "realmente prudentes". Será el examen de la documentación que realicen los peritos -tanto de la Administración como de Anticorrupción- el que permita determinar "si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona". Para ello, insiste, es "imprescindible" la colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).