Bruselas alerta de que la reforma bancaria de España no tiene en cuenta pérdidas por hipotecas y créditos

jsrCritica el plan de pago a proveedores por excluir los intereses La Comisión Europea ha alertado este miércoles de que las reformas bancarias aprobadas por el Gobierno español cubren únicamente la depreciación de los activos inmobiliarios pero no tienen en cuenta posibles pérdidas por hipotecas y créditos a las pymes. En sus recomendaciones de política económica a España, Bruselas dice que "teniendo en cuenta el riesgo de estrés en la financiación bancaria, es necesario continuar reforzando la base de capital de los bancos". "Las medidas de reforma adoptadas en febrero y mayo de 2012 afrontan el legado de activos inmobiliarios, pero las vulnerabilidades relacionadas con otras exposiciones como créditos a pymes e hipotecas residenciales no se han abordado", destaca el Ejecutivo comunitario. Bruselas pide además al Gobierno que garantice que su respuesta política sea "coherente" con "las discusiones en marcha sobre nuevas propuestas para recapitalizar el sector financiero en la eurozona", pero no da más precisiones sobre si se refiere al fondo de rescate. "Los bancos españoles todavía tienen una gran exposición a los sectores de la construcción y la vivienda (que asciende a alrededor del 10% de sus activos totales consolidados en diciembre de 2011). Alrededor de la mitad de esta exposición es ya problemática y puede aumentar a medida que los promotores sean incapaces de vender sus activos y pagar", afirma la Comisión. Bruselas admite no obstante que las hipotecas suponen un "riesgo mucho menor para los bancos", ya que las problemáticas sólo son el 3%. FALTA DE FINANCIACIÓN El Ejecutivo comunitario admite además que la falta de financiación bancaria es uno de los principales problemas de las empresas españolas, así como el retraso de los pagos por parte de la administración pública, que se sitúa de media en 162 días, sólo superado por Grecia. Bruselas expresa algunas dudas sobre el plan de pago que prepara el Gobierno porque considera que "esta medida implica penalizar a los proveedores, que tienen que aceptar la no inclusión de los intereses y otros costes en el pago final, lo que va contra los principios" de la legislación europea en la materia. Además, se queja de que el Gobierno no le ha aclarado si "la reducción voluntaria de la cantidad debida se considerará un criterio para el pago prioritario".