La Junta regulará el 90% de las más de 12.700 viviendas ilegales de la provincia

La Junta aprobará el Decreto que sólo dejará fuera apenas un millar de casas construidas en terrenos no urbanizables
MUCHASCASAS.NET.- DANIELLA MONTENEGRO La Junta tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Gobierno, el decreto a través del cual se regulará la situación de miles de edificaciones construidas en suelo no urbanizable en el conjunto de la comunidad autónoma. Esta aprobación se efectuará una vez superados los numerosos trámites previos necesarios y emitidos los preceptivos informes. Así, la Junta de Andalucía lleva trabajando en la elaboración de ese documento desde hace casi un año, y ha sido objeto de sucesivos informes, entre ellos del gabinete jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo.

El decreto de regularización permitirá dar solución a decenas de miles de viviendas irregulares en toda Andalucía, especialmente en zonas como la comarca almeriense del Almanzora o la Axarquía malagueña, lugares en los que se han inventariado más de 25.000 construcciones fuera de ordenación en suelo no urbanizable.

La primera fase de estos inventarios ha concluido en la comarcas del Valle del Almanzora donde se han identificado algo más de 12.000 edificaciones en terreno no urbanizable. De acuerdo con el análisis realizado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el nuevo decreto podría aplicarse a casi el 90% de estas construcciones. De este modo, en Almería se han detectado en torno a 12.700 casas, de las que unas 11.700 también podrían ver normalizada su situación gracias a este documento.

Respecto a las viviendas aisladas, el decreto diferenciará las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, se hará una distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras en las que no puede darse esta circunstancia por ubicarse en suelos protegidos.

La norma dará así una respuesta diferenciada a cada situación, de manera que, según los casos, las viviendas puedan obtener una licencia de ocupación o un reconocimiento que les permita mantener su estado actual y acceder a servicios como los de luz y agua, al menos en régimen de autoabastecimiento pero manteniendo la condición de edificación en suelo no urbanizable. Para los asentamientos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, el decreto establecerá las condiciones y procedimientos de legalización a través del planeamiento urbanístico municipal y siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.