Unos 700 municipios andaluces han aprobado ya el inicio de sus registros de demandantes de VPO

Estas localidades, que suponen el 95% de la población, pueden solicitar ayudas consignadas por Vivienda para impulsar sus bases de datos

MUCHASCASAS.NET.-ANDALUCÍA.- Un total de 700 ayuntamientos andaluces pueden comenzar ya a medir su demanda exacta de VPO, tras aprobar sus plenos las bases de sus Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. Estas bases de datos, recogidas en la futura Ley de Derecho a la Vivienda, permiten conocer las necesidades de VPO en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta.

La suma total de estos municipios, entre los que se encuentran las ocho capitales de provincia y la mayoría de las ciudades grandes y medias de Andalucía, permite alcanzar el 95% de la población andaluza, superando ampliamente las previsiones del 80% fijadas por la Consejería para principios de año.

Por provincias, destaca el grado de aprobación plenaria de los registros en Almería, con 101 municipios con las ordenanzas aprobadas (88% de la población), y Jaén, con 96 localidades (99,7% de la población). En ambos casos, sólo una localidad por cada provincia está pendiente de hacerlo. Le siguen Cádiz, con bases aprobadas en 41 (99,1% de la población) de los 44 municipios, y Córdoba, con el visto bueno a los registros en 70 (97,1%) de las 75 localidades.

Por su parte, en Sevilla son 97 (94,1%) los municipios que ya han aprobado en pleno las bases, mientras que los ocho restantes están pendientes de hacerlo. En Huelva, son 68 localidades (89,3%) de las 97 que componen la provincia, y en Granada, son 153 localidades (96,6%) de las 168. A estas provincias se suma Málaga, con 74 municipios (92,7%) de 101.

La Consejería prevé que, a corto plazo, otros 22 municipios den luz verde a sus ordenanzas, puesto que se encuentra entre sus previsiones, con lo que serán ya 722 localidades las que podrán comenzar a trabajar en sus registros, llegando a una cobertura del 96,7% de la población andaluza.

Los registros constituyen el primer método con el que contará la comunidad para realizar una cuantificación real de la demanda de VPO, de forma que no sólo se logrará localizarla, sino además caracterizarla, es decir, permitirá realizar un diagnóstico más ajustado de las necesidades reales de la población (las necesidades especiales de vivienda de los diferentes colectivos, el tipo de viviendas, en qué régimen, etc.
Esta labor facilitará a las administraciones planificar mejor la política de vivienda protegida, ajustándola a las características de los demandantes en cada ámbito territorial.

En el nuevo sistema, el ciudadano deberá inscribirse y aportar una serie de información relacionada con sus ingresos económicos y con sus propias necesidades de vivienda, como el régimen de acceso al que opta, número de dormitorios de la casa en relación con su composición familiar o la necesidad de una vivienda adaptada. Se trata de un primer trámite que no tendrá que volver a realizar, puesto que esos datos quedarán ya recogidos para las diferentes adjudicaciones.

Esa información aportada, que sí tendrá que actualizarse periódicamente, junto con los criterios de clasificación de los solicitantes establecidos por cada ayuntamiento (antigüedad en el padrón, vinculación laboral o antigüedad en el registro, etc.) servirá para ordenar en función de sus necesidades a los solicitantes, que podrán saber en todo momento su situación en el registro.

Orden de ayudas

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ya aprobó el pasado mes de diciembre la Orden de subvenciones a los ayuntamientos, entidades locales y organismos supramunicipales para la puesta en marcha de sus Registros Municipales de Demandantes de VPO.

Está dotada con tres millones de euros de presupuesto y la cuantía máxima de las ayudas se ha establecido en función de la población de las localidades, aunque éstas podrán alcanzar hasta los 30.000 euros. Esa cantidad se podrá emplear para cubrir tanto los gastos materiales como de personal necesarios en la puesta en funcionamiento de esta figura. El cálculo del coste de la implantación de estas bases de datos se ha efectuado gracias a las experiencias piloto llevadas a cabo en municipios de diferentes poblaciones y características a lo largo de los últimos meses.

Esas subvenciones se suman a la inversión realizada previamente la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio tanto para desarrollar la herramienta informática que gestionará la base de datos de los registros, como para formar al personal municipal que la utilizará. Este programa informático permite cruzar datos de distintas administraciones (el Ministerio del Interior, Hacienda, el Catastro, etc.) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos.

Además, posibilita la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos indicándoles si tienen que renovar su inscripción -que tiene una validez de tres años prorrogables- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.