Así lo ha decidido la Comisión de Fomento del Senado al aprobar una enmienda adicional del grupo popular al Proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas en la que se propone que desaparezca la RBE en cuanto sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas 2013-2016.
Una muerte anunciada
A finales del año pasado, el Secretario de Estado, Rafael Catalá, ya dejó entrever que lo que quedaba de RBE estaba en la cuerda floja. Catalá afirmó en una Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados que “las dotaciones económicas que están en el presupuesto se ajustarán al nuevo plan que entre en vigor el 1 de enero de 2013 y los 210 millones de euros que hoy destinamos a la Renta Básica de Emancipación los llevaremos al plan de alquiler en los términos que queden fijados finalmente“.
La larga agonía
La RBE fue una ayuda iniciada por el Gobierno socialista en enero de 2008 y finiquitada por el Gobierno popular el 31 de diciembre de 2011. A partir de esa fecha, los jóvenes ya no podían solicitar más la RBE, aunque se prometía seguir pagándola a los que ya la tuvieran concedida. Un poco más tarde se redujo un 30% el importe de esta ayuda para potenciar la emancipación de jóvenes de 22 a 30 años. Pasaron de cobrar 210 euros a 147 euros al mes. Y también se hizo incompatible con otras ayudas de otras administraciones. Ahora, la decisión de la Comisión de Fomento del Senado parece poner el punto final a la RBE.
Los últimos datos oficiales (14 de diciembre de 2012) señalan que el número de solicitudes recibidas por las oficinas de Vivienda asciende a 566.635, de las cuales 451.912 han sido autorizadas y 393.892 ya reciben los pagos.
Un nuevo plan de ayudas al alquiler sin programa específico para jóvenes
El nuevo plan estatal de Vivienda 2013-2016 redefine las ayudas al alquiler y no establece ningún programa específico para jóvenes. Además, entre otras cosas, a la hora de computar las rentas para acceder a una ayuda al alquiler tiene en cuenta los ingresos de toda la ‘unidad de convivencia’, con un tope que no llega a los 20.000 euros anuales.
La concesión de estas ayudas se dirigen a mayores de edad con ingresos inferiores a tres veces el Iprem (unos 19.200 euros anuales) y siempre que el alquiler mensual sea inferior a los 600 euros, con un máximo de 2.400 euros anuales, lo que supone un tope de 200 euros mensuales. Este programa dará prioridad a las familias desahuciadas.
Por otro lado, el plan incluye la creación de un parque público de vivienda protegida sobre suelos o edificios de titularidad pública, con una modalidad de alquiler en rotación para familias con ingresos de hasta 1,2 veces el Iprem (640 euros) y una renta no superior a los 4,7 euros mensuales por metro cuadrado útil. Asimismo, se contempla una segunda modalidad de alquiler protegido, con mayor duración, para familias con rentas de entre 1,2 y 3 veces el Iprem (1.600 euros), y un precio no superior a los seis euros mensuales por metro cuadrado útil.
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