Un alquiler social etéreo

El alquiler social incluido en el reciente Real Decreto Ley de medidas anti-desahucio es más bien etéreo. La idea es que los desalojados por impago de hipotecas puedan acceder a un fondo social de viviendas en alquiler. Pero quedan en el aire muchas cuestiones claves: cuánto tendrán que pagar de alquiler, cuántos pisos habrá, quién los gestionará …

Pedro Hernández del Olmo, abogado y experto de La Comunidad, ya ha analizado la redacción de este futurible alquiler social   en el Real Decreto y vaticina que se trata más bien de un brindis al sol:

“Cada vez que el omnipresente Estado decide intervenir en ese sencillo funcionamiento [del alquiler de viviendas] produce distorsiones que duran años y años … La última actuación por el momento está contenida en el Real Decreto Ley 27/2012, publicado recientemente en el que tras ordenar la paralización de determinados desahucios se hace éste, a mi juicio, ‘brindis al sol’” [+info  ]

Pero … qué es lo que dice sobre el alquiler social exactamente el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Esto:

“Este real decreto-ley incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos.”

Y la Disposición Adicional Única especifica este Fondo Social de Viviendas.

“Se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en el artículo 1 del presente real decreto-ley. Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.”

Lo que queda claro es quiénes podrán acceder a este alquiler social, lo dice el artículo 1 del Real Decreto Ley:

“Artículo 1. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

1. Hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo.

2. Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a) Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b) Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c) Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d) Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e) Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f) Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g) Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

3. Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias económicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

4. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.”

Y se entiende que solo podrán acceder a este alquiler social los que se queden sin casa a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.

Cuánto se tendrá que pagar por este alquiler social

El Real Decreto Ley no establece cuánto tendrán que pagar estas familias desalojadas por su nuevo alquiler social, solo dice que se facilitarán: “contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.”

Quién gestionará el alquiler social

Tampoco queda claro cómo se gestionará el parque de viviendas en alquiler social, si los bancos cederán los pisos al Estado y éste los gestionará o serán los bancos los encargados de hacerlo …

Cuántas viviendas en alquiler social habrán

Tampoco se sabe cuántas viviendas se dedicarán a este alquiler social, ¿todas las que sean necesarias para cubrir las necesidades de las familias desalojadas que cumplan los requisitos? ¿en su propio lugar de residencia? … El Real Decreto Ley solo dice: “este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas”

O sea, que todavía quedan muchos puntos que aclarar, cuantificar o especificar, pero ¿cuándo se hará?

Otros ya se han puesto manos a la obra

Mientras el Fondo Social de Viviendas del Real Decreto Ley toma forma y se concreta en una oferta real, ya hay otros que se se han puesto manos a la obra. En la provincia de Barcelona, hay una entidad financiera que ha prometido ofrecer pisos en la provincia de Barcelona a Cáritas para dedicarlos a alquiler social de familias que no pueden acceder al mercado libre por motivos económicos.

Los inmuebles están situados en las localidades de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Terrassa y Sabadell, y se pueden ir incorporando más pisos en el futuro. Cuentan con una superficie de entre 40 y 70 metros cuadrados y una renta de unos 170 euros mensuales de media, en función de la localidad y tipología.

Y hay más casos que conocemos:

Madrid – Rebajará el alquiler a más de 4.000 familias que viven en pisos protegidos  
Son 4.472 las familias adjudicatarias de pisos protegidos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid las que disfrutarán de una rebaja en su alquiler. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ha destinado un nuevo gasto de 922.665 euros para llevar a cabo este proyecto.

Comunidad Valenciana – 1.200 casas para familias desahuciadas  
Serán unas 1.200 casas las que la Generalitat Valenciana pondrá a disposición de familias desahuciadas. Así lo ha anunciado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. Se hará a través de su Programa Alquila Plus que está dirigido especialmente a las familias que han perdido su vivienda.

Barcelona – También quiere alquiler social de pisos embargados  
El Ayuntamiento de Barcelona inició negociaciones con La Caixa y CatalunyaCaixa la cesión de 107 pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias y poder ofrecerlos en alquiler social, es decir, cobrar un alquiler asequible por las viviendas.

Badalona – Ofrece alquiler social de pisos embargados  
Ya son más de 1.500 personas las que se han apuntado para acceder a un piso embargado que el Ayuntamiento de Badalona ahora ofrece con un alquiler social que va de 140 a 220 euros al mes. Este proyecto es fruto de un acuerdo del consistorio con CatalunyaCaixa y en menos de quince días se han cerrado ya las inscripciones para acceder a una de las 43 viviendas ofertadas.

Aunque también conocemos otros casos donde el dinero para ayudas al alquiler escasea (Gijón  ) o donde la solidaridad ciudadana triunfa (l’Hospitalet de l’Infant  ).