MUCHASCASAS.NET.-De
Guindos concreta los requisitos de vulnerabilidad para acceder al Fondo de
Vivienda para los más desfavorecidos El ministro de Economía, Luis de Guindos,
anunció ayer que las familias que accedan a un alquiler del Fondo Social de
Vivienda (FSV) deberán cumplir los requisitos de vulnerabilidad fijados en el
decreto antidesahucios y haber sido desalojadas de su residencia después del 1
de enero de 2008.
Asimismo, los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el Iprem (unos 19.000 euros anuales) y no poseer vivienda en propiedad, indicó De Guindos en el Senado.
El Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no hayan aportado a la Sareb (la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca) que deberán estar "en condiciones adecuadas de habitabilidad", indicó De Guindos.
Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del FSV aquellas con un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según explicó ministro.
El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados.
Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al FSV a partir de 2008, año en el que comenzó la crisis, para acceder a un alquiler del FSV habrá que cumplir alguno de los criterios de vulnerabilidad fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años.
Esa norma acota los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y también algunos supuestos de violencia de género.
También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
El Congreso de los Diputados rechazó ayer la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado 25 de octubre contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia con 175 votos en contra y 141 favorables.
Asimismo, los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el Iprem (unos 19.000 euros anuales) y no poseer vivienda en propiedad, indicó De Guindos en el Senado.
El Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no hayan aportado a la Sareb (la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca) que deberán estar "en condiciones adecuadas de habitabilidad", indicó De Guindos.
Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del FSV aquellas con un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según explicó ministro.
El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados.
Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al FSV a partir de 2008, año en el que comenzó la crisis, para acceder a un alquiler del FSV habrá que cumplir alguno de los criterios de vulnerabilidad fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años.
Esa norma acota los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y también algunos supuestos de violencia de género.
También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.
El Congreso de los Diputados rechazó ayer la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado 25 de octubre contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia con 175 votos en contra y 141 favorables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario