El Supremo ordena demoler una vivienda

Fue construida en 2005 en suelo no urbanizable de especial protección alegando que era una granja

MUCHASCASAS.NET.- REDACCIÓN.-.- Almería, LUBRÍN El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la orden de demolición dictada sobre una vivienda que se construyó en Lubrín con una licencia ilegal concedida por el exalcalde del PSOE Juan López Camacho y sobre suelo no urbanizable de especial protección, y ha ratificado la pena de seis meses de prisión impuesta a su propietaria, así como la nulidad. La sentencia del Alto Tribunal, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso de casación interpuesto por I.M.R.R. contra el fallo de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que la condenó por un delito contra la ordenación de territorio y le obliga a pagar el coste del derribo, que cuantifica en casi 12.000 euros, junto a la directora técnica de la obra.

En el mismo procedimiento, y con anterioridad al acto de juicio, el exregidor aceptó penas de 20 meses de prisión y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar en 2005 la construcción de esta vivienda y falsear un documento público para certificar de manera "mendaz" que la edificación tenía licencia de primera ocupación.

López Camacho mostró conformidad con la calificación del fiscal después de que modificase su escrito de acusación por el que interesaba inicialmente un total de cuatro años de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Rebajó a ocho meses de prisión la pena por el delito de prevaricación por el que solicitaba un año de cárcel y a doce meses de prisión la pena por falsedad al estimar que la expedición del citado certificado excedía de sus competencias como regidor por ser exclusiva del secretario municipal y que no cometió el delito en su condición de cargo público.

Otra de las acusadas en el procedimiento, M.B.C.L., directora técnica de la obra y que tendrá que sufragar también los gastos de derribo, también mostró conformidad aunque, en este caso, con la calificación provisional de la Fiscalía y aceptó penas de seis meses de prisión y seis meses de inhabilitación para empleo u oficio relacionado con la construcción por un delito contra la ordenación del territorio.