Dación en pago y posibilidad de conservar la vivienda, ejes de la iniciativa popular

MUCHASCASAS.NET.-El inesperado respaldo de última hora del Partido Popular permitirá finalmente la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la paralización de los desahucios y la aprobación de la dación en pago promovida por la Plataforma de Afectados por Hipotecas, sindicatos y otras entidades sociales, y que entró en el Congreso con el respaldo de millón y medio de firmas. La iniciativa pretende poner de manifiesto el desequilibrio en favor de los derechos de las entidades financieras que existe en la normativa actual sobre los desahucios y plantea cuatro cambios legales esenciales para defender el derecho constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna. Son éstos:

• Stop a los desahucios. La ILP plantea la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para impedir el lanzamiento de inmuebles, en los casos de ejecución hipotecaria, cuando se trate de la vivienda habitual del deudor y el impago se deba a causas ajenas a su voluntad.

• Alquiler social. En estos casos, la iniciativa popular plantea un mecanismo de protección mutua para equilibrar los intereses de la entidad financiera que quiere ejecutar el bien y el deudor que no quiere quedarse sin su casa.

La ILP propone el reconocimiento del derecho del deudor ejecutado a continuar residiendo en su vivienda por un periodo de cinco años desde la fecha de la ejecución en régimen de arrendamiento y abonando una renta mensual a la entidad financiera, que, eso sí, no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales de los arrendatarios.

• Instauración de la dación de pago como fórmula preferente para la resolución de los problemas de impago en materia hipotecaria.

Según la redacción que propone la ILP, en el caso de la vivienda habitual, la entrega por parte del deudor del bien a la entidad financiera bastaría para considerar liquidado el pago de la deuda, extinguiéndose junto a la misma tanto los intereses asociados como las costas, así como cualquier fianza o aval que se hubiera percibido.
Según la regulación actual, la entidad bancaria puede adjudicarse la vivienda por sólo el 50% del valor de tasación, exigiéndose a la familia el monto restante, incluidos los intereses generados y los gastos asociados al procedimiento judicial.

• Aplicación retroactiva del nuevo régimen. Finalmente, los promotores de la ILP pretenden la aplicación con carácter retroactivo de la nueva normativa que se derivaría de las medidas presentadas.

En los casos en que ya se hubiera subastado el bien ejecutado, la nueva norma establecería la no procedencia de la ejecución dineraria y, si ésta se hubiera iniciado, las autoridades judiciales deberían darla automáticamente por finalizada.

La dación en pago recibe el respaldo del Congreso

El Congreso ha dado su respaldo a la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular para la regulación de la dación en pago. Una fórmula consistente en saldar la deuda con la entrega de la casa hipotecada que puede aliviar la situación de muchas familias pero que, sin embargo, es compleja y no está exenta de contraindicaciones.
El respaldo mayoritario del Pleno de la Cámara Baja se produce después de que el Partido Popular decidiese cambiar el sentido previsto de su voto y apoyar la tramitación de la iniciativa, que contaba con el respaldo de la firma de más de 1,4 millones de ciudadanos. La iniciativa ha sido promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para regular la dación en pago e intentar poner coto al drama de los desahucios.
La dación en pago, fórmula consistente en saldar la deuda con la entrega de la casa financiada, permitiría pasar página a aquellas personas que no pueden afrontar sus obligaciones de pago, pero no es una vía fácil de articular, ni un tema exento de controversia y contraindicaciones. Estos son, sobre el papel, algunos de sus pros y sus contras.
Pros:

• Según la Abogacía Española, el respaldo legislativo a estas iniciativas permitiría encauzar un número mayor de acuerdos entre ciudadanos y entidades bancarias, en los que tendrían mayor cabida las renegociaciones de las deudas y de las condiciones contractuales pactadas en su día.
• La propia Abogacía apuesta por que “de esta forma, se reducirá notablemente el número de desahucios y mejorará el problema de la vivienda en general, a la vez que se conseguirá una gran reducción de costes sociales y judiciales“.
• Algunos expertos destacan que la dación en pago, restringida a las economías domésticas más golpeadas por la crisis, puede ayudar a prevenir la especulación y mejorar la transparencia del sector.

Contras:

• Las garantías jurídicas que ofrece el actual sistema español han permitido ofrecer hasta ahora unas condiciones crediticias más ventajosas. La consecuencia más inmediata de una mayor asunción de riesgo sería un encarecimiento de las hipotecas (intereses más altos) y un endurecimiento de sus condiciones. Es decir, podría conducir a una restricción aún mayor del crédito.
• Algunos expertos, como la Fundación de Estudios Financieros (FEF), han advertido de que la dación en pago puede tener “efectos dañinos” sobre la cultura de pago y provocar la aparición de agentes que, “aun siendo solventes”, se deshagan de la deuda endosando a la entidad financiera la bajada del precio de la vivienda.
• Asimismo, los expertos ponen el acento en que las eventuales reformas legislativas no deberían aplicarse nunca con carácter retroactivo, ya que supondría cambiar las reglas de juego en mitad del partido, con la inseguridad que ello representaría.
• Tampoco hay que olvidar que el sistema financiero español se está saneando y recapitalizando con fondos europeos. Cualquier cambio que pueda afectar a sus activos y balances, como una reforma de la ley hipotecaria y, en concreto, la fórmula de la dación en pago, debería pasar el filtro de los socios comunitarios.

Las soluciones no son fáciles, pero la magnitud de la tragedia, que cinco años de profunda crisis y unos niveles históricos de paro han acentuado, han hecho que la clase dirigente sea consciente de la urgente necesidad de buscar respuestas.
De ahí el anuncio efectuado por el ministro De Guindos hace menos de dos semanas proponiendo medidas concretas, como la limitación a 30 años del plazo máximo de las hipotecas o la propia dación en pago en determinados supuestos, como punto de partida para un gran acuerdo parlamentario que la sociedad reclama cada día con más fuerza.